Desde Medellín
Con un puñado de manuscritos en papel entre sus manos, Luz Marina recorría el teatro universitario mientras se desarrollaba la audiencia pública sobre la Reforma a la Salud que empezará a debatirse en el Senado. En 2017, un pequeño tumor apareció en la cabeza de la mujer y solo hasta el año pasado le brindaron atención. Como todo colombiano popular que batalla para salir del laberinto del sistema que privilegia los negocios por encima del bienestar de la gente, la señora pregunta a desconocidos una y otra vez: “¿Será que usted me puede ayudar? Esto me está empeorando y no me quieren atender”.
Empresas Privadas de Salud (EPS) son quienes están a cargo de la atención en salud de los colombianos desde que fue aprobada la Ley 100 de 1993, impulsada por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, que privatizó el acceso y la prestación del servicio en salud. El actual gobierno en cabeza del progresista Gustavo Petro ha encabezado una cruzada de reformas, entre ellas la que busca que los recursos multimillonarios que manejan hoy las EPS pasen al manejo estatal para superar la corrupción y la afectación a la salud de ciudadanos como Luz María que tardó cinco años en conseguir una cita con médicos especialistas.
Salud preventiva, pública y nacional
Según lo señala el Presides,nte en sus alocuciones, el proyecto de ley que se discute en el Congreso propone crear un fuerte sistema de salud preventiva, pública y nacional, y aumentar el talento humano y mejorar sus salarios, estabilidad y formación. Las agremiaciones médicas que hacen presencia este viernes en la audiencia citada por el senador Ómar Restrepo, senador gracias al Acuerdo de Paz, aplauden la reforma y claman por dignidad salarial y mejoramiento de condiciones en todos los sentidos. Algunos aseguran que no reciben sus pagos durante meses y a los hospitales, en déficit por que las EPS no les pagan a tiempo o nunca, ni siquieren pueden informarles cuándo les van a desembolsar.
“¡Esto es un desastre y tiene que cambiar!” “¡EPS corruptas y asesinas!” Gritan en el auditorio, mientras Luz Marina se pasa a otras sillas buscando una voz amiga. Después de contar su penuria, se descubre la oreja izquierda y con ello la evidencia de lo que, en micrófonos, quienes defienden la reforma a la salud exponen en palabras: una herida abierta. Los colombianos están enfermos y el dinero público para cuidar y sanar está en manos de unos empresarios privados que no logran responder a las necesidades de la población. Donde hay hospitales y EPS, niegan y dilatan los servicios; y en la Colombia rural, en especial en los territorios más alejados y empobrecidos ni siquiera existen puestos de salud; y los indígenas, el pueblo negro y el campesinado se agravan y fallecen durante horas de trayecto a lomo de mula o a pie cuando intentan llegar al centro médico más cercano que en muchos casos dista hasta 30 horas.
Informe de la Contraloría
Según un informe de la Contraloría de la República divulgado esta semana, hoy las EPS deben a los hospitales públicos, clínicas y entidades que prestan directamente los servicios de salud más de seis mil millones dólares. Y de las 26 que existen en la actualidad -porque suelen declararse en quiebra y cerrar después de malmanejar los recursos públicos gracias a los cuales funcionan- 16 no cumplen con algunos indicadores de ley. Todo ello mientras anualmente reciben unos 20 millones de dólares del Estado colombiano y acumulan ganancias de las cuales no hay auditorias confiables.
Alfredo Mondragón, reconocido líder social vallecaucano hoy congresista quien lideró el trámite del Proyecto de Ley en Cámara, lo explicó así a Página/12: “En Colombia hace treinta años se impuso un discurso como el que hoy promueve Milei en Argentina, aparentemente novedoso, sobre que hay que superar el estado oprobioso que niega las libertades. Entonces con el liderazgo de Uribe Vélez se estableció un modelo de aseguramiento comercial en el que básicamente se entregan a los privados los recursos públicos del Estado que se acumulan por vía de impuestos. En este modelo, se suponía que ellos (las empresas aseguradoras) iban a hacer administración del riesgo financiero cuidando que los recursos alcanzaran, y que si no alcanzaba ellos iban a poner de su propia plata y a gestionar el riesgo en salud. Lo cierto es que hoy después de 30 años, las empresas privadas de salud reciben el dinero del Estado de forma anticipada y le deben a los prestadores del servicio más de 25 billones de pesos colombianos (unos 6.370 millones de dólares), pero además, cada año dicen que no les alcanza la plata y le piden más plata al Estado para ellos seguir manejándola”.
“Han llevado a la gente a la enfermedad”
Todo ello con el agravante, agrega, de que mientras se quiebran en el negocio de la salud fortalecen sus inversiones y negocios privados. “Los antecedentes de estas empresas son que se llevan la plata a inversiones en canchas de golf, concursos de belleza, a hoteles, a propiedad raíz, y a funciones que nada tienen que ver con la salud de los colombianos. Y mientras tanto se han inventado las autorizaciones, que no es otra cosa que un obstáculo para ser atendidos, para obtener medicamentos. Entonces las EPS en Colombia han llevado a la gente a la enfermedad, y luego, al no ser atendida, a la muerte”, afirma Mondragón, recordando que, contra todos los pronósticos, la reforma de Petro ya fue aprobada en Cámara e invitando al pueblo a informarse y respaldar esta reforma de cambio en vez de creer en el discurso difamatorio y de miedo que los lobistas del millonario negocio de la salud promueven en la opinión pública.
Recursos públicos
“En esencia queremos administración pública de los recursos públicos, que le garanticen la atención a la población sin obstáculos, que se fortalezca la Superintendencia de Salud (ente de control) para que proteja los recursos y que haya un poderoso sistema de atención primaria para no llevar a la enfermedad a la población”, detalló Mondragón como antesala al Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien cerró la audiencia tras seis horas de escucha a gremios y voces de todo tipo que, en su mayoría, respaldaron la reforma, aunque con algunos reparos en la información económica que sustenta la financiación de la reforma.
El Ministro recordó que esos recursos que hoy van a los bolsillos de las EPS, si fueran bien administrados y bien auditados, sumados a recursos adicionales que estudia cómo obtener el Ministerio de Hacienda, serían la base para financiar el sistema que hoy se desangra enfermando a los colombianos. “Atenderemos además las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo que sugieren a Colombia desde hace décadas fortalecer la atención primaria, y por eso ya tenemos, por ejemplo, lanchas para sacar por río a los pacientes de comunidades alejadas donde no hay carreteras, y estamos construyendo puestos de salud en veredas y corregimientos donde ni una enfermera teníamos. Así y desde instituciones como ésta, desde la academia, vamos a cambiar este país porque así lo quiso el pueblo de Colombia”, concluyó entre arengas el jefe de cartera ante cientos de personas que aplaudían entre el dolor y la esperanza.