Solo en diciembre, luego de la devaluación y el fuerte aumento en los precios, el salario mínimo se redujo en 14,8 por ciento en un solo mes. Quedó así en un valor que resulta 25,9 por ciento más bajo que al inicio de la gestión de Alberto Fernández en diciembre de 2019, y 42,9 por ciento más bajo que el del mismo mes de 2015. Nominalmente debería ubicarse en los 272.891 pesos en vez de los 156.000 actuales para mantener el poder adquisitivo de diciembre de 2015.
Así lo advierte un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), que asegura que “el salto en el nivel inflacionario a partir de la devaluación del mes de diciembre ha pulverizado el
poder adquisitivo de los salarios en general. Para cualquier persona asalariada cuya remuneración
no se haya incrementado en diciembre, el aumento del IPC del 25,5 por ciento de ese mes implica una
pérdida de poder de compra del 20,3 por ciento”.
Dado que el incremento de precios ha venido siendo más alto para los alimentos que para el resto
de los bienes y servicios y que esta tendencia se agudizó en el último mes de diciembre, la
pérdida de poder de compra del salario mínimo resulta mayor cuando se contabiliza exclusivamente en alimentos: -36,8 por ciento respecto de diciembre de 2019 y -50,7 por ciento (más de la mitad) respecto
del mismo mes de 2015.
Los bajos valores del salario mínimo implican que no alcance siquiera para la adquisición de la
canasta básica alimentaria correspondiente a una “familia tipo”. El costo de esa canasta, que
define el límite de la indigencia, fue 240.679 pesos en diciembre; es decir que los 156.000 pesos del salario
mínimo sólo cubrieron el 64,8 por ciento de la misma. En relación con la canasta básica total, que define la línea de pobreza y fue de 495.798 pesos en ese
mismo mes, el salario mínimo no alcanzó siquiera un tercio de su valor.
Aumentos suspendidos
A pesar de lo comprometida de la situación y de lo comprometido en declaraciones públicas, el gobierno aún no le puso fecha a la convocatoria del Consejo del Salario para acordar un nuevo aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). “Es muy difícil conseguir un consenso en el marco del paro general”, aseguraron fuentes de Trabajo a PáginaI12.
La convocatoria al Consejo del Salario fue una de las primeras definiciones de la cartera de Trabajo en el gobierno entrante. El secretario de Trabajo de la Nación, Omar Yasín, había confirmado en una entrevista gráfica que había que aumentarlo “desde enero en un porcentaje bastante considerable. Vamos a ver lo que piden las partes”. La primera fecha era a principios de enero, la segunda entre el 20 y el 30. “Ahora no hay fecha”, responden a la consulta de este diario y, ante la pregunta acerca de cuánto influye en a decisión el paro general que convoca la CGT para el miércoles 24, agregan que”es muy difícil conseguir un consenso en ese marco. Hay que calmar los ánimos”.
Se trata de una paritaria más compleja que la normal porque tiene 32 miembros, y el Estado interviene en caso de que no haya acuerdo. Al encuentro asisten normalmente los representantes de las tres centrales obreras CGT y las dos CTA y de los principales gremios nacionales tanto de estatales como del sector privado. Participan también dirigentes empresarios de entidades como la Unión Industrial Argentina (UIA) o de la Sociedad Rural.
Impacto
De acuerdo a su definición formal, el Salario Mínimo es el punto de partida del monto que debería percibir cualquier trabajador de más de 18 años por su trabajo y debe asegurarle una “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, recreación y vacaciones”. Además de lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo, fue una herramienta utilizada por el gobierno de Néstor Kirchner para empujar hacia arriba la dinámica salarial (sobre todo de los salarios más bajos).
Durante los 90, el Salario Mínimo se estableció en un monto fijo de alrededor del 25 por ciento del promedio de los salarios en general, por lo que no servía como referencia para negociar. A partir de 2004, el gobierno de Néstor Kirchner rompió esta lógica y se lo apropió como herramienta para impulsar al alza la negociación salarial. En efecto, en 2004, el salario mínimo pasó a representar entre el 40 y el 45 por ciento del promedio de los salarios cobrados en la economía.
Hoy, apenas el 5 por ciento de los trabajadores asalariados registrados -excluyendo los del servicio doméstico, sector agropecuario y público- cobran menos que el SMVM. Con esta pérdida el impacto directo de ese salario sobre los trabajadores registrados es casi nulo, ya que los básicos iniciales de cada convenio se encuentran por encima de este monto, salvo para algunos sectores como las trabajadoras de casas particulares que, de todos modos, cuentan con un estatuto distinto a la Ley de Contrato de Trabajo por lo que el SMVM no sirve como garantía al momento de negociar.
La cifra, en cambio, impacta más para los asalariados no registrados- el 36, 8 por ciento cobra menos que el SMVM, guarismo que aumenta a 69,5 por ciento si se hace doble click en las empleadas de casas particulares-. Para los trabajadores informales, el salario mínimo impacta indirectamente, ya que establece un piso de remuneraciones como referencia para ese sector del mercado laboral.
El verdadero impacto de la cifra afecta directamente a algunos Programas Sociales. El más importante es Potenciar Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social: más de un millón mil personas cobran un 50 por ciento del salario mínimo. Sin embargo, esta relación directa también está en duda. Yasin señaló que se está estudiando “reformular el Potenciar Trabajo desenganchado del Salario mínimo y vital”, que determina su monto, y con la posibilidad de que “cambie incluso el nombre del Programa”.