Diez años después de haber comenzado la causa y a un año y medio de que se diera por terminada, el Tribunal Oral Federal número 3 de San Martín comenzó a juzgar hoy a los policías bonaerenses retirados Hermes Acuña y Samuel Bunge Diamante por el fusilamiento de cinco militantes de Montoneros en abril de 1975 y su encubrimiento, hechos que “formaron parte de ese ataque generalizado y sistemático contra la población civil que, con mayor escala, se desplegara” a partir del 24 de marzo de 1976. Los militantes, entre los que se encontraba el padre biológico de la exvicejefa de Gabinete nacional y actual secretaria de Relaciones Internacionales de la Cancillería argentina, Cecilia Todesca Bocco.
La jornada, encabezada por el presidente del tribunal, Esteban Rodríguez Eggers, y acompañada por sus colegas Nada Flores Vega y Matías Mancini, avanzó en la lectura de los cargos, la indagatoria de los imputados, que se negaron a hablar, y el testimonio del primer testigo del debate, el referente de la APDH de Zárate Juan Manuel Aolita, que aportó información de contexto sobre la represión ilegal desplegada en la zona donde ocurrió la Masacre desde 1974 y durante el golpe de Estado.
En 2013, Alberto Badino contactó a Pablo Llonto, ya por entonces conocido abogado representante de sobrevivientes y familiares de detenides, desaparecides y asesinades durante la dictadura cívico militar. Eran tiempos en los que el avance de los juicios de lesa humanidad animaba a recordar y salir a buscar justicia y verdad. Y Badino quería eso en relación con su historia y la de sus compañeros de militancia cuyo asesinato no estaba así registrada en expedientes judiciales. Tampoco había responsables adjudicados.
Así, dio el primer paso y radicó la denuncia, que fue ampliada por Antonio Fernández. Ambos eran sobrevivientes de la Masacre del Río Luján, hecho que desde este jueves comenzó a ser revisado en juicio oral. Un juicio oral que Badino no llegó a presenciar: falleció antes.
Una masacre
Hasta entonces, los registros oficiales contaban que Carlos Lagrutta, Carlos Molinas Benuzzi, Carlos Tuda, Luis Bocco y Guillermo Rodríguez habían muerto en el marco de un enfrentamiento con la policía bonaerense en las inmediaciones del partido de Campana la madrugada del 12 de abril de 1975. Una causa judicial abierta el 14 de abril de aquel año con el presunto objetivo de investigar esas muertes culminó, en realidad, en su encubrimiento y el sobreseimiento de los responsables: una decena de policías que interceptaron al grupo de miembros de la agrupación Montoneros mientras llevaban a cabo una acción militante y los fusilaron.
La noche del 11 de abril de 1975, la célula de Montoneros integrada por aquellos cinco hombres más Alberto Badino y Antonio Fernández pusieron en marcha una de sus acciones militantes que pergeñar por aquellos tiempos. Primero robaron dos Ford Falcon. Se dividieron en esos dos vehículos y robaron un camión cargado de girasol. La operación sucedió en la ruta 9, a la altura de la localidad bonaerense de Otamendi.
El relato de Badino y Fernández detalló como fueron los hechos. El grupo bajó del Mercedes Benz 1114 a Pedro Ortiz, el conductor, y lo pasaron a uno de los Falcon. Lo reemplazó al volante Badino. Salieron de la Ruta 9 a la altura de la Ruta 4. Hicieron unos 500 metros y volvieron a desviarse hasta tomar una calle de tierra que corría en paralelo a la 4 rumbo a Paraje Río Luján, pero estaba más oscura, escondida, campo traviesa. A unos 100 metros, Badino detuvo el camión para desacoplarlo y continuar camino. Entonces fue que los iluminaron unos focos vehiculares desde la ruta 4. Badino calculó que eran por lo menos tres autos civiles Los habían estado siguiendo o los estaban esperando allí. Como sea, los habían descubierto.
Comenzó el tiroteo. Por la potencia de los disparos, Badino supo que quienes disparaban en su contra tenían armas largas automáticas, “mucho más potentes de las que tenía su grupo”, se aclaró en el auto de elevación a juicio que fue leído durante la jornada de apertura del debate. Varios de sus compañeros resultaron heridos. Badino declaró que uno de sus compañeros, “abatido en el piso le dijo ‘estamos todos heridos, nos vamos a rendir’” y que él contestó: “Yo estoy bien, me voy”. Huyó junto con Fernández, que estaba lastimado en un pie, pero podía caminar. “Alto al fuego, nos rendimos”, gritaron los que quedaron. Varias veces. A lo lejos, oyó varios disparos y las luces de un fogonazo. Entonces supo que los habían fusilado.
La instrucción determinó, efectivamente, que los militantes se encontraban “indefensos, ya habían depuesto sus armas” y aún así fueron fusilados”.
El encubrimiento
El 14 de abril de 1975 se inició un expediente para investigar las muertes de aquella madrugada anterior, que tramitó ante el Juzgado Federal de San Nicolás, con la colaboración de la Comisaria de Campana. El resultado procesal fue el
sobreseimiento definitivo de de los policías que participaron del operativo. Los efectivos, integrantes de tres comisiones policiales y provenientes de diferentes distritos, eran los siguientes: Ramón Becerra, Víctor Quiroz, Rubén Vecces, Hermes Acuña, Silvano Lima, Oscar Leguizamón, Carlos Leguizamón, Celestino Ruiz Díaz, Juan Carlos Santillán, Juan Ramón Costa y Raúl Romano. Y se cerró.
En el desarrollo y la ejecución de esa investigación –que contó incluso con el testimonio del chofer del camión, Ortiz– estuvieron involucrados otros tres policías: el titular de la Comisaría de Campana Juan Pedro Ruseckaite, que “dirigió” el sumario en coordinación con el médico policial Carlos Quetglaz y el oficial principal Samuel Bunge Diamante.
La impunidad biológica
La instrucción de lesa humanidad, que avanzó tres décadas después– verificó “la existencia de una actuación coordinada para ocultar la realidad de cómo ocurrieron las muertes”. Para este momento, de los 11 policías involucrados en los fusilamientos y los otros tres en el encubrimiento, solo vivían cuatro. En septiembre de 2021 el juez federal Adrián González Charvay procesó con prisión preventiva a Acuña – que era efectivo de Escobar, vinculado con Luis Abelardo Patti– y Carlos Urbano Leguizamón por considerarlos responsables de los homicidios, y a Bunge Diamante por el encubrimiento. Santillán no pudo ser procesado por incapacidad. El resto estaban todos muertos. Desde entonces hasta este jueves, Leguizamón también falleció.