Massa anuncio dos medidas de enorme impacto político y fiscal:
a) Sacar del impuesto a las Ganancias a trabajadores que ganen menos de 1.770.000 pesos brutos por mes (el decreto Nº473/23 aumenta a ese monto, de octubre a diciembre de 2023, la deducción especial actual de 700.875 pesos brutos mensuales) y directamente eliminar la cuarta categoría a partir de enero 2024 (proyecto de ley que la “reemplaza” por un impuesto cedular a los ingresos mayores a 15 salarios mínimos, ajustable dos veces al año, con alícuotas de 27-35 por ciento, versus las actuales de 5-35 por ciento).
b) Devolver hasta el 31/12/23 el IVA a compras de alimentos y otros productos básicos pagados con tarjeta de débito por trabajadores que cobren menos de 708.000 pesos mensuales, jubilados, titulares de AUH, monotributistas y trabajadoras de casas particulares, con tope mensual de 18.800 pesos por persona.
Ganancias es el impuesto progresivo más relevante por su peso recaudatorio. Decir que el salario no es ganancia es pura semántica, ya que la ley actual, de 1973, considera renta a todo ingreso neto periódico, incluyendo los del trabajo personal, quedando por ver desde qué monto y con qué deducciones deberían empezar a tributar. Ya el valor de 700.875 pesos brutos mensuales era más del doble del salario medio formal (proporción mayor que las de Brasil, Chile y Uruguay), por lo que llevarlo a cinco veces el salario promedio formal hace que deje de aportar al fisco gran parte del 20 por ciento de mayor nivel de ingreso.
La integralidad de Ganancias viene siendo minada “parche” tras “parche” (además sin visión de conjunto, que contemple tanto al resto de personas físicas -afectados por esta medida en términos de equidad horizontal- como jurídicas, también lleno de falencias): quita reciente de horas extras (y en ocasiones del aguinaldo) del cálculo de la base, deducción para gastos educativos establecida a fines de 2022 que opera como un subsidio a la demanda de colegios privados (cuya oferta ya se encuentra, de por sí, subsidiada), razonable deducción para inquilinos (451.683 pesos anuales) que no se condice con el congelamiento desde hace años a los intereses de créditos hipotecarios (20.000 pesos anuales), entre otros múltiples desatinos, mucho menores a la actual propuesta de eliminarlo de forma permanente. Las estadísticas tributarias indican que, de seguir así, se corre el riesgo de retornar a la década de 1980, cuando prácticamente ninguna persona física (ni asalariada ni cuentapropista) tributaba.
En cambio, es un acto de estricta justicia devolver el IVA, impuesto de los más regresivos del sistema tributario argentino, por su amplia base y altísima alícuota (21 por ciento, que llega a 27 por ciento para servicios públicos) e impacto desproporcionado sobre la mitad más pobre de la población. Aunque resulta cuestionable el tope bajo de la medida (18.800 pesos mensuales) y su carácter transitorio (3 meses).
Estas propuestas de eliminar permanentemente impuestos progresivos a los altos ingresos y aplicar mejoras modestas y parciales a los tributos más regresivos muestran como ha penetrado el discurso “anti-impuestos” de la derecha conservadora (PRO y Milei). Encima, que, en el marco del proceso electoral, la oposición cambiemita y libertaria, que se ha cansado en pedir rebaja de impuestos, anuncie que no va a acompañar la decisión sobre Ganancias, es un reino del revés que ni la magnífica María Elena Walsh imaginó.
(*) Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.