Una gobernanza adecuada de la información y los datos estatales, con un intercambio fluido entre las diferentes áreas de la Administración Pública Nacional y entre ésta y las provincias y municipios, redundaría en importantes beneficios económicos y fiscales, que en el orden internacional fueron estimados por el Foro Económico Mundial en aproximadamente el 1,5% del PBI.
Los avances alcanzados en ese aspecto tienen aún varios obstáculos que superar, tanto en algunas normas y protocolos de diferentes áreas como en cierta renuencia de funcionarios y niveles de la administración por compartir la información y coordinar los datos de una manera homogénea, para facilitar su acceso tanto para la toma de decisiones públicas como para su uso por parte de la sociedad civil.
Ante esa situación, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y la organización civil Fundar dieron a conocer un “manifiesto”, en el que instan a “impulsar un diálogo sobre cómo optimizar el uso de datos en la administración pública”, para que la discusión “no sea un tema de ‘nicho'”.
Así lo indicó a Télam Mauro Solano, director del área de Estado y Gobierno del Cippec, quien señaló que en las discusiones públicas “no se suele hablar de la gobernanza de datos estatales, está fuera de la campaña, pero es básica para muchas cuestiones como la eficiencia y la calidad de las políticas públicas.
“La gobernanza de datos es aquello que no se ve, pero es fundamental para alcanzar todo lo demás”, resaltó, al tiempo que puso como ejemplo el programa “Compre sin IVA” recientemente implementado: “que haya sistemas que permitan hacer esa devolución y la asignación en cuentas de millones de personas, demuestra que el Estado tiene la información y accede a ella”.
En un país como la Argentina con una organización federal, el uso de la información implica un intercambio entre jurisdicciones, pero, a su vez, la necesidad de procesar correctamente esos datos para poder universalizar su utilización.
Para esos desafíos, en el ámbito nacional existe la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) y en el orden interjurisdiccional los consejos federales de la Función Pública (Cofefup) y para la Transparencia.
Cippec y Fundar pusieron de relieve que “durante los últimos años, el Estado Nacional ha avanzado en el proceso de digitalización y automatización de trámites, y también de sus procesos internos”, además de haberse consolidado “una agenda en materia de protección de datos personales, acceso a la información pública y políticas de gobierno abierto”.
La renuencia de algunos niveles administrativos a compartir datos es, según Solano, “uno de los ejes del diagnóstico” de Cippec y Fundar, y remarcó al respecto que “el dato es un activo, no es propiedad de un área ni de un funcionario”.
Solano rescató, además, los progresos en los Estados provinciales y que “Chaco y Neuquén están trabajando muy bien en ese aspecto”, aunque, tanto en la Nación como en las provincias, remarcó el escollo que representa el empleo de tecnologías e infraestructuras que no siempre son fácilmente compatibles.
Precisamente, los beneficios económicos para las empresas y la población, así como el ahorro fiscal para el Estado, es otra de las facetas destacables del intercambio de datos del sector público en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal), al punto que el Foro Económico Mundial lo estimó en un impacto del 1,5% del PBI.
Solano sintetiza las tareas que debe llevar a cabo un Estado eficiente con los datos de los que dispone con tres acciones: saber, recordar y razonar.
“El Estado eficiente sabe, recuerda y razona; conoce las demandas de la población, eso le permite diseñar políticas basadas en la evidencia y puede utilizar esos datos proactivamente para la provisión de bienes y servicios públicos”, afirmó.
Al respecto, advirtió que “el Estado es uno de los mayores productores y acumuladores de datos, pero los utiliza poco y no tan bien como debiera hacerlo”.
“Se tiene que mejorar la interoperabilidad y para eso tiene que haber una estructura institucional que le permita administrar sus bases de datos”, agregó, para poner como ejemplo lo ocurrido con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), con la irrupción de la pandemia de coronavirus en marzo de 2020, para el que “se estimó que alcanzaría a cuatro millones de hogares, pero al momento de implementarlo se anotaron 13,4 millones y luego del análisis de requisitos quedaron 8,9 millones de beneficiarios”.
Solano reconoció la existencia de “avances” en diferentes organismos de la Administración Nacional, entre los que destacó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), este último, precisamente, dedicado a la elaboración, recopilación y difusión de datos estadísticos.
En ese sentido, destacó que el Indec “es una de las fuentes, pero la gobernanza debería estar en un organismo que debe ser la rectoría, con una mirada transversal, para diseñar la construcción de datos, construir un nuevo marco legal, evitar duplicaciones y mejorar perfiles profesionales”.
Para esa tarea, explicó, se requiere de “una mínima institucionalidad, no necesariamente crear un nuevo organismo; tiene que ser una dependencia que nuclee todas las funciones con vínculos directos con la máxima autoridad, no para que concentre toda la información, sino para que cuente con los estándares necesarios para que el resto pueda utilizar la información de manera eficiente”.