En el mensaje de 18 minutos que el ministro de Economía Luis Caputo grabó el martes por la tarde para anunciar lo que oficialmente denominaron paquete de urgencia económica, no nombró a los jubilados. Sin embargo, la gestión entrante no se olvidó de ellos: más tarde, en un encuentro off the record con periodistas, funcionarios del ministerio aseguraron que iban a eliminar la fórmula de movilidad jubilatoria para reemplazarla por aumentos discrecionales tomados por decretos del Poder Ejecutivo.
El relato oficial del equipo económico es que, con el salto de la inflación en los primeros meses tras la devaluación (calculan que será mayor al 40 por ciento en los próximos tres meses), la actual ley perjudicaría a los jubilados. Si bien es cierto, hasta ahora esta pérdida se viene intentando corregir (para las jubilaciones mínimas) con bonos que la Anses otorga mensualmente y se definen tras conocer el resultado trimestral de la fórmula de movilidad: “¿Por qué no siguen haciendo eso, mejorándolo, en vez de querer decretar la fórmula y aumentar por decreto?”, desconfía el abogado previsionalista Federico Bobrovsky en diálogo con PáginaI12.
Hay motivos para desconfiar: para conseguir el superávit fiscal el primer año de mandato, el Gobierno publicó que prevé un ajuste de 0,4 por ciento en la línea de las jubilaciones y pensiones en el presupuesto, entro otros recortes. Además, la decisión llega junto a un combo de medidas que hacen lugar a un viejo reclamo del Fondo Monetario Internacional: ajustar el sistema previsional argentino, gasto que representa a alrededor de 10 por ciento del PIB y al que la gestión de Javier Milei quiere pasarle una motosierra. No parece ser casualidad que, minutos después de los anuncios, el propio Fondo haya salido públicamente a apoyar las medidas del gobierno.
Que sea ley
El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó en su conferencia matutina que el objetivo del Gobierno es que se suspenda la actualización automática trimestral y que los nuevos aumentos para las jubilaciones los realice el Poder Ejecutivo por decreto. Fuentes oficiales hablaron de “desindexar” la economía, y por lo tanto evaluar los aumentos en función de una inflación futura que proyecte el gobierno.
Para eso, el Ministerio de Economía debe enviar un proyecto de ley al Congreso que elimine el actual régimen de movilidad jubilatoria (que también actualiza trimestralmente los valores de las asignaciones y planes). “Todo esto debe hacerse por ley. Utilizar un decreto para suspenderla sería escandaloso desde el punto de vista jurídico, y no se sostiene judicialmente”, sostiene Bobrovsky.
La ley de movilidad que rige desde 2021 otorga cuatro aumentos por año que se determinan según un índice que combina un 50 por ciento de la evolución de los salarios del Indec y del Ripte (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) – el mayor de ambos- y otro 50 por ciento de la recaudación tributaria de la Anses. El cálculo actual se realiza sobre el trimestre anterior.
Como el aumento de los precios no está contemplado en la fórmula, el Estado tiene la posibilidad de compensar con bonos fijos cuando es necesario. Desde su creación en 2021, el gobierno utilizó el bono de suma fija para los casi 6,1 millones de jubilados y jubiladas que cobran la mínima como mecanismo de refuerzo para compensar las pérdidas en las que puede derivar la fórmula. Cabe destacar que los bonos no se integran al haber y por lo tanto no se utilizan como base de cálculo para aplicar la actualización prevista por la fórmula de movilidad. Es decir que no tienen efecto en los aumentos posteriores.
El bono actual (que rige para diciembre, enero y febrero) es de 50.000 pesos. Sin el bono, las jubilaciones mínimas serían de 105.713 pesos, monto que no llegaba a cubrir la Canasta Básica Total para que una persona no sea considerada pobre por el Indec para octubre, es decir sin contar el pico inflacionario de los meses que siguieron. “El bono de diciembre ya anunciado se está pagando con las jubilaciones de este mes”, aseguraron ante la consulta de PáginaI12 fuentes de Anses.
El coordinador del Observatorio del Derecho Social en el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Luis Campos aseguró que en los últimos años el haber mínimo jubilatorio cayó en términos reales un 44,3 por ciento (sin contar los bonos), en gran medida porque la fórmula de actualización corre de atrás a la inflación. “¿Por qué modificarla justo ahora? Para darles un saque más y que ni se les ocurra subir”.