Una ley que se discute en el parlamento local de Arizona, la HB 2843, aumenta la protección legal para individuos que utilicen fuerza letal contra quienes ingresen ilegalmente a sus terrenos. La gobernadora Katie Hobbs, perteneciente al Partido Demócrata, anunció que, en caso de aprobarse, la vetará.
La normativa pretende expandir la doctrina Castle que habilita el uso de la fuerza letal para personas que ingresen ilegalmente a un hogar. Actualmente, esta legislación se limita a la protección ante un intruso que esté tanto en el terreno como en la residencia.
La propuesta es del legislador republicano Justin Heap quien, frente al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dijo que su iniciativa pretende cerrar un vacío legal que llevó a que “cada vez más migrantes o traficantes de personas se desplacen a través de tierras agrícolas y ganaderas”.
“Si un agricultor posee 4 mil héctareas acres de tierra de cultivo, su casa puede estar a 800 metros de donde está, y si ve a alguien en su tierra, ¿puede acercarse a él y (sacarlo) de su propiedad? Esta es una enmienda para arreglar eso”, sostuvo.
El debate se da en medio de una creciente crisis humanitaria de inmigración en Estados Unidos y de la campaña electoral camino a la elección presidencial que tendrá lugar el próximo 5 de noviembre.
“Seguimos hablando de los migrantes que están inundando nuestro país como si fueran trabajadores agrícolas de Guatemala buscando una mejor vida (…) cuando lo que está sucediendo en la frontera sur es una crisis humanitaria”, argumentó el legislador republicano días atrás.
Además, el proyecto llega a pocos días de que inicie el juicio contra George Alan Kelly, un ranchero de 73 años que el próximo 21 de marzo se enfrentará a la Justicia por disparar, en enero de 2023, contra un grupo de migrantes que cruzaba su propiedad a las afueras de Nogales (Arizona). En el incidente murió Gabriel Cuen Buitimea.
El caso adquirió mucha resonancia porque sectores de la derecha radical norteamericana consideran a Alan Kelly un héroe por “defender” su propiedad. Sin embargo, la fiscalía lo acusó de homicidio de segundo grado por considerar que fue un crimen racista.