La investigación sobre la asonada de enero de 2023 en Brasil llegó este jueves al núcleo más duro de la ultraderecha y al propio expresidente Jair Bolsonaro, a quien se le prohibió salir del país y se le intimó a entregar su pasaporte.
Esas decisiones fueron adoptadas en el marco de un gran operativo policial ordenado por la Corte Suprema. El operativo se realizó en nueve estados y el Distrito Federal, con 33 órdenes de allanamiento y cuatro órdenes de prisión preventiva, al tiempo que se impusieron 48 medidas cautelares a los sospechosos.
Bolsonaro
El ex mandatario, por su parte, se consideró víctima de una persecución implacable. “Hace más de un año que salí del gobierno y sigo sufriendo una persecución implacable. Olvídense de mí, ya hay otro gobernando”, dijo el ultraderechista a la periodista Mónica Bérgamo, columnista del diario Folha de Sao Paulo.
Su abogado, Fábio Wajngarten, se limitó a anunciar en las redes sociales que, “en cumplimiento” de la orden judicial, el líder de la ultraderecha “entregará el pasaporte a las autoridades competentes”.
En el megaoperativo fueron arrestados tres referentes del bolsonarismo y registrados los domicilios de otros 24, incluidos tres exministros el exdiputado Valdemar Costa Neto, quien preside el Partido Liberal, que lidera Bolsonaro y dos miembros del ejército.
Uno de los detenidos es Filipe Martins, asesor para Relaciones Internacionales de la Presidencia en la gestión de Bolsonaro (2019-2022) y con fuertes y reconocidos vínculos con la ultraderecha que en Estados Unidos encabeza el expresidente Donald Trump.
Según el juez Alexandre de Moraes, a cargo de la investigación, el operativo se refiere, “específicamente”, a hechos vinculados con “un intento de Golpe de Estado y abolición violenta del Estado de Derecho”, asociado a lo ocurrido el 8 de enero de 2023.
En esa fecha, ocho días después de la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, miles de ultras asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado exigiendo que los militares derrocasen al Gobierno progresista.
La conspiración
La investigación, sin embargo, abarca hechos anteriores a ese día y contempla la sospecha de que los involucrados discutieron, antes de la toma de posesión de Lula, dictar un decreto anulando las elecciones que ganó el líder progresista para mantener a Bolsonaro en el poder.
El borrador de ese supuesto decreto planteaba además detener a dos magistrados del Supremo y al presidente del Senado y habría sido analizado directamente por el propio Bolsonaro cuando aún ejercía la Presidencia, según el despacho del juez.
Todo eso ocurrió en el marco de una difusión masiva de noticias falsas sobre un posible “fraude en las elecciones”, cuyo objetivo final era “legitimar una intervención de las Fuerzas Armadas” y concretar un golpe de Estado.
De Moraes identificó, en lo que califica de presunta “organización criminal”, varios “núcleos de actuación”, entre ellos uno dedicado a promover la idea de una ruptura institucional entre los militares.
Entre los responsables estarían el exministro de Seguridad de la Presidencia, general Augusto Heleno, y dos extitulares de Defensa: los generales Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto, en la época candidato a vicepresidente en la fórmula de Bolsonaro.
Todas esas articulaciones, según las sospechas, comenzaron en realidad antes de las elecciones de octubre de 2022, cuando ya todas las encuestas vaticinaban una victoria de Lula.
Braga Netto, jefe de Gabinete y ministro de Defensa de Bolsonaro fue objeto de una orden de registro. General de la reserva, fue elegido por Bolsonaro como candidato a vicepresidente en las elecciones de 2022. Tras la derrota, Braga Netto ordenó presionar a los militares que se oponían al golpe, según la Policía. En noviembre pasado, fue inhabilitado por ocho años por abuso de poder, al convertir las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia en un acto electoral.
Nogueira, el último ministro de Defensa de Bolsonaro tras la salida de Braga Netto también objeto de una orden de registro. Después de las elecciones, este general envió un informe al Tribunal Superior Electoral en el que se apuntaban supuestos “riesgos” del sistema de urnas electrónicas.
Heleno, general retirado, es otro de los sospechosos con orden de registro. Fue el principal asesor en cuestiones de seguridad de Bolsonaro. El magistrado Alexandre de Moraes lo apunta como “responsable de colectar informaciones” que pudiesen ayudar a Bolsonaro en la consumación del golpe.
Lula
En el momento del operativo policial, Lula daba una entrevista a una radio. En su primera reacción declaró que “es muy difícil para un presidente comentar asuntos que están bajo secreto judicial” y pidió que “no haya excesos y que se aplique el rigor de la ley”. Sin embargo, no se contuvo y dijo creer que Bolsonaro “debe haber participado en la construcción de esa tentativa de golpe”, que “no hubiera ocurrido” sin su participación.
Aún así, consideró que es necesario “esperar” el resultado de la investigación y subrayó: “El dato concreto es que hubo una tentativa de golpe, hubo una política de faltar el respeto a la democracia, una tentativa de destruir el proceso democrático, y esa gente tiene que ser investigada”.
Bolsonaro, quien ya fue inhabilitado por la corte electoral para participar en comicios durante ocho años, es centro de varias investigaciones, entre ellas una en la que se le acusa de haber promovido una intentona golpista contra el Gobierno de Lula el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores del líder ultraderechista destruyeron las sedes de los tres poderes.
Propaganda negativa
Este jueves el Tribunal Superior Electoral de Brasil sancionó con una multa a Bolsonaro por difundir propaganda negativa contra el actual jefe de Estado durante la campaña presidencial de 2022.
El líder ultraderechista fue condenado por difundir y promover noticias falsas que asociaban a Lula, entonces candidato presidencial, con el Primer Comando de la Capital, considerada la mayor organización criminal del país. Según la decisión de la autoridad electoral, el exmandatario tendrá que pagar una multa de 15.000 reales (3.080 dólares) y eliminar de inmediato el contenido publicado.
De acuerdo con el comunicado divulgado por el tribunal, cinco de los siete magistrados consideraron que Bolsonaro divulgó tergiversaciones e informaciones falsas con las que “buscaba sacudir y ofender intencionalmente la imagen de Lula”.
Los otros dos jueces, Cássio Nunes Marques y Raúl Araújo, consideraron la acción ‘improcedente’ por entender que la publicación no extrapoló los límites de una campaña electoral que siempre permite la réplica por parte del adversario en la disputa.