Producción: Natalí Risso
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Recomponer ingresos
Por Martín Epstein (*)
La presión del FMI para forzar una devaluación en Argentina tuvo características extorsivas, y desde ese punto de partida, la decisión tomada el lunes posterior a las PASO de subir el tipo de cambio oficial un 22 por ciento no fue una política impulsada por Massa, sino el resultado de una compleja negociación. Si el nuevo tipo de cambio se planteó como un salto seguido de un congelamiento hasta finales de octubre (al menos), era de esperar un proceso similar para sectores de la economía de alto impacto a nivel social. Entonces, a raíz del esperable impacto negativo que acarrearía para la micro, tocó iniciar el camino de recomponer sus efectos. Tarifas, combustibles, acuerdos de precios con supermercadistas fueron el inicio de un ciclo de medidas tendientes a contener precios y recuperar ingresos.
A pesar de que recientemente Milei, siguiendo a Sturzenegger, sostuvo que una devaluación no tiene efecto sobre precios, la publicación del IPC de agosto por parte del Indec confirmó lo que desde la calle se sabía: hubo traslado a precios de forma muy evidente y significativa en la última parte del mes. Peor aún, el rubro que más creció fue el de alimentos, sensible por afectar directamente a toda la sociedad y en particular a los sectores medios y bajos. El 15,6 por ciento de alimentos y bebidas se motorizó principalmente por sectores como el de la carne que aprovechó el escenario para una recuperación de rentabilidad del orden del 40 por ciento, aunque todos los componentes del rubro tuvieron fuertes aumentos en sintonía con la devaluación. La canasta básica alimentaria aumento en agosto 17,0 por ciento, llevando la interanual a 146,4 por ciento (22 puntos porcentuales más que la inflación).
Ya en junio algunos indicadores evidenciaban signos a considerar: las ventas en supermercados con una caída interanual de casi 1 por ciento y uso de capacidad instalada en la industria retrocediendo 2,9 puntos respecto a igual mes de 2022. En este contexto, las políticas implementadas recientemente en favor de jubilaciones, sectores de ingresos altos, medios y bajos pretenden dar respuesta tanto a los efectos recientes como a las demandas de una sociedad que viene corriendo una carrera desde atrás con contra los precios.
De las primeras medidas anunciadas, tanto los bonos para jubilados y las sumas fijas para el sector privado y público nacional permitieron una recuperación del poder de compra, compensando en gran medida los efectos de la devaluación de agosto. Pero indudablemente las dos medidas que mayor impacto tuvieron en los últimos días fueron la eliminación de la cuarta categoría de impuesto a las ganancias, y la devolución del IVA a consumos de la canasta básica.
El impacto redistributivo de la modificación en ganancias, cuyo tratamiento legislativo sugiere un pronto avance en el Senado, será sustancial considerando que apenas alcanzará al 1 por ciento de los trabajadores registrados, unas 80.000 personas, beneficiando a 800.000 trabajadores con una recuperación de ingresos superior al 27 por ciento.
Con un universo de beneficiarios directos de 20 millones de personas, la devolución del IVA es sin dudas una de las medidas de mayor incidencia en la búsqueda por recomponer poder de compra. Se trata de un programa simple, que no tiene mayores complicaciones en su aplicación, con un efecto inmediato en términos de ingreso. Esta medida, que fuera aplicada en otra escala durante el gobierno de Néstor Kirchner, es mucho más potente en materia de refuerzo económico que las reducciones de alícuotas o exenciones, que tienden a licuarse en el proceso de formación de precios como nuevos aumentos. Según estimaciones de Carlos Castagneto, Administrador General de AFIP, en los primeros días de aplicación del programa “Compre Sin IVA” ya se registraron devoluciones a más de 3.300.000 de contribuyentes, representando en dinero un equivalente a más de 50.000 millones de pesos.
(*) Politólogo y Analista económico del CEPA.
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Compensar la devaluación
Por Martín Epstein (**)
Luego de las PASO del 13 de agosto, la economía argentina sufrió el cimbronazo de una corrección discreta del tipo de cambio oficial. El lunes 14 de agosto, subió un 22 por ciento, medida que impactó profundamente en el poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos.
Es importante remarcar que esta devaluación fue exigida por el Fondo Monetario Internacional, como parte del programa que Argentina tiene con dicho organismo. Recordemos que, en el año 2018, el gobierno de Mauricio Macri tomó el préstamo más grande que jamás haya otorgado esta institución. A raíz de este endeudamiento, Argentina debe cumplir con ciertos condicionamientos que impone el organismo.
Llegado el mes de agosto de 2023, y en pleno proceso electoral, Argentina se encontraba renegociando los términos de dicho acuerdo, para evitar un default. Fue en esta negociación que el FMI exige al gobierno argentino a devaluar su moneda. Esta medida forma parte de las típicas recetas que el FMI impone en las economías que monitorea.
El ministro Sergio Massa dio a conocer que el FMI pedía a la Argentina una suba del tipo de cambio oficial del 100 por ciento, que luego rebajó al 60 por ciento y en la última negociación se terminó forzando a una corrección del 22 por ciento. El gobierno venía evitando tomar una medida de este tipo y optaba por, en última instancia, acelerar el ritmo de devaluación diario ya que, el impacto que genera un salto devaluatorio en la economía argentina afecta principalmente a los sectores más desprotegidos vía aceleración del proceso inflacionario.
Lo cierto es que el efecto de la devaluación post-PASO fue exactamente ese: los días siguientes fuimos testigos de aumentos en la mayoría de los rubros de consumo masivo. Tal es así, que la inflación acumulada de agosto fue la más elevada en los últimos 30 años. El único punto beneficioso de esta devaluación fue que en parte colaboró a que el BCRA acumule reservas: la autoridad monetaria acumula 6 semanas consecutivas comprando dólares en el MULC, con más de 500 millones de dólares en septiembre y 2.700 millones desde julio.
Ante esta caída generalizada del poder adquisitivo producto de la devaluación, el ministro Sergio Massa impulsó una serie de medidas compensatorias que alcanzaron a un universo muy heterogéneo de beneficiarios. Solo en septiembre, el impacto de las medidas alcanzó a casi 18 millones de personas. Las iniciativas más importantes fueron: 1) ampliación del bono a jubilados y pensionados, que alcanzó a 5 millones de personas; 2) bono para trabajadores en relación de dependencia para casi 5,5 millones de personas; 3) refuerzo para los 2,4 millones de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar; 4) refuerzo para 1,3 millones de personas que cobran Potenciar Trabajo; 5) exenciones impositivas para 3,2 millones de monotributistas, y; 6) refuerzo a trabajadoras de casas particulares que alcanzó a 424 mil personas.
Eso se complementó con: 1) la ampliación del plan alimentario de PAMI, otro refuerzo monetario para 3 millones de jubilados; 2) modificación en el impuesto a las ganancias 4ta categoría, que hace que 800 mil trabajadores dejen de pagarlo; y 3) devolución del IVA en productos de la canasta básica para más de 20 millones de personas. Incluso estas dos últimas iniciativas se busca institucionalizarlas y hacerlas permanentes por ley.
En otro plano, recientemente se han anunciado beneficios fiscales que alcanzan a 700 mil autónomos, 1 millón de monotributistas y 300 mil pymes.
Cabe preguntarse sobre la oportunidad de las medidas, ¿por qué ahora? Como se ha mencionado, era necesario compensar el efecto de la devaluación en los ingresos de la población. Además, deben considerarse las particularidades de un año atravesado por el proceso electoral y, sobre todo, el fuerte impacto económico de la sequía más grave que se tenga memoria.
Pero mirando hacia adelante el contexto parece más favorable, con una recuperación de las exportaciones del sector agropecuario y el impacto del Gasoducto Néstor Kirchner en el balance comercial energético. Esto debería aportar dólares frescos vía balance comercial, y mayores ingresos fiscales vía derechos de exportación y una mayor actividad económica. En un marco de mayor estabilidad, es posible proyectar que este tipo de políticas se sostengan en el tiempo y se mejoren progresivamente los ingresos de la población. Mientras tanto, será indispensable solucionar problemas de fondo como el endeudamiento con el FMI y la diversificación de la estructura productiva del país.
(**) Lic. en Economía de la UNLaM y miembro del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV