La Justicia porteña emitió, en menos de una semana, dos resoluciones que frenan emprendimientos inmobiliarios que habían sido autorizados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). En el primer caso, la Justicia suspendió la demolición de la ex Fábrica Barthel, un conjunto edilicio de un siglo de historia y con protección patrimonial del barrio de Coghlan en el que se proyecta un complejo de edificios de departamentos. En el barrio de Belgrano, en tanto, la Justicia también frenó la construcción de un edificio de cinco pisos al considerar que el permiso de obra fue otorgado de forma ilegal por el GCBA, ya que excedía la altura permitida por normativa.
La ex mueblería Barthel está ubicada en Capitán General Ramón Freire al 3035 y este año cumple un siglo desde su construcción. Es un conjunto edilicio con galerías, patios, techos a dos aguas y sectores de dos plantas, en el que en su momento funcionaron las oficinas, habitaciones y talleres de la fábrica de muebles que incluía secciones de carpintería, lustres y tapicería, y que hacia el fondo da a la calle Zapiola. Ese conjunto fue catalogado con “nivel de protección estructural” en el año 2014, a través de la Ley N° 5.117 aprobada por la Legislatura porteña.
El problema surgió cuando, en abril de este año, el GCBA emitió una disposición para el predio en cuestión que autorizaba a demoler la mayor parte del conjunto edilicio, dejando en pie las fachadas, y a construir allí un nuevo emprendimiento de edificios de hasta cuatro pisos que aumentaba en un 250 por ciento la capacidad constructiva del lugar. Por esta razón, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Asociación Civil Amigxs de La Estación Coghlan fueron a la Justicia con una acción de amparo para intentar frenar la demolición y ahora obtuvieron un primer fallo favorable.
Fue el juez Roberto Andrés Gallardo, titular del Juzgado N° 2 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, quien decidió “ordenar precautelarmente la inmediata clausura y suspensión de la obra“. En la misma resolución emitida el jueves pasado, Gallardo intimó al GCBA a que en el término de cinco días presente los antecedentes administrativos de la disposición de la Dirección General de Interpretación Urbanísticaque que autorizó la obra y fijó fecha para una constatación presencial de la Justicia en el lugar para conocer cómo se encuentra el conjunto edilicio.
Aunque señaló que todavía no están dadas las condiciones para tomar una decisión de fondo sobre el conflicto, el juez sí ratificó que el edificio tiene protección patrimonial por ley y advirtió que “los hechos denunciados revisten suma gravedad y
urgencia, en tanto las obras están aprobadas y ejecutándose”. El inicio de la demolición, de hecho, estaba fijado para el pasado 31 de octubre, nueve días antes del fallo de Gallardo. En este sentido sostuvo que “es indispensable
la adopción de una medida urgente por parte del Tribunal a efectos de evitar que se
produzca un daño irreparable”.
“La mueblería Barthel es un conjunto de gran valor. Además de los aspectos arquitectónico, urbanístico y paisajístico, está instalada como un hito simbólico en la memoria de varias generaciones de vecinos“, sostuvo tras conocer el fallo la arquitecta Dora Young, integrante de Amigxs de La Estación Coghlan. La profesional, que elaboró un dictamen para la causa judicial, aseguró que obras como la que se proyecta en el lugar tienen un “impacto negativo” que “no se limita lo estético, arquitectónico o paisajístico, cada emprendimiento inmobiliario impacta sobre las redes de servicios, que no están en condiciones de abastecerlos”.
Desde el ODC, en tanto, el abogado Jonatan Baldiviezo precisó que la demolición hubiera implicado la pérdida “del 86 por ciento de la ex fábrica Barthel” y subrayó que fue autorizada por el gobierno porteño “sin pasar siquiera por la Legislatura“. “Afortunadamente, en este último caso la Justicia sostuvo que el patrimonio no se toca“, celebró. Además de esas dos organizaciones, el amparo fue acompañado por el Movimiento la Ciudad Somos Quienes La Habitamos, el Centro Murga Los Magos de Saavedra, Asociación Vecinal Loma de Saavedra, y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.
Días después del fallo de Gallardo, el Juez Darío Reynoso, a cargo del Juzgado N° 24 porteño emitió una nueva resolución que frenó otra obra autorizada por el GCBA. Se trata de la construcción de un edificio de cinco pisos en la esquina de avenida De Los Incas y Carlos E. Zuberbühler, a tres cuadras de la estación Belgrano R del tren Mitre y en el límite con Colegiales. En esa esquina funcionaba una estación de servicio que ya fue demolida por la desarrolladora inmobiliaria que adquirió el terreno. En este caso, el juez directamente declaró la ilegalidad del permiso de obra otorgado por el gobierno ante la acción de amparo ambiental presentada por la Sociedad de Fomento de Belgrano R.
Según explicó el magistrado en el fallo, ese permiso fue otorgado para una altura constructiva que excede lo permitido por el ex Código de Planeamiento Urbano (CPU) y actual Código Urbanístico (CUR) para el Distrito U28 que comprende a esa zona del barrio de Belgrano. En efecto, la estación de servicio ya violaba el límite de 11,8 metros fijado por el Código, y el juez encontró que el permiso de obra para el nuevo edificio fue otorgado para la misma altura que la antigua estación: 14,9 metros.
La empresa había alegado en la causa que su edificio venía a “reemplazar” el anterior, por lo que estaba justificado que tuviera la misma altura. El juez entendió, sin embargo, que “no se trata de una obra que sustituye un edificio existente“, sino que “lo aprobado responde a una obra nueva, por lo que se encuadra dentro del supuesto previsto por el CPU”. Reynoso también sostuvo en su fallo que “de manera previa a proceder a la aprobación del proyecto, se debió dar intervención al Consejo del Plan Urbano Ambiental y al Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 13, extremo que no fue cumplido”.