Con un amplio rechazo de estudiantes, docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la UBA, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) presentó en audiencia pública el proyecto para las construcciones dentro de la Reserva Ecológica Costanera Norte – Ciudad Universitaria, que incluyen un local gastronómico. La audiencia se realizó después de que la Justicia frenara cautelarmente las obras, que comenzaron a principios de este año y ya están casi terminadas. La comunidad educativa, que presentó el amparo que derivó en el freno judicial, alertó ahora sobre el “impacto ecológico brutal” de la construcción de locales sobre el área protegida habitada por más de 800 especies.
La estructura está casi terminada. En el centro de la zona de espigones, al borde del Río de la Plata, ya se puede divisar la forma del bar de estructura metálica y vidriada, con un deck hacía el río, cuya construcción comenzó en marzo de este año. Que no se haya terminado por dentro es producto del fallo de la jueza de primera instancia, Andrea Danas, que en octubre hizo lugar al amparo del centro de estudiantes y frenó las obras hasta tanto se presente la documentación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Para eso era necesario que el GCBA, a través de la Agencia de Protección Ambiental, realizara una audiencia pública para presentar el proyecto.
“La Justicia reconoció nuestro reclamo y esa es la razón por la que hoy nos encontramos en esta audiencia discutiendo obras que se vienen desarrollando desde hace meses sin EIA, sin involucramiento de la comunidad y sin tener en cuenta que se trata de una reserva que debe proteger a más de 800 especies. Esto viola la Ley N°123, que establece la audiencia pública como proceso previo al inicio de las obras“, advirtió en este sentido Abril Marcolongo, estudiante de Ciencias Biológicas y presidenta del centro de estudiantes, en la audiencia pública que comenzó el jueves pasado y culminó este miércoles. Se anotaron más de 150 personas y el rechazo fue mayoritario. Sólo en la última jornada expusieron 29 personas y las 29 dijeron estar en contra del proyecto.
La presentación de las obras estuvo a cargo de Oscar Medina, director general de Áreas de Conservación, a cargo de las tres reservas ecológicas de la Ciudad. El funcionario señaló primero que el proyecto integral incluyó entre 2022 y 2023 la construcción del nuevo portal y camino de acceso, del centro de interpretación, de caminos secundarios, sanitarios, áreas verdes con pérgolas y bicisendas. Sólo hizo mención al bar al denominarlo “local gastronómico en Bajo Espigón“, pero no profundizó sobre esa obra. Dijo que los trabajos de infraestructura “buscan acercar la reserva a los vecinos de la ciudad” y destacó que “solo en 2022 la reserva recibió 81 mil visitantes”.
Lo siguió José Stoiser, presidente de Disab Sudamericana, la empresa a cargo de la EIA, que tampoco brindó detalles sobre el local gastronómico. Stoiser coincidió con Medina en que, antes de las obras, la reserva mostraba una “deficiencia y falta de infraestructura de servicios adecuados”. “Las obras vienen a compensar esa falta y propiciar servicios para sus visitantes“, sostuvo e indicó que los trabajos se realizaron dentro del área de la reserva catalogada por el Código Urbanístico (CUR) como Urbanización Parqe (UP), lo que permitiría los usos de las construcciones.
Esa última afirmación fue refutada por buena parte de los expositores que se manifestaron en contra de las obras. Desde la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, Hernán Invernizzi, titular del Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible, subrayó que “el CUR establece que toda la reserva es una unidad que incluye la UP pero como parte de la reserva. No estamos hablando de dos áreas, sino de una unidad legal y ecológica, por lo que no tiene ningún sentido la distinción de criterios“. “Los visitantes necesitan servicios pero un negocio gastronómico es otra cosa“, consideró.
Diana Rubel, docente e investigadora de FCEN en el departamento de Ecología, Genética y Evolución, calificó a la EIA como “improcedente“, no sólo por haber sido presentada meses después del inicio de las obras, sino porque, sostuvo, “habla de ‘impactos positivos de las obras’ sin demostrar en qué consistiría el impacto, la mejor acción de mitigación es no realizar obras innecesarias en un ambienta natural”. La especialista explicó que en la reserva habitan más de 800 especies que viven en un “equilibrio frágil“. “Cualquier tipo de acción no necesaria e impropiamente evaluada va a impactar negativamente sobre esta gran biodiversidad“, advirtió.
Su colega Daniela Prima, bióloga y docente de la UBA, añadió que “una de las responsabilidades de la Dirección Conservación es la protección de la flora y la fauna autóctona, y eso no se logra con la construcción de bares y parques palermitanos, se logra respetando las leyes que están ignorando y el plan de manejo vigente”. Rosana Olivieri, abogada con maestría en bioética y especialista en recursos naturales, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, alertó, en tanto, sobre las “descargas cloacales, de lluvia y la contaminación sonora” que produciría el bar. También sostuvo que el centro de interpretación fue construido “inconsultamente e inadmisiblemente en el borde de la zona intangible”.
Lo mismo refirió Jorgelina Bueno, de la Asamblea Abierta en Defensa de la Reserva, que se constituyó cuando los y las estudiantes se enteraron del avance de las primeras obras. La estudiante de Ciencias Biológicas sostuvo que el centro de interpretación se hizo en una zona en la que no se puede construir y “de espaldas a la comunidad“. Sobre el local gastronómico señaló que conlleva “una privatización del espacio publico pero también un impacto ecológico brutal sobre la reserva“. Implica desplazamiento y muerte de animales como anfibios y yararás, además del desmonte de árboles que han hecho en una zona de bosque”, señaló