El Gobierno nacional reglamentó este viernes la ley de expropiación del local en el que funcionó el boliche República Cromañón. A casi 19 años de la masacre en la que murieron 194 personas, y un año después de la aprobación de la ley en el Congreso, el presidente Alberto Fernández ordenó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que concrete el paso a utilidad pública del inmueble todavía a cargo de Rafael Levy, uno de los condenados por los hechos. La ley y el decreto reglamentario prevén la construcción de un espacio de memoria en el lugar, un reclamo histórico de los sobrevivientes y familiares de los fallecidos.
El decreto fue publicado este viernes en el Boletín Oficial (BO) de la Nación y lleva la firma de Tristán Bauer, ministro de Cultura, de Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, y de Agustín Rossi, jefe de Gabinete, además del presidente. El texto del decreto está compuesto por diez artículos que, en primer lugar, instruyen al Ministerio de Justicia a concretar la expropiación y “efectivizar el inmediato uso” de los inmuebles de Bartolomé Mitre al 3038/78 y de Jean Jaures al 51, ubicados a sólo una cuadra de la estación Once, barrio de Balvanera. La decisión se complementa con la conocida a principios de noviembre, cuando el Ejecutivo otorgó a los inmuebles el carácter de Monumento Histórico Nacional.
“La reglamentación establece el sujeto expropiante, cuál va a ser la autoridad de aplicación, cuáles son sus tareas, y sobre todo que el uso de los inmuebles se tiene que concretar desde ahora. Queríamos que Levy se fuera del lugar y sin la reglamentación eso eran sólo palabras“, destacó a Página 12 Silvia Bignami, integrante de Movimiento Cromañón. Bignami, madre de Julián Rozengardt, uno de los fallecidos en la masacre, sostuvo que “tenemos derecho a estar contentos los cinco minutos que nos toque y al sexto continuaremos luchando“.
La firma del decreto llega más de un año después de que, a fines de octubre del año pasado, el Senado le diera la aprobación final al proyecto de expropiación y creación del espacio impulsado por las organizaciones de familias y sobrevivientes agrupados en una coordinadora por la memoria. Desde entonces reclamaron la reglamentación de la ley para recuperar el espacio, que en 2018 fue devuelto a Levy por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Nº24. El empresario dueño de Cromañón aquel 30 de diciembre de 2004 fue condenado en 2014 a cuatro años y medio de prisión por el delito de “incendio culposo calificado”.
Ahora, el Artículo N°4 del decreto reglamentario delega en la Secretaría de Derechos Humanos la creación de una “comisión a cargo de la administración del espacio dedicado a la memoria”. Esa comisión administradora estará conformada por siete miembros: dos integrantes de la Secretaría, que tendrá a cargo la presidencia, otros dos integrantes del Ministerio de Cultura, uno de ellos de la Comisión Nacional de Monumentos, y tres representantes de las familias y sobrevivientes que saldrán de un consejo con funciones específicas. El decreto establece que la comisión deberá conformarse en el lapso de treinta días corridos desde este viernes.
El reparto de integrantes dentro de la comisión fue el punto cuestionado por las organizaciones, en “desventaja” frente a los miembros del Estado que, a través de la presidencia, tendrán el derecho a la decisión final en caso de empate en las votaciones efectuadas por los otros seis integrantes. “Discutimos mucho para tener un protagonismo mayor en la comisión, creemos que correspondía un reparto de cuatro y cuatro o de cuatro y tres más el derecho a veto, pero no fue así”, advirtió Bignami.
La cuestión toma mayor importancia si se tiene en cuenta que, a partir del 10 de diciembre, la conformación de la comisión recaerá en las autoridades entrantes tras el recambio presidencial. Con Javier Milei y Victoria Villarruel al mando, se abre un panorama que, señalan las organizaciones, aparece “muy complejo para cualquier lucha por los derechos humanos. Más allá de esto, Bignami resaltó que “la lucha va a seguir y esta medida nos protege un poco más que no tener ninguna”.
“Nosotros, que siempre participamos del proceso de expropiación, entendemos que al gobierno que sea hay que interpelarlo. Ahora tenemos la ley reglamentada en mano y tiene pasos estipulados a llevar a cabo: eso es una obligación del Estado de manera independiente de cualquier gobierno“, subrayó la integrante de Movimiento Cromañón. “Vamos a seguir luchando por la memoria de los pibes. Ahora empieza diciembre, que es un mes difícil para nosotros, por eso pedimos el apoyo y el acompañamiento para el próximo 30. Creemos que este diciembre, más que nunca, cualquiera que luche por memoria, verdad y justicia tiene que estar en la calle“, agregó.
Otro de los puntos destacados por las organizaciones es el establecido por el Artículo N°6 que, sin otros organismos en el medio, instruye directamente al Tribunal de Tasaciones de la Nación para que fije ahora mismo el valor de la expropiación. El decreto también determina las facultades y atribuciones del Consejo de las Víctimas y Familiares, que además de elegir a sus representantes en la comisión administradora podrán participar de las decisiones sobre los usos específicos del espacio, del plan de puesta en valor de los inmuebles, y de los contenidos a exponer, del plan de actividades, programas y acciones de difusión, entre otros puntos.