Una nueva audiencia en el marco del juicio que se sigue por la investigación de la obra pública se realizará este jueves y está previsto que, durante la jornada, los jueces de la Cámara de Casación Penal comiencen a escuchar a las defensas de los acusados, luego de que los magistrados rechazaran este miércoles las recusaciones planteadas por los abogados de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra un juez y un fiscal.
En tanto, la audiencia se realiza desde las 10 en la sala AMIA de los tribunales federales del barrio porteño de Retiro ante los jueces de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
Este miércoles los jueces de la sala cuarta del tribunal de Casación resolvieron “rechazar in limine los planteos de recusación formulados por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner respecto del señor juez Diego G. Barroetaveña y del señor Fiscal General, Mario A. Villar“, según surge del fallo al que accedió Télam, luego de que la fiscalía reclamó el lunes pasado condenar a 12 años de prisión a la expresidenta.
La resolución lleva la firma de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y el propio Barroetaveña.
La defensa de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había presentado horas antes un escrito de 18 páginas en el que sostuvo que existían “razones objetivas” que “ponen en crisis” la objetividad del fiscal Villar y la imparcialidad del juez Barroetaveña.
Ante ese planteo, la Cámara de Casación respondió: “La circunstancia de haber intervenido en un proceso, en el marco del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales que le imponen al juez el deber de decidir sobre el tema llevado a su conocimiento, así como fue planteada por la defensa, no puede erigirse como causal para el apartamiento del juez, ya que no constituye per se prejuzgamiento”.
la exposición de la defensa
En el marco del debate, para el próximo jueves está prevista la exposición de los abogados de la expresidenta, Beraldi y Llernovoy.
Ambos pedirán revocar la condena a seis años de prisión por “administración fraudulenta agravada” que le impuso el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral por supuestos delitos con la adjudicación del 80 por ciento de la obra pública vial en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez.
El lunes pasado, el fiscal ante Casación Mario Villar reclamó en cambio que se la condene a 12 años de prisión como jefa de asociación ilícita, delito por el cual resultó absuelta en el juicio.
Al fundamentar y mantener la apelación para agravar la condena a la expresidenta, Villar reclamó también que se condene como organizadores de la asociación ilícita al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al empresario Báez y al exsecretario de Obras Públicas José López.
En el caso de De Vido resultó absuelto por todos los delitos en el juicio, mientras que los restantes recibieron condenas por “administración fraudulenta”.