La Corte Suprema de Brasil empezará a juzgar este miércoles a los cuatro primeros acusados del intento de golpe del 8 de enero, cuando miles de activistas de ultraderecha asaltaron las sedes de los tres poderes con la intención de derrocar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Por ese violento atentado contra la democracia fueron acusadas formalmente hasta ahora 1.390 personas, cuya responsabilidad será establecida por el tribunal en forma individual.
Los primeros acusados que serán sentados en el banquillo son Aécio Lúcio Costa Pereira, Thiago de Assis Mathar, Moacir José dos Santos y Mateus Lima de Carvalho Lázaro, quienes fueron detenidos el mismo 8 de enero en medio de los desmanes. Los cuatro se declaran inocentes argumentando que asistían a una “manifestación pacífica”, que no portaban armas y que no participaron de los disturbios en las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la propia Corte Suprema, todas situadas en torno a la llamada Plaza de los Tres Poderes en Brasilia.
Los cuatro acusados también sostienen que solo querían expresar su “insatisfacción” con las elecciones de octubre de 2022, en las que el progresista Lula se impuso al entonces presidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha y quien no reconoció el resultado de los comicios.
La Fiscalía General rechazó esos alegatos al asegurar que comprobó que los cuatro acusados participaron de manera “activa y directa” en los desmanes. Entiende que eso quedó demostrado mediante los videos que los propios reos publicaron en redes sociales y con otras pruebas documentales obtenidas por la Policía Federal, responsable de la investigación.
Los imputados responden por los delitos de “asociación ilícita”, “abolición violenta del Estado Democrático de Derecho”, “golpe de Estado”, “daños calificados” y “destrucción de patrimonio público”, por los que la acusación pide una pena de 30 años de prisión.
Para juzgar a los primeros cuatro acusados la Corte Suprema reservó dos audiencias. La primera será celebrada este miércoles y, en caso de ser necesario, la segunda será al día siguiente. La investigación continúa y, más allá de quienes participaron directamente en los hechos, también intenta identificar a los posibles autores intelectuales de esas protestas violentas y a quienes pudieron financiar el movimiento golpista.
Bolsonaro en la mira
Entre los investigados figura el propio expresidente Bolsonaro, de quien se sospecha que tenía planes para impedir la investidura de Lula el primero de enero. Estos planes incluso podrían haber contemplado una intervención de las Fuerzas Armadas y la convocatoria de nuevas elecciones.
Durante una conferencia de prensa desde la cumbre del G20 celebrada en India, Lula aseguró que el expresidente “está altamente comprometido” porque “cada día van apareciendo cosas y cada día vamos a tener más claro que había una perspectiva de golpe”. El fin de semana la justicia brasileña aceptó el acuerdo de colaboración de uno de los asesores más cercanos a Bolsonaro, el coronel Mauro Cid, que podría aportar detalles valiosos sobre los escándalos que rodean al expresidente.
Bolsonaro es investigado por varios frentes, aunque el más avanzado es el que lo involucra en una trama para vender joyas y otros regalos recibidos por parte de Arabia Saudita, que en realidad eran obsequios de Estado y deberían ir a un archivo público.
A dicha trama está vinculada Mauro Cid, a quien le encontraron en sus teléfonos celulares conversaciones sobre la planificación de un golpe de Estado, de financiación a los golpistas que pedían un ataque del Ejército para evitar la asunción de Lula y también comunicaciones sobre cómo convertir en efectivo las joyas que pertenecen al Planalto.
Hace unos meses la justicia electoral condenó a Bolsonaro por haber atacado la fiabilidad del sistema de voto durante las últimas elecciones. Por esa condena fue inhabilitado políticamente durante ocho años y no podrá presentarse a los comicios presidenciales de 2026. El expresidente fue sometido con éxito este martes a un conjunto de cirugías en su aparato digestivo y respiratorio.