Las elecciones han hecho emerger un fenómeno que ya se había anticipado en términos sociales y económicos: el del trabajador informal de múltiples dimensiones y motivaciones. Es difícil decir hasta qué punto ese “precariado” ha votado a Javier Milei, pero su penetración en algunas esferas del trabajo informal no deja lugar a dudas, en particular en los trabajadores de plataforma. Lo que es seguro es que generó amplios debates al interior de la coalición gobernante por saber si se logra representar y captar las necesidades de ese sector.
La dualidad en el mundo laboral consiste en un polo de trabajadores con amplios derechos, protección del convenio colectivo de trabajo y acceso a las políticas oficiales de subsidios a los créditos y devolución de impuestos, y la variada informalidad, que va del monotributista profesional al cartonero, pasando por el trabajador de plataforma y el informático, que trabaja para el exterior y cobra en dólares.
En la primera parte del año, los datos de actividad económica marcaban que se estaba en el tercer año de crecimiento consecutivo, pero sin mejora en el humor social, lo que terminó impactando en las chances electorales del Frente de Todos. Fue un caso de crecimiento asintomático –al contrario de la crisis asintomática de 2015– que se trataba de explicar por una supuesta bonanza de la economía informal.
La hipótesis del auge de la economía informal estaba lejos de conformar a los especialistas en la materia, dado que no hay datos consistentes de donde inferir esas conclusiones. Por otra parte, en términos teóricos esto resulta complejo, porque significa que el mercado puede redistribuir ingresos si estos son muy bajos, o que el trabajador pueda elegir entre ser formal o informal a conveniencia, al estilo de lo que piensa el economista neoliberal Hernán de Soto.
Mercado dual
Pareciera menos arriesgado atenerse a pensar en un mercado de trabajo dual, en el cual una porción de los trabajadores conveniados está recuperando terreno frente a la inflación mientras que los demás se encuentran retrasados.
Los trabajadores informales se pueden dividir entre los que comercian y los que son empleados: mientras los comerciantes parecen ser más afectados por el ciclo económico que por la inflación –tal como enseñaba Victor Tokman en sus estudios sobre la informalidad en los años ochenta, ya que estos compran y venden con lo cual trasladan la inflación–, los empleados no registrados están en el peor de los mundos, ya que no tienen poder para negociar mejores condiciones de trabajo.
A estos debates de los años ochenta se le agrega un fenómeno que en Argentina se hizo cada vez más notable, que es el de las personas que se dedican a la recolección de objetos para su posterior venta. Varias encuestas realizadas a los cartoneros en los años 2002 y 2003 mencionaban la profunda transformación que vivía Argentina en esos años. Mientras los cartoneros de mayor edad (30 a 40 años) lo vivían como una changa pasajera, hasta encontrar un empleo, los más jóvenes lo vivían como un trabajo. Esto marcaba que lo que antes no se reconocía como trabajo empezó a serlo, con las consecuencias que eso tiene en las declaraciones de la Encuesta Permanente de Hogar: el desempleo se volvió empleo.
Por lo tanto, que en los últimos años la tasa de desempleo haya quedado en niveles bajos no puede ser visto en forma lineal como un éxito de la gestión, sino que detrás de esos datos puede esconderse un fuerte retroceso en términos de las condiciones de vida de las clases populares.
Lo que en los años noventa era desempleo abierto, hoy es un trabajo de recolección, lo cual retrotrae la situación laboral a varios siglos atrás en la relación del hombre con la tecnología. Este tipo de trabajo, hoy reconocido como tal, le permite al capital reacomodar su población excedente, mientras los gobiernos pueden mostrar tasas de desempleo más bajas.
Informales
Queda claro que este panorama crudo explica el malhumor social. Frente a esto, el gobierno tomó medidas importantes para recomponer los ingresos de los trabajadores formales, los monotributistas, las jubilaciones, la AUH y la tarjeta alimentar.
Pero falta ser más concretos en las medidas en relación a los bajos salarios y el sector informal, elevando el salario mínimo vital y móvil, ya que está comprobado que este mínimo es un faro para que el trabajador informal mida sus ingresos en situación de inflación. Hay que apuntar a políticas que favorezcan a las clases populares y la reducción de los “trabajadores pobres”, no solo por humanismo, sino porque el consumo de esa franja de población tiene mejor impacto en el PBI (es un consumo de productos nacionales) y, hay que repetirlo, porque se vienen las elecciones.
La suma fija puede ayudar a disminuir las desigualdades entre los asalariados, pero sigue siendo algo que puede quedar restringido a los empleados conveniados y sin impacto sobre los informales. Por cuestiones aritméticas, la inflación ofrece a los que más ganan ventajas respecto a los demás, por más que sean del mismo convenio de trabajo. Pero no queda claro cómo sería la implementación de la suma fija para un trabajador de plataforma. ¿Se lo pagaría la empresa, esa misma que no los reconoce como trabajadores? ¿Y para el cartonero?
La crema
La dualidad que se ve en el mercado de trabajo obliga a mirar la otra parte, que son los asalariados con mejores convenios colectivos. Pareciera consolidarse en Argentina una nueva “aristocracia obrera” con consecuencias políticas a estudiar respecto al cambio en sus subjetividad e intención de voto y el impacto en las divisas de sus pautas de consumo “europeo”.
Esta población tiene muchísimos beneficios además de sus mejores sueldos: son los objetos de la política pública como acceso a crédito bancario, devolución de impuestos, tasas de interés por debajo de la inflación y subsidios de distintos tipos y colores. Pero no es tan seguro que esa población vote a un proyecto nacional y popular.
Asimismo, existe otro fenómeno que es importante resaltar, que son los trabajadores que se benefician de un momento de escasez y de internacionalización de su labor, y que por ese efecto de mercado sí logran mejorar sus ingresos. Esos son los que pueden trabajar en casa para otros países, cobran en dólares y que abre la vía a otra realidad de la informalidad, aunque aún muy acotado para tener un impacto relevante. Estos trabajadores se engloban en la economía digital, fenómeno que se aceleró con la pandemia y que afecta a todo el mundo, pero en el caso argentino la diferencia de tipo de cambio es un incentivo muy importante.
Desde los inicios de la pandemia, se avizoraba que ese subsector de trabajadores y de empresas podría tener un gran potencial como exportador de divisas, pero el Banco Central fue poco creativo a la hora de generar los incentivos para que estos trabajadores puedan liquidar divisas, de forma a acumular reservas internacionales.
De esa manera, se fueron generando unas prácticas evasivas a través de distintos medios que será difícil desandar. Esa población ya está dolarizada. Muchos jóvenes se desesperan por cobrar sueldos en dólares, de forma que la dolarización para algunos es aspiracional.
Para tener información sobre ese fenómeno, sería necesario tener una nomenclatura detallada de los servicios que se comercian a nivel internacional, como la hay para los productos, de manera a poder tener una medida más correcta de qué servicios se exportan y cuanto representa. Las estimaciones que hoy existen hacen pensar que las exportaciones de economía del conocimiento ya superan los 10 mil millones de dólares, y que seguirán creciendo año a año. A esto hay que sumarle gran cantidad de ítems, como la exportación de la industria cultural, de consultorías de distintos tipos, las académicas y universitarias, en las cuales Argentina tiene un conocido potencial.
Para terminar, la amplitud de la caída de las exportaciones como consecuencia de la sequía más importante en un siglo afectó gravemente a la economía que entró en recesión. Las opciones son pocas. Luego del “dólar soja”, que incentivó a los productores a vender sus stocks y la eliminación de las retenciones a los productos regionales, se podría pensar en un esquema de incentivos similares para que los depositantes que quieran vender sus dólares a un tipo de cambio diferencial.
Queda claro que el FMI juega políticamente en estas elecciones en favor de la oposición, obligando al gobierno a devaluar para desembolsar los fondos comprometidos. Ese es el problema principal de haber vuelto al Fondo: condiciona al gobierno y le resta competitividad electoral.
En última instancia, es el resultado de las elecciones y la democracia que dependen del FMI y no será la primera vez: el gobierno peronista de 1975 pidió en vano un préstamo al organismo internacional para sortear la crisis de divisas que vivía entonces, y el FMI se la negó. A la semana del golpe militar del 24 de marzo de 1976, Martínez de Hoz obtenía el préstamo y el apoyo de Estados Unidos para su plan económico.
* Centro Cultural de la Cooperación (CCC)