La historia de la ley de blanqueo y su corolario en el intento desesperado del entonces presidente Mauricio Macri por incluir a los familiares de funcionarios por decreto tiene al actual candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, como protagonista, desde aquel día de junio de 2016 en que se opuso a la medida. Como el mismo tigrense relató en una entrevista de 2021, la discusión de la iniciativa presentada por el oficialismo en el Congreso fue “un punto de inflexión” en la relación del Frente Renovador con Cambiemos y significó el comienzo de las “descalificaciones personales” por parte del exmandatario.
Fueron varios diputados quienes le advirtieron acerca de las consecuencias que podía acarrear aprobar la ley en los términos que exigía el Ejecutivo. “Ojo con los parientes”, le dijo Felipe Solá, en ese momento vicepresidente de la Cámara Baja; “Ojo que esto es esconder un elefante en una manada de elefantes”, sugirió Axel Kicillof. Con el correr de las horas, comenzarían a llegar las presiones a través de funcionarios del Gobierno macrista y del mismo presidente, que hizo lugar en su visita oficial a Colombia para seguir el curso de los acontecimientos. “Empiezan a venir los ministros y Rogelio (Frigerio) me dice que Mauricio Macri quería hablar conmigo. En la charla había varios. Para mí el tema era pasa, no pasa, no íbamos a ceder. Le dije que ese era nuestro aporte en la discusión de la ley. Y me vuelve a llamar a la noche para que cambie de opinión. Le dije que de ninguna manera. Y a partir de ahí, obviamente, empezó todo un sistema de descalificación personal”, sostuvo Massa.
El entonces presidente estaba en el ojo de la tormenta de los Panamá Papers, que revelaban una lista de titulares de empresas offshore, entre quienes figuraban algunos de sus amigos, familiares y socios que serían beneficiados más tarde por el “sinceramiento fiscal”. Con el pretexto de aumentar la base imponible para solventar las actualizaciones de los haberes jubilatorios y el pago de juicios, el oficialismo presentó la iniciativa que incentivaba la repatriación de capitales no declarados en el exterior, pero no restringía el acceso a los familiares de los funcionarios de gobierno. Ante la negativa del bloque UNA (Unidos por una Nueva Alternativa) que presidía Massa de incorporar a los cónyuges, padres e hijos menores emancipados en el blanqueo y la del Frente para la Victoria que planteaba la exclusión hasta el cuarto grado de afinidad (posición que finalmente no prosperó), Macri resolvió avanzar mediante el decreto 1206/2016, ahora impugnado por la Justicia. Según Massa, la resolución firmada en noviembre de ese año, “viola la ley” original y contradice su espíritu. Más cerca en el tiempo, hace unos pocos días, el ministro de Economía fue consultado por ese episodio y reconoció que su postura tuvo consecuencias: “Desde ese día me hizo la cruz”, aseguró.
Aquel fue un parteaguas en la relación del macrismo con Massa, que había demostrado ser un obstáculo para las pretensiones del líder del Pro. La ley de blanqueo permitía resolver la situación de, entre otros, el empresario Ángelo Calcaterra, primo de Macri que figuraba entre los señalados por la filtración de la firma panameña Mossack Fonseca. También de su propio hermano, Gianfranco, que regularizó 63 millones de dólares de la sociedad offshore BF Corporation ante la Afip. Entre los titulares figuraba además Mariano, el menor de los hermanos Macri, que denunció que su nombre había sido incluido como parte de una maniobra fraudulenta destinada a encubrir un desvío de fondos de Socma, la empresa familiar.
La demanda impulsada por la asociación Ajus La Plata y los dirigentes oficialistas Rodolfo Tailhade, Juliana Di Tullio y Diana Conti, que ahora recibió el aval del juez federal Martín Cormick, no fue la única que se interpuso a la iniciativa de Macri. Al día siguiente de la firma del decreto, Solá se presentó ante la Justicia, pero tiempo después se sumó a la denuncia de Ajus. El excanciller celebró el fallo y aseguró que la ley sancionada por el Ejecutivo de espaldas a lo debatido por el parlamento “fue constitucionalmente un horror”.