El Consejo Municipal de Bariloche aprobó este miércoles por unanimidad la Ordenanza que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, de servicios y habitacional, una herramienta considerada “fundamental” por el intendente Walter Cortés para tener “previsibilidad” al afrontar “situaciones muy difíciles como el transporte y la vivienda”.
Con el voto afirmativo de diez de los 11 ediles, el texto que entre otras cosas faculta al Ejecutivo local a renegociar contratos de servicios, obras y suministros logró ser aprobado en un segundo intento, luego de que la sesión del martes pasado en la que se trataría fuera levantada por falta de quórum.
Esta Ordenanza “nos da la posibilidad de tener herramientas, de poder manejar la economía municipal con previsibilidad y ordenamiento, que es fundamental porque tenemos (por resolver) situaciones muy difíciles, como el transporte y la vivienda”, sostuvo Cortés a Télam luego de la votación.
Según el intendente, que estuvo presente en la sesión, “es fundamental tener a ley de emergencia. La tienen todas las provincias, la tienen los municipios. Acá se trabó un poco por algunos puntos de vista, más que todo en la parte de los terrenos y la parte habitacional, pero lo logramos enderezar: pudimos debatir y agradezco a los concejales que tuvieron esta actitud”.
Con esta normativa aprobada, el Gobierno municipal tiene como prioridades comenzar negociaciones con desarrolladores inmobiliarios, “ubicar e individualizar” los lugares en donde estarán los terrenos sociales que se entregarán, y avanzar en la resolución del conflicto en torno al Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), cuya empresa prestataria tenía problemas para pagar los sueldos de los choferes incluso cuando recibía subsidios nacionales.
También “empezaremos a ver cómo vamos a prorrogar esta deuda de casi 16.000 millones de pesos” que afronta el Municipio, sostuvo Cortés.
Durante la sesión distintos concejales manifestaron sus inquietudes respecto de la duración de las emergencias, tras lo que el oficialismo aceptó bajar de un año a seis meses el plazo de las mismas, excepto la habitacional, que mantendrá el plazo original de un año.
Entre otros puntos, el proyecto faculta al Ejecutivo local a renegociar los contratos de servicios (entre ellos el del TUP), obras y suministros en los cuales sea parte la Municipalidad y/o cualquiera de sus entidades.
También le permite “priorizar el pago a proveedores del servicio de tránsito y vial” y “contratar en forma directa, independientemente del monto, la provisión de los insumos, bienes de capital necesarios para lograr el normal desarrollo de los servicios de tránsito y transporte municipal”.
La Ordenanza también le permite a la Intendencia “realizar adquisiciones directas de bienes, servicios o equipamientos esenciales para abordar la situación de emergencia, sin sujeción al régimen de compras y contrataciones establecido por la Municipalidad”.
En este sentido, el texto establece como prioridad las compras a proveedores radicados en San Carlos de Bariloche, siempre que los bienes o servicios no superen en un 10% al de ofertas más convenientes de productores no radicados en la ciudad.
En sus considerandos, el proyecto de Ordenanza alude a “la falta de fondos suficientes” para “mejorar la calidad de vida de los habitantes” de la ciudad, así como para “afrontar las obligaciones futuras para con proveedores”.
También remite a que “el parque de máquinas es insuficiente para atender las necesidades de las redes viales que requieren mantenimiento diario”, y da cuenta del crecimiento demográfico “significativo” que viene experimentando Bariloche, lo que “ha generado el aumento en la demanda de viviendas que no viene siendo satisfecho por parte del mercado inmobiliario”.
“En la actualidad, existe, un enorme déficit habitacional de al menos 10.000 hogares, implicando ello más del 25% del total de hogares de la ciudad aproximadamente”, precisa.