La semana pasada en el Congreso Económico Argentino, escuchamos la propuesta de Javier Milei para solucionar la contaminación de los bienes comunes naturales como el agua: privatizarlos y dejar su gestión en manos del mercado. Según su lógica, si hay intereses privados y una lógica de rentabilidad, entonces una competencia saludable garantizará que las empresas cuiden los ríos. Verdades absolutas que ya hemos escuchado muchas veces en nuestra historia: los privados son más eficientes que el Estado.
Este tipo de concepciones del Estado estuvo resonando mucho en las últimas semanas. Pareciera que de pronto tuviera sentido que los derechos básicos como la salud o la educación pasen a ser gestionados en manos de privados bajo la lógica de la oferta y la demanda. El punto es que los servicios que gestiona el Estado tienen una razón de ser: son derechos básicos esenciales cuyo funcionamiento no puede depender de si el negocio es o no rentable. No se puede planificar la oferta de centros de salud según la cantidad de demanda porque de esa forma, por ejemplo, en pueblos de pocos habitantes no habría acceso a la salud porque la demanda sería baja y una clínica no sería rentable.
Si bien parece bastante obvio y evidente cuando hablamos de algo tan básico como el cuidado de la salud y la vida, el consenso es menos claro a la hora de discutir la gestión de los bienes comunes naturales. Está bastante extendida la visión extractivista que ve en la riqueza natural de Argentina únicamente una oportunidad para que los capitales extranjeros se abastezcan de los recursos que no tienen explotando los nuestros, empeorando significativamente la calidad de vida de nuestra población y generando más pobreza y exclusión sin que eso nos redunde en crecimiento, desarrollo y redistribución de la riqueza.
Estamos en un momento bisagra y nuestra propuesta para salir de la crisis y resolver todos los problemas del país no puede ser privatizar todo porque supuestamente así va a funcionar mejor. ¿Vamos a privatizar los ríos, los suelos, las montañas? ¿Mercantilizar el agua potable, hacer que los derechos básicos sean inaccesibles?
Más allá de la fórmula simplista y falaz de Milei, las afirmaciones científicas erróneas y la lectura que va directamente en contra de lo que dice la Constitución, aparece una pregunta crucial: ¿Qué rol va a tomar el Estado a la hora de gestionar los bienes comunes naturales? ¿Qué Argentina estamos planificando para los próximos 50 años? ¿Cómo estamos pensando nuestra matriz socioproductiva?
Alejate de mis acuíferos
Nuestro país tiene condiciones naturales privilegiadas. Tenemos reservas de gas, petróleo, minerales como el litio, glaciares, lagos, ríos, acuíferos, litoral atlántico y humedales que actúan como grandes reservas de agua dulce. Ahora, si miramos las reservas a nivel planeta, menos del 3% del agua es apta para el consumo humano, y un 70% de esta cantidad se encuentra en glaciares e icebergs, funcionando más como una reserva inaccesible que como un recurso disponible. La Argentina tiene un recurso sumamente valioso y escaso a nivel mundial, pero tampoco se puede perder de vista que el 67% del territorio argentino es árido y tan solo un tercio del país cuenta con niveles de humedad más estables. Si hay algo claro, es que el agua no sobra.
Y si nos ponemos a ver números, no sólo notamos que el agua no sobra, si no que definitivamente no sería más eficiente para nuestra población ni para nuestro modelo productivo que la gestione el mercado: el 87% del agua que usamos es consumida entre el campo y las industrias, sólo el 13% por los hogares. Sin agua accesible y democratizada, no solo no hay vida humana o natural posible, sino que tampoco hay producción, industrias, agricultura o ganadería que se puedan sostener. ¿Qué van a hacer los productores agropecuarios cuando el recurso más importante para sostener su producción sea privado y esté a merced de la voluntad de un grupo de personas que solo piensa en sus objetivos lucrativos personales?
Estamos hablando de una amenaza real y directa a los núcleos productivos más importantes de nuestro país. Pensemos en las consecuencias que puede llegar a tener en la producción de materias primas, el desarrollo de las industrias de valor agregado o el abastecimiento de productos de primera necesidad.
Incluso, cuando ponemos atención al modelo más difundido de uso del suelo para actividades agropecuarias vigente en la actualidad, podemos ver parte de “las venas abiertas” que en este caso, sangran por nuestros ríos también. No alcanza a renovarse la reserva natural de fósforo y nitrógeno de nuestros suelos, produciendo un agotamiento, que estamos intentando compensar con fertilizantes. Mientras que las aceiteras transnacionales llenan a reventar los barcos para sacar por el Paraná los pocos nutrientes que le quedan a nuestra tierra. La degradación y desertificación son la antesala perfecta para que, cuando llueve, el agua lave el suelo y entremos en un ciclo vicioso.
En ese contexto, se hace esencial un Estado presente protegiendo los bienes comunes naturales, con perspectiva de salud, desarrollo, soberanía y sostenibilidad en el tiempo. Por el bien común, por el futuro del país, y por estrategia geopolítica, no podemos permitir que se impongan mecanismos del colonialismo para gestionar nuestros bienes, y mucho menos bienes que son esenciales. Ya conocemos la receta, es lo que describió Máximo Kirchner como la flexibilización ambiental: se facilita las inversiones privadas, se explotan los bienes naturales a manos de agentes extranjeros, se llevan las riquezas afuera y los argentinos y argentinas tenemos que sufrir las enormes consecuencias casi sin ningún beneficio.
El mercado no nos va a salvar
Sugerir que las grandes corporaciones se encarguen de gestionar (y comercializar) los bienes, significa transformar lo colectivo y común en meras variables de una ecuación financiera, sin importar las consecuencias que tenga en la calidad ambiental o en la vida de las personas. Estaríamos hablando de un Estado argentino que renuncia a garantizar derechos humanos básicos y elementales como el acceso al agua, a la tierra, a vivir en un ambiente sano.
Los ejemplos que tenemos de las grandes corporaciones gestionando recursos o materias primas, parecen indicar justamente eso. Las grandes corporaciones, cuyas utilidades fluyen hacia sus casas matrices en el Norte Global, son las menos incentivadas para proteger nuestro patrimonio natural. Justamente ese modelo de desarrollo de las economías centrales del norte global, señala un artículo de THE LANCET Planetary Health, es el responsable de más del 90% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Países como Argentina, aportan menos del 1%. Sin embargo es en el Sur Global, los países menos responsables del cambio climático, donde más sufrimos los efectos de la crisis: sequías, inundaciones, tormentas que arrasan con todo. Perjudicando, como siempre, a los sectores más vulnerables.
En el paradigma de la rentabilidad, lo que se pierde es precisamente lo que no puede ser medido en términos monetarios: el valor intrínseco de la naturaleza y la importancia vital de los ecosistemas y los servicios que estos proveen. En esta visión, los bienes comunes y la naturaleza misma se convierten en meros elementos susceptibles de ser valorados y transados en un mercado, y se deja de lado la importancia vital que poseen para el bienestar (o la mera supervivencia) de la población.
Esto es lo que señala el artículo 14 de nuestro Código Civil cuando reconoce que tenemos derechos individuales y colectivos. Hay una libertad y una idea de que “mis derechos terminan donde comienzan los de los demás”, pero también están los derechos de carácter colectivo, que nos garantizan la paz, DDHH y el acceso a un ambiente sano y equilibrado. Siempre, dice el Código, los colectivos tienen preeminencia sobre los individuales, especialmente cuando se afecte al ambiente y los derechos de la población.
Buen Vivir para todo el pueblo argentino
El Ambientalismo Popular plantea un modelo de desarrollo donde la sustentabilidad es condición necesaria para la supervivencia en el tiempo. Y no solo sobrevivir como horizonte: vivir bien como comunidad. Un sistema que cuide la vida y la salud al mismo tiempo que prioriza el crecimiento económico, potencia nuestro sistema de ciencia y tecnología para aportar valor agregado como lo hicieron Néstor y Cristina, busca dar un salto de calidad en nuestro modelo productivo generando más y mejor trabajo.
Con una mirada local, respetuosa de nuestro patrimonio natural esencial para la vida, para las comunidades, para el Buen Vivir. No es con menos Estado que destruya la ciencia y privatice todo, es con un Estado eficiente, abierto, democratizado, participativo, potenciando nuestras capacidades, fomentando nuestro enorme capital humano y natural, generando crecimiento sostenible y redistribuyendo todo.
