El riesgo latente de muerte con la que conviven las mujeres en situación de violencia como consecuencia del maltrato del violento provoca depresión, estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad, además de cefaleas, síndromes de dolor y limitaciones de la movilidad, entre otras patologías detectadas por la Organización Panamericana de la Salud en un informe publicado este año.
El organismo alerta que la mayoría de las sobrevivientes recurren a hospitales y salas sanitarias como primer recurso para pedir ayuda.
Más allá del riesgo de muerte, la violencia -perpetrada por la pareja o por personas que no lo son- puede tener múltiples consecuencias para la salud a corto, mediano y largo plazo, incluyendo problemas físicos, sexuales, reproductivos y psicológicos que afectan a la salud y el bienestar de las mujeres y las niñas” y también “puede provocar traumatismos que requieren atención de urgencia”, es una de la conclusiones del documento.
“Abordar la violencia contra las mujeres en las políticas y los protocolos de salud de la Región de las Américas. Un informe de la situación regional”, es el título de la publicación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Allí también se determina cómo el accionar de los violentos en los cuerpos de las mujeres “se asocia a una serie de consecuencias para la salud mental, como la depresión, los trastornos de ansiedad, incluido el trastorno de estrés postraumático (TEPT), dificultades para dormir, para comer y autolesiones”.
Incluso, identifica en las sobrevivientes “un mayor riesgo de anemia y niveles más bajos de hemoglobina”.
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“Las experiencias de violencia aumentan la probabilidad de que las sobrevivientes adopten comportamientos poco saludables, como el consumo de alcohol y drogas o el tabaquismo, comúnmente asociados a un mayor riesgo de enfermedades no transmisibles”, agrega.
Además, las experiencias de violencia sexual “se asocian a una serie de resultados negativos en materia de salud sexual y reproductiva, como un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual, como el VIH, embarazos no planificados y problemas ginecológicos”.
También, el impacto negativo en las mujeres que sufren violencia se extiende a sus hijas e hijos: “Esto da comienzo en el útero, con la menor asistencia a visitas prenatales por parte de las embarazadas que sufren violencia de pareja en comparación con las que no la sufren, y persiste después del parto con un menor peso entre los hijos de las sobrevivientes, así como una menor probabilidad de que esos niños sean vacunados”, detalle el informe.
“El personal de salud, capacitado para saber cuándo y cómo preguntar sobre la violencia, puede tener una gran incidencia en la vida y la salud de las sobrevivientes al proporcionarles una atención empática, sin prejuicios, oportuna y de calidad adecuada”Documento de la OPS
La OPS resalta que las sobrevivientes de violentos “tienden a utilizar los servicios de salud con mayor frecuencia”, razón por la cual el personal sanitario “está en una situación única para animar a las sobrevivientes a solicitar el tipo de ayuda que satisfaga todas sus necesidades”.
“El personal de salud, capacitado para saber cuándo y cómo preguntar sobre la violencia, puede tener una gran incidencia en la vida y la salud de las sobrevivientes al proporcionarles una atención empática, sin prejuicios, oportuna y de calidad adecuada”, señala la OPS.
Y agrega que las mujeres en situación de violencia “suelen mencionar al personal de salud como el primer contacto profesional al que acudirían en busca de ayuda”.
Si bien la OPS recomienda respetar las decisiones de las víctimas, aconseja al personal de salud a que facilite “derivaciones adecuadas y atentas a la policía, la justicia, la protección, el refugio, el apoyo social y otros servicios”.
Asimismo, brinda datos claves que profesionales del área deben considerar como sospecha de maltratos: traumatismos que se repiten o no tienen una explicación clara; problemas persistentes de salud emocional como estrés, ansiedad o depresión; comportamientos nocivos, como el consumo de alcohol o drogas; pensamientos, planes o actos de autolesión o suicidio (o intento de suicidio); infecciones de transmisión sexual reiteradas; embarazos no deseados; dolor o afecciones crónicas inexplicables y consultas repetidas sin un diagnóstico claro.
Asimismo, considerar si una pareja es invasiva durante las consultas de salud de la mujer; la ausencia en citas médicas y problemas emocionales y de comportamiento en las niñas y niños.
La OPS recomienda que los servicios de atención integral después de una agresión sexual deben incluir: apoyo de primera línea y primeros auxilios psicológicos; anticoncepción de urgencia para las mujeres que acudan a la consulta en un plazo de cinco días (posteriores al hecho); derivación para practicar un aborto seguro si la mujer está embarazada como resultado de una violación, cuando estos servicios estén permitidos por la legislación nacional (tal el caso de Argentina); tratamiento de infecciones de transmisión sexual o profilaxis posterior a la exposición al VIH, y vacunación contra la hepatitis B.
Un elemento fundamental de las políticas y planes “es reconocer los grupos de población en situación de vulnerabilidad” como las mujeres jóvenes de 10 a 24 años, con discapacidad, embarazadas, indígenas, afrodescendientes o pertenecientes a minorías étnicas, que son mencionadas en el informe del organismo internacional.
Argentina es uno de los 30 países que respondieron una encuesta sobre salud y violencia de género que se incluyó en el informe de OPS, país que también incorpora a la población trans en estos grupos vulnerables a través de un protocolo específico publicado en 2020.