Porto Alegre necesitaba una reivindicación expeditiva. La ciudad donde un político de ultraderecha logró que tuviera vida efímera el Día del patriota – que propuso por el 8 de enero cuando una horda de golpistas tomó por asalto Brasilia – es la misma del Foro Social Mundial y del Presupuesto Participativo. Aquella donde fue alcalde el líder histórico del PDT Leonel Brizola y decidió vivir la expresidenta Dilma Rousseff después de ser detenida y torturada por la dictadura. También donde militan ex ministros del PT como Tarso Genro y Maria do Rosario y la dirigente Manuela D’Avila del PCdoB.
Una ciudad que además es la sede del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos – el más importante del país – que lidera Jair Krischke. Por la espesura de sus luchas no merecía ser una ciudad paralizada por la vergüenza. Una palabra que se utilizó demasiado en los días posteriores a la iniciativa que logró imponer el exconcejal bolsonarista Alexandre Bobadra. Separado de su cargo por sospechas de que malversó fondos electorales un tiempo antes.
La gravedad institucional de homenajear a los golpistas que tomaron las sedes del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF), contó con la venia del alcalde Sebastião Melo, del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB) y aliado del expresidente de ultraderecha Bolsonaro, también sometido a distintos procesos por corrupción.
Pero este capítulo tan oscuro que vivió la capital de Rio Grande do Sul fue cerrado por el juez del STF, Luiz Fux. Decidió suspender la celebración el lunes pasado después de que la Legislatura en la capital de Rio Grande do Sul, revocara la ley denominada Fiesta Municipal del Patriota como parte del llamado Calendario de Fechas Conmemorativas y de Sensibilización del Municipio de Porto Alegre.
La aprobación momentánea de esta evocación tan rocambolesca como negacionista, presentada por un concejal cesado en su cargo, ubicó a la ciudad en el centro de las noticias nacionales. La respuesta de sectores políticos, sindicales y culturales fue inmediata. La diputada federal y ex ministra de DD.HH, Maria do Rosario posteó en X: “¡Victoria! Después de tal omisión, el alcalde de Porto Alegre finalmente sancionó la ley que revoca la vergonzosa fecha creada por el fascismo de Porto Alegre, que honraba el golpe practicado en Brasilia el 01/08. ¡Celebremos una vez más la victoria de la democracia!”.
Everton Gimenis, vicepresidente de la Confederación Única de Trabajadores brasileños (CUT) de Rio Grande do Sul, escribió en Brasil de Fato que la celebración fallida es un “insulto a la inteligencia de Porto Alegre” y “otro absurdo político más para los fascistas”. Recordó también que “para nosotros, lo que cuenta es el proyecto del concejal Aldacir Oliboni (PT), aprobado en junio, que establece que el 8 de enero sea el Día de la Defensa de la Democracia en Porto Alegre”.
La Cofradía Plinio Alexandre Zalewski (PAZ) que reúne a intelectuales de distintas disciplinas en la ciudad, sacó un documento crítico en el que pidió “la inmediata revocatoria de la infamia”. Los rechazos a la iniciativa de Bobadra, un abogado de 44 años del Partido Liberal (PL), cruzaron todas las redes sociales en Brasil. El escritor y periodista Eduardo Bueno, más conocido como Peninha, lo hizo en clave de solfa. En un video entre informativo y humorístico en el que trató al exconcejal como un “bolsonarista repugnante” dijo que “Porto Alegre es un agujero, la vanguardia del atraso, una ciudad patética, un lugar ridículo, ese lugar donde yo nací, que tanto amo… aprobó el día del patri-idiota…”.
El ideólogo del proyecto no solo tenía antecedentes de defraudación por el manejo irregular de los fondos de su partido en 2020. Por ese motivo, su mandato como concejal fue revocado por el Tribunal Electoral Regional (TRE). Además, Bobadra había sido denunciado por Bruna Rodrigues, una diputada estadual afrobrasileña y presidenta del PCdoB de Porto Alegre. Su compañera de militancia, Manuela D’Ávila, se solidarizó con ella y aseguró que aquel había incurrido en “violencia política de género”. Las características de misógino, golpista e imputado por corrupción con fondos públicos del acusado, completan el perfil de aquellos exfuncionarios bolsonaristas que hoy están sometidos a proceso.
El Día del Patriota que concitó tanto rechazo había sido aprobado en comisiones sin que se tratara en el pleno del Concejo Deliberante. Cuando pasó al área del intendente Sebastião Melo, éste último dejó que vencieran los plazos de aprobación y guardó silencio. Ese vacío provocó que el presidente de la Legislatura local, Hamilton Sossmeier, le diera vía libre a la norma que establecía el homenaje a los golpistas que tomaron las principales instituciones del estado el 8 de enero pasado.
Los civiles alentados por algunos integrantes de las fuerzas de seguridad y que destruyeron instalaciones y objetos del Palacio presidencial, fueron denunciados por la Fiscalía General por varios delitos. El más grave: intentar un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Lula. Unos 1.390 de ellos quedaron imputados y muchos permanecen detenidos hasta hoy. Bolsonaro pidió que se liberara a sus simpatizantes y los calificó como “gente de bien”.
El grado de delirio místico y extremista del proyecto que se aprobó en Porto Alegre y que estuvo vigente por un puñado de días quedó en evidencia en uno de sus párrafos más salientes: “Brasil enfrenta un peligroso proceso de extinción del patriotismo. Son diversas las vanguardias de ataque, como la prensa, las entidades globalistas, las universidades y la cultura militante”.
Hoy ya es un mal recuerdo para una ciudad que en el pasado tuvo una tradición de luchas, e incluso fue refugio o lugar de paso hacia Europa para muchos perseguidos por las dictaduras del Cono Sur en el marco del Plan Cóndor. Porto Alegre repudió la tentativa de golpe de Estado y la fecha con que se intentó reivindicarlo, arrojada en estas horas al basurero de la historia.