El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó este lunes un programa que permite convertir los inmuebles abandonados del Estado en viviendas populares o destinarlos a otros proyectos sociales, como escuelas, hospitales y parques. El llamado programa de “Democratización de los Inmuebles del Estado”, lanzado en un acto en el Palacio presidencial de Planalto, identificó unos 3.700 terrenos vacíos, edificios desocupados o infraestructuras abandonadas que pueden ser destinados al proyecto.
Entre los inmuebles que podrán ser aprovechados figuran edificaciones públicas invadidas por organizaciones que luchan por la reforma urbana, cuya ocupación podrá ser regularizada, y hasta aeropuertos inutilizados. Pese a que el decreto que instituye formalmente el proyecto solo fue firmado este lunes, la iniciativa empezó a ser implementada desde enero de 2023, cuando el líder progresista asumió su tercer mandato como jefe de Estado.
La “democratización” de los inmuebles
Este programa de viviendas, según Lula, “funcionará mejor con una gestión participativa, integrada y alineada con las necesidades locales de los estados y municipios en diálogo con el gobierno federal”. Por su parte la ministra de Gestión Pública, Esther Dweck, explicó que desde el inicio del gobierno recibió la orden de Lula de identificar los inmuebles que pueden ser aprovechados para la construcción de barrios o viviendas populares y darles un uso social.
“El gobierno anterior (del líder ultraderechista Jair Bolsonaro) lo que estaba haciendo era vender esos terrenos y edificaciones, muchas veces por precios cuestionados, y lo que nosotros haremos es darles un destino social correcto”, dijo la ministra, quien explicó que su cartera identificó inicialmente 509 inmuebles gestionados por organismos del gobierno en 200 municipios, de los que 68 pueden ser convertidos en parques o instalaciones culturales o deportivas, 49 en escuelas, 26 en hospitales y 27 en comisarías.
Dweck agregó que su ministerio identificó 3.213 inmuebles abandonados que son gestionados por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y que también pueden ser aprovechados. Según la ministra, de los inmuebles del INSS, en 471 ya se inició el proceso para que puedan ser convertidos en conjuntos de vivienda popular y en 12 las gestiones para ser transformados en edificios para población de escasos recursos.
Los inmuebles destinados al proyecto serán cedidos a gobiernos regionales y alcaldías con proyectos para darles un uso social, o a las empresas que construyen viviendas populares, o directamente a las familias que los ocuparon y esperan que se les regularice la situación. Según Dweck, el proceso de aprovechamiento social ya fue iniciado en 264 inmuebles ubicados en 174 municipios, entre los que destaca un aeropuerto desactivado en Belém en el que se construirá una instalación de uso social que será aprovechada como sede de la Conferencia del Clima de las Naciones Unidas (COP 30) que Brasil organizará en 2025.
La vuelta de un programa insignia de Lula
En febrero del año pasado Lula anunció el relanzamiento del exitoso plan “Minha Casa Minha Vida” (mi casa, mi vida), que estaba frenado desde 2016 con la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff. El programa fue creado en 2009 durante el segundo mandato de Lula. Con la llegada de Bolsonaro a la presidencia el programa de vivienda tuvo un cambio abrupto: empezó a ser desfinanciado y se corrió el enfoque que estaba puesto en las familias con ingresos bajos.
Bolsonaro además le cambió el nombre al plan que pasó a llamarse “Casa Verde y Amarilla”, por los colores de la bandera de Brasil. Según el gobierno de Lula, las viviendas que fueron entregadas un año atrás, cuando se relanzó el programa, ya estaban casi terminadas en 2019 (año en el que asumió la presidencia Bolsonaro) pero las obras habían sido abandonadas.
Las políticas públicas destinadas a la población con ingresos bajos fueron cesadas por Bolsonaro. Los brasileños más empobrecidos fueron afectados por la pandemia de covid-19. Según un estudio del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea, por sus siglas en portugués), la población en situación de calle en las principales ciudades de Brasil superó las 281 mil personas en 2022, un aumento del 38 por ciento respecto a los datos de 2019.