Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia citó a declarar al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, por su presunto conocimiento de una masacre paramilitar ocurrida a fines de los años 90, que dejó al menos 16 campesinos asesinados y casi 1000 desplazados, informó una fuente judicial.
El exmandatario comparecerá como parte de la indagación que se sigue por la denominada masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997, y el homicidio del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, en febrero de 1998, detalló la Fiscalía en un comunicado. “Con relación a estos casos, la Fiscalía ha realizado innumerables actividades investigativas y recopilado abundante material de prueba para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos”, señaló el organismo, al tiempo que agregó que esta diligencia se hará por solicitud del expresidente, quien pidió formalmente ser escuchado en este proceso.
La versión de Mancuso
La semana pasada Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), explicó en una audiencia privada en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que Uribe –que en ese momento era gobernador del departamento de Antioquia– siempre tuvo conocimiento de la masacre perpetrada por ese grupo paramilitar de ultraderecha. “EL coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”, detalló.
Mancuso también afirmó que El Aro era un territorio de dominio absoluto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por lo que para entrar hubo un teatro de operaciones. “Ese teatro de terror lleva a las personas a tomar decisiones, la idea es, usted tiene que atemorizarlos tanto que, o dejan de apoyar a la guerrilla, o se van de la zona, o se enfusilan y se van a las filas de la guerrilla, así de crudo como suena. Entonces por eso esas operaciones eran operaciones de castigo en las que se imponía un terror y luego salíamos de la zona”, precisó.
“Nunca conversé ni me reuní con el bandido de Mancuso; el parlamentario Miguel de la Espriella me dijo que si iba a reunirme con Mancuso, le contesté que no, que de hacerlo no podría ser presidente”, dijo Uribe en respuesta a las acusaciones del exjefe paramilitar. “El bandido no tiene una sola prueba de reuniones conmigo. Nunca hablamos, nos cruzamos pocos saludos por mi vinculación a (el departamento) Córdoba (de donde es oriundo el exjefe paramilitar), en sitios públicos, antes que apareciera como criminal”, enfatizó.
Falsos positivos
Este no es el único problema que Uribe tiene entre manos. Hace dos semanas fue denunciado ante la justicia argentina por su presunta responsabilidad en el caso conocido como “falsos positivos”, donde hubo más de 6.000 ejecuciones y desapariciones forzadas de civiles cometidas entre 2002 y 2008, durante su gobierno.
La denuncia, que quedó a cargo del Juzgado Federal 2 de Sebastián Ramos, fue presentada por tres organizaciones no gubernamentales (ONG) y 11 víctimas, informaron los propios organismos. Fue posible porque Argentina reconoce el principio de jurisdicción universal, que faculta a los Estados a investigar, juzgar y sancionar a los autores de crímenes internacionales (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura y desapariciones forzadas) dondequiera que se hayan cometido e independientemente de la nacionalidad de los sospechosos o las víctimas.
“Esta acción constituye un paso histórico de las víctimas y organizaciones en la lucha contra la impunidad en Colombia. Una investigación por parte del Juzgado contra Álvaro Uribe abriría la puerta a que sea la primera vez que un presidente colombiano sea indagado por su presunta responsabilidad en crímenes internacionales” señalaron lo querellantes en un comunicado de prensa. “Esto lo pone al nivel de otros exmandatarios de Latinoamérica y el mundo, donde se han propiciado, con la activación del principio de jurisdicción universal, mecanismos más adecuados para la rendición de cuentas; como es el caso de Augusto Pinochet, Efraín Ríos Montt y Hissène Habré”, añadió.
En su argumentación, las querellantes subrayaron que el exmandatario tenía conocimiento de que los militares presentaban resultados operacionales fraudulentos y que hubo falta de adopción de medidas de su parte, al tiempo que desestimó y descalificó las denuncias presentadas. “Incluso, que a pesar de que conocía que sus tropas estaban asesinando civiles, continuó presionándolas para la presentación de bajas, como principal indicador de éxito en su política de Seguridad Democrática”, remarcaron.