El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue denunciado ante la justicia argentina por su presunta responsabilidad en más de 6.000 ejecuciones y desapariciones forzadas de civiles cometidas entre 2002 y 2008, es decir bajo su gobierno, en un caso conocido como “falsos positivos”. La presentación de la denuncia es posible debido a que Argentina reconoce el principio de jurisdicción universal, que establece la competencia judicial de los Estados en casos de lesa humanidad sin importar el escenario de los crímenes ni la nacionalidad de los acusados.
“Que cese la horrible noche en Colombia”
“Las víctimas agradecemos a los jueces argentinos por tomar el caso y confiamos que Álvaro Uribe Vélez sea sentenciado por estos crímenes de lesa humanidad para que cese la horrible noche en Colombia”, expresó a Página/12 Bertina Badillo Erazo, parte del colectivo Tejiendo Memorias del departamento de Antioquía. La denuncia, que quedó a cargo del Juzgado Federal 2 de Sebastián Ramos, fue presentada por 3 organizaciones no gubernamentales y 11 familiares de víctimas, entre ellas Bertina, tía de Didier Eduardo Durant Badillo.
Para los querellantes esta investigación “abriría la puerta a que sea la primera vez que un presidente colombiano sea indagado por su presunta responsabilidad en crímenes internacionales”. Esto lo pone al nivel de dictadores que debieron rendir cuentas gracias a la activación del principio de jurisdicción universal, como Augusto Pinochet en Chile, Efraín Ríos Montt en Guatemala y Hissène Habré de Chad. La jurisdicción universal faculta a los Estados a investigar, juzgar y sancionar a los autores de genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura y desapariciones forzadas donde sea que se hayan cometido e independientemente de la nacionalidad de los sospechosos o las víctimas.
6.402 ejecuciones extrajudiciales
“Planteamos que el expresidente Uribe no ha sido investigado a la fecha. Las instituciones judiciales que se han creado en el marco del acuerdo de paz para investigar los graves crímenes ocurridos en el conflicto armado y durante la violencia política carecen de competencias y tienen limitaciones para investigar a quienes ejercieron el cargo de la presidencia”, explicó a este diario Sebastián Escobar, letrado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. El otro argumento para denunciar a Uribe tiene que ver con la responsabilidad del expresidente frente a estas ejecuciones extrajudiciales conocidas en Colombia como falsos positivos.
Los falsos positivos son el escándalo más grave enfrentado por las fuerzas militares de Colombia en más de medio siglo de conflicto armado. Las víctimas eran llevadas bajo engaño y falsas promesas de trabajo a otras zonas del país donde eran asesinadas y vestidas con ropa de la guerrilla para presentarlas como bajas en combate y conseguir a cambio promociones y días de descanso.
“Esto era así porque el indicador de éxito de la política de seguridad democrática del entonces presidente Uribe eran las bajas en combate y de ahí que se hayan ejercido todas estas presiones”, recordó Escobar. En febrero de 2021 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) elevó a 6.402 las víctimas de falsos positivos en todo el territorio colombiano entre 2002 y 2008″. En sus confesiones a la JEP, que no cuenta con la facultad de llamar a comparecer a mandatarios o exmandatarios, algunos militares manifestaron que eran presionados por sus superiores e incluso señalaron al general Mario Montoya, jefe del Ejército entre 2006 y 2008 y muy cercano a Uribe.
“Entre 2002 y 2008 pudimos establecer con elementos de prueba que el expresidente tenía conocimiento de que esta práctica se estaba cometiendo por parte del Ejército Nacional desde por lo menos el año 2003. Y a pesar de que conoció estas denuncias, que además se replicaron durante el año 2004, durante el año 2005, durante el año 2006 y durante todo el tiempo en que esta práctica se estuvo realizando, el expresidente no solo no adoptó decisiones al interior de la fuerza pública que contribuyeran a cesar con esta práctica, sino todo lo contrario”, sostuvo Escobar.
El abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín plantea que Uribe “siguió ejerciendo las presiones a sus subordinados a pesar de que conocía que estos hechos se estaban cometiendo”. Los crímenes denunciados fueron cometidos en 31 de los 32 departamentos del país, por todas las divisiones del Ejército, con el mismo modus operandi. Los querellantes buscan
en Argentina la justicia que no consiguieron en Colombia.
Uribe se defiende
Bertina Badillo advierte que las fiscalías colombianas “nunca jamás” le dieron garantías en las investigaciones por estos crímenes. “Y Uribe siempre se ha excusado diciendo a los medios que esas denuncias contra él son ataques políticos de la oposición. No acepta los testimonios de las familias víctimas, sobrevivientes y el universo de pruebas que aportaron los militares que participaron en las ejecuciones extrajudiciales”, lamentó la integrante de Tejiendo Memorias.
Dándole la razón a Bertina, el expresidente salió a deslegitimar la denuncia presentada en Argentina diciendo que el Cajar, uno de los organismos denunciantes, es “el mismo de infamias contra mí durante 30 años” y que “se arropa en los derechos humanos para proteger la violencia de terroristas supuestamente de izquierda”. Escobar elige no pronunciarse frente a ese “señalamiento infundado” y elige centrarse en otro tuit de Uribe en el que dice estar dispuesto a responder a las autoridades argentinas: “Me parece muy pertinente que lo puedan citar a declarar lo antes posible”.
“Nunca más” en Colombia
La querella presentada en el juzgado de Sebastián Ramos lleva las firmas de Bertina Badillo Erazo; María Camila Mendoza, hermana de Pablo Mendoza; Laura Vanessa Piña, hija de Álvaro Adolfo Piña; Wilmer Andrey Pérez Betancourt, hijo de Beyer Eduardo Pérez. Las tres organizaciones querellantes son el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y el Cajar.
Como adherentes se sumaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires y la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otros. Luego
de reunirse con familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos
querellantes, el juez federal de Buenos Aires Sebastián Ramos pidió tiempo
para analizar la denuncia y decidir si abre una investigación penal.
En un comunicado las víctimas dicen esperar que la justicia argentina “investigue con plenas garantías al presunto más alto responsable durante el periodo 2002-2008 de los mal llamados falsos positivos” y explican:
“No luchamos sólo por nosotras sino por las 6.402 víctimas de falsos positivos, también por las
generaciones futuras. Nunca más un colombiano debe ser sometido a lo que nuestros seres queridos
y nosotras hemos vivido. Es nuestro deseo que estos hechos tan graves que ocurrieron en Colombia nunca más se repitan”.