En el marco del alerta mundial por el conflicto en Medio Oriente, donde las autoridades palestinas contabilizan más de 4.000 víctimas de bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, un ciudadano iraquí de 24 años fue detenido el jueves mientras caminaba y hablaba por teléfono frente a la embajada de Israel en el microcentro porteño. La Policía Federal informó que el hombre ya había sido detenido el año pasado en el Aeropuerto de Ezeiza, cuando pretendía salir del país con un pasaporte falso, aunque según su declaración inicial sería un perseguido político que gestiona el estatus de refugiado en la Argentina. La investigación del caso tramita bajo secreto de sumario en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y del fiscal Guillermo Marijuan. El juez Ariel Lijo, por su parte, rechazó la excarcelación de un joven de 18 años detenido el miércoles en Don Torcuato, acusado de enviar amenazas de bomba por correo electrónico a varias embajadas.
Tanto la Policía Federal como su par de la Ciudad de Buenos Aires “reforzaron la seguridad en sedes diplomáticas, templos, colegios y otras instituciones vinculadas a la comunidad judía”, informó la fuerza federal en un comunicado. En ese contexto, dos días después de una falsa amenaza que obligó a evacuar la embajada israelí –ubicada en Avenida de Mayo al 700–, el jueves poco antes de las seis de la tarde agentes de la policía porteña alertaron a los federales sobre la actitud “sospechosa” de un hombre que caminaba y hablaba por celular en un idioma extraño al paladar policial.
Cuando lo interceptaron para identificarlo, en el marco de un “procedimiento preventivo” según la Federal, el hombre dijo que no contaba con sus documentos. Añadió que era un perseguido político, que estaba tramitando el estatus de refugiado junto al resto de su familia y que en ese momento estaba buscando una casa de cambio para comprar divisas. Alrededor de las 19 se montó un fuerte operativo de seguridad que contó con personal de la División Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal y de Interpol, entre otras. En paralelo se pidió autorización judicial para trasladarlo a una comisaría a fin de identificarlo, en el marco de la ley 23.950 sobre “averiguación de antecedentes”, informó la Federal.
En las pesquisas posteriores se determinó que se trata de Masood Yousif Simo Faeedi, de 24 años, quien cuenta con pasaporte iraquí y documento nacional argentino. Según las pesquisas policiales difundidas por la agencia Télam, el hombre había sido detenido en agosto de 2022 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando pretendía salir del país con un pasaporte falso. Por ese motivo tendría una causa abierta en la Justicia Federal de Lomas de Zamora. La jueza Capuchetti y el fiscal Marijuan ordenaron el secreto de sumario en la investigación para evitar que se sigan filtrando datos.
Preventiva por amenazas
A pedido del fiscal federal Carlos Rívolo, el juez Ariel Lijo le negó ayer la excarcelación al joven de 18 años detenido el miércoles en la localidad bonaerense de Don Torcuato, investigado por el envío de correos electrónico con amenazas de bombas a las embajadas de Estados Unidos, Irán, Emiratos Árabes, Canadá e Israel, y a la delegación de la Unión Europea en la Argentina. Lijo ponderó que existen riesgos de que entorpezca la investigación en caso de recuperar la libertad.
La detención se realizó luego de que expertos informáticos y detectives de la Policía Federal descubrieran que desde su domicilio en el partido de Tigre habían partido los mensajes intimidatorios. Fuentes de la investigación explicaron que se llegó al acusado tras lograr detectar que el IP dinámico (un código de identificación única) del dispositivo del que se habían mandado los primeros mails estaba asociado a su cuenta de Instagram. El jueves, al ser indagado, el joven negó haber sido el autor de las amenazas y sostuvo que en alguna oportunidad su cuenta de Facebook había sido hackeada.
Lijo ordenó que siga detenido mientras se
realizan los informes técnicos sobre las computadoras y celulares secuestrados
durante el allanamiento a su casa. “No se trata en modo alguno de anticiparle una sanción
al imputado, lo que desnaturalizaría al instituto jurídico, sino del efectivo
cumplimiento de una medida provisoria que pretende resguardar el normal avance
de la investigación y asegurar su efectiva presencia durante el proceso que se
sigue en su contra”, escribió.