El secretario Ejecutivo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), Alan Iud, destacó que los relevamientos del organismo evidencian que “con los trabajos constantes y la capacitación” hay “mejoras en los resultados” sobre la implementación de protocolos para prevenir y evitar las prácticas de tortura, malos tratos y penas crueles en las personas en situación de encierro, al participar de jornadas sobre esa temática en Córdoba.
Iud participó de las “Jornadas de capacitación para la implementación efectiva del Protocolo de Estambul y Protocolo de Minnesota’, que se realizaron el lunes y martes últimos en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y que tuvo como objetivo la capacitación operadores judiciales en la implementación de dos protocolos avalados por Naciones Unidas (UN), se informó este miércoles.
Se trata del Equipo de Argentino de Antropología Forense (EAAF), Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (Oacnudh), Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) que articula el Protocolo de Estambul sobre la “Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, y el Protocolo de Minnesota que recomienda la ‘investigación de muertes potencialmente ilícitas’ de la comunidad en situación de encierro.
El CNPT es un organismo público creado en 2013, dependiente del Congreso Nacional donde comenzó a funcionar en 2017, y que tiene como misión el monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situaciones de encierro, además de diseñar y recomendar acciones políticas para la prevención de la tortura en dependencias nacionales, provinciales y municipales, explicó el funcionario a Télam.
Asimismo detalló que las decisiones del CNPT “no son vinculantes porque no tiene fuerza de un tratado internacional, pero sí son recomendaciones que se tienen que respetar adecuando legislaciones”, y que en algunos casos los dos protocolos tienen puntos especificados en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo tanto “tienen un status jurídico importante.
Iud sostuvo que tanto el protocolo de Estambul como el de Minnesota “pretenden que en caso de muertes de personas que estén bajo custodia del Estado (en las cárceles) se investigue como potencialmente ilícita por eventuales malos tratos o torturas, y si no tienen responsabilidades hay que esclarecerlo”.
En las jornadas de capacitación participaron, entre otros, el Relator de Ejecución Extrajudiciales de Naciones Unidas, Morris Tidball – Binz y Luis Fondebrider que es uno de los fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), también jueces, fiscales, forenses, entre otros funcionarios de las áreas de derechos humanos y del Poder Judicial.
“Argentina cuenta con una buena tradición en su servicio forense, buenos recursos humanos con lo cual trabajar”, destacó y dijo que lo que actualmente se trabaja es en “mejorar con las experiencias de otros países y seguir avanzando en las capacitaciones, que es lo que estamos haciendo ahora en Córdoba”.
Entre los principales puntos de las conclusiones de las jornadas, se destacan la necesidad de fortalecer y jerarquizar los servicios forenses en Argentina, con alcance federal, interdisciplinario e independiente y promover el intercambio constante con operadores judiciales y del sistema nacional de prevención de la tortura, así como prever mecanismos adecuadas para informar a las víctimas y sus familiares.
Además, impulsar la conformación de un Consejo Federal de Ciencias Forenses de acuerdo a lo recomendado al Estado por el Relator Especial de Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias y arbitrarias de Naciones Unidas.
📄Te presentamos las conclusiones de las Jornadas de capacitación para la implementación efectiva del Protocolo de Estambul y de Minnesota realizadas en @unc_cordoba los días 9 y 10 de octubre, organizadas por el CNPT, @ONU_derechos, @eaafoficial, @MPFCordoba y la @unc_cordoba. pic.twitter.com/e7DPTalpvu
— Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (@CNPTArgentina) October 11, 2023
También se instó a recordar que las muertes bajo custodia del Estado “implican una inversión de la carga de la prueba sobre la responsabilidad estatal y que, en los casos de tortura, la falta de secuelas físicas no autorizan por sí solas a cancelar una investigación judicial, pues no acreditan que el hecho no existió”, por lo tanto se debe continuar el proceso penal.
En otro de los puntos de las conclusiones recomiendan garantizar medidas de protección para las víctimas y testigos, al igual que reconocer y reparar a las víctimas de tortura y muertes bajo custodia, aún si no es posible determinar la identidad o responsabilidad penal de los autores.
Instan, además, a “mejorar los estándares básicos de investigación, como se observó en los casos prácticos” y “abordar las cuestiones de calificación, prueba básica y credibilidad de la víctima siguiendo los estándares internacionales”.