Tribunales orales federales de Santa Fe y Chubut clausuraron juicios de lesa humanidad que desarrollaron en el último mes con condenas para los acusados. En la capital santafesina, un policía de la Federal y dos policías provinciales que hoy están retirados pero prestaron servicios durante la última dictadura fueron hallados culpables de media docena de secuestros y aplicación de tortura, de robo y allanamiento ilegal y de abuso deshonesto. En Rawson, dos de los cuatro efectivos retirados que llegaron acusados de integrar durante los años genocidas la patota de la Delegación de la Federal en la capital chubutense fueron condenados. Para los otros dos hubo absolución. Esta semana culminarán otros tres debates en San Martín, Corrientes y Salta, donde se espera otra condena contra el exdueño de La veloz del Norte Marcos Levín por violaciones a los derechos humanos contra trabajadores de la empresa transportista.
El TOF de Santa Fe impartió condenas para los tres acusados en el juicio de lesa humanidad que encabezó sobre la causa “Requena”, que investigó los crímenes de lesa humanidad sufridos por seis militantes políticos durante mayo de 1977 en la Ciudad de Buenos Aires. Tras un debate oral brevísimo -comenzó a principios de octubre- los jueces Luciano Lauria y José Maria Escobar Cello y la jueza Elena Beatriz Dilario condenaron a los policías provinciales retirados Wenceslao Bertolino y Eduardo Ramos Campagnolo, y a su colega de la fuerza federal Ricardo Carrouché tras haberlos hallado culpables de los delitos de allanamiento, privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, abuso deshonesto y robo. Los dos primeros recibieron nueve años de prisión, el tercero, siete. Ramos Campagnolo ya contaba con una pena de prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.
En tanto, el TOF de Comodoro Rivadavia culminó el juicio por la denominada causa “Azcui” que investigó secuestros y torturas de unos nueve militantes político-sociales sucedidos en Chubut durante 1975 que pasaron por la Delegación de la Policía Federal de Rawson y otros centros clandestinos, comisarías y unidades penitenciarias. Los jueces Mario Reynaldi y Luis Giménez y la jueza Ana D’Alessio dieron por probada la responsabilidad de los acusados Luis Coria y Jorge Lagunas, policías federales retirados, en el secuestro y las torturas que sufrieron las víctimas, mientras que entendieron que las pruebas expuestas durante el debate no lograron sustentar las acusaciones contra los efectivos José Antonio Pereyra y Pedro Cáceres.
Los cuatro acusados se desempeñaban en la Delegación Federal de Rawson durante el tiempo de los hechos. Allí, tal como quedó acreditado, Diana Pizá, Tito Mario Barone, Eduardo Pedro Manchado, Beatriz Norma Santos, Patricio Emilio Torne, Estela Aída Cereseto, Silvia Asaro, Víctor Tomaselli y Luis Eduardo Franganillo, jóvenes militantes que vivían o se encontraban en la provincia patagónica entre noviembre y diciembre de 1975, fueron secuestrados y recibieron torturas en aquella delegación: submarino seco, aplicación de picana eléctrica, simulacros de fusilamiento.
El tribunal siguió los lineamientos del alegato fiscal, expuesto por el fiscal general Teodoro Nürnberg. Según consignó el Ministerio Público Fiscal, para Nürnberg los imputados “desplegaron distintos roles y diversas funciones a través de aportes individuales, que, totalizados los unos con los otros, completaron los sucesos objeto del presente juicio”. Si bien mencionó que los acusados no actuaban a título ni de manera individual, “Coria y Lagunas intervenían con absoluto conocimiento de tal plan y en miras de cumplirlo”. A diferencia del dictamen fiscal de instrucción, para Nürnberg las pruebas contra los otros dos acusados no pudieron reunir la certeza suficiente como para solicitar condena por ellos. El fiscal en el juicio pidió su absolución y el TOF actuó acorde. Hubiera compartido banquillo Carlos Azcui, subsargento de esa dependencia y quien le dio el nombre al expediente, abierto hace 15 años, pero murió antes de que el juicio se pusiera en marcha.
Con estos veredictos ya son 16 los debates orales y públicos por crímenes de lesa humanidad que culminaron en lo que va de 2023. En los próximos días habrá otras tres sentencias: en San Martín, el jueves, culminará el juicio contra Santiago Omar Riveros, enjuiciado por el secuestro, las torturas y el asesinato del abogado de presos políticos Mario Hernández en 1976. El mismo día se espera el veredicto del Tribunal Oral Federal de Salta contra Levín, exdueño de La Veloz del Norte, un ex empleado jerárquico de esa empresa, José Antonio Grueso, y el ex comisario Víctor Hugo Almirón por el secuestro y las torturas sufridas por 17 trabajadores de la firma durante la dictadura argentina.
Por último, este lunes tuvieron la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras parte de los nueve acusados por crímenes de lesa humanidad sucedidos en y desde la Brigada de Infantería VII, en Corrientes. Los
jueces a cargo del juicio, Fermín Ceroleni, Juan Manuel Iglesias y Eduardo Belforte,
comunicaron a las partes que el lunes próximo, a las 17, se dará a conocer la
sentencia.