La Fiscalía y la querella que representa a la familia de Diego Muñiz Barreto pidieron al Tribunal Oral Federal número 2 de San Martín que condene a prisión perpetua al genocida Luis Abelardo Patti por su participación necesaria en el homicidio calificado del exdiputado bonaerense y de su secretario, Juan José Fernández, en un supuesto accidente de tránsito fraguado en marzo de 1977, en plena dictadura cívico militar.
“Patti realizó un aporte esencial para que Muñiz Barreto y Fernández pudieran ser asesinados”, concluyó el auxiliar fiscal Iván Polaco durante el alegato que inauguró la audiencia del pasado viernes en el juicio oral y público contra el excomisario, intendente de Escobar y diputado nacional –electo en 2005, aunque no pudo asumir en la banca por su conocida intervención en el terrorismo de Estado de la última dictadura–. Mientras las partes alegaban, desde su casa, sentado en una silla de ruedas y portando un collar ortopédico, el acusado se quedó dormido.
Este juicio, que comenzó a mediados de agosto pasado, descansa en el resultado de otro que en 2011 recorrió las responsabilidades en el secuestro, las torturas y la muerte de Muñiz Barreto y Fernández, que concluyó con condenas para autoridades dictatoriales de Campo de Mayo –Reynaldo Bignone y Santiago Riveros, entre otros–. Aquella sentencia, que resultó confirmada en 2014, también condenó a Patti, pero solo por las privaciones ilegítimas de la libertad y los tormentos que sufrieron las víctimas.
En ese sentido, durante su exposición, el abogado de la familia Muñiz Barreto, señaló como “fundamental” el trabajo que realizó la hija del diputado asesinado, Juana Muñiz Barreto para demostrar que Patti sí tenía que ver con los hechos bajo juicio. “Este crimen que quisieron convertir en invisible, disfrazar de accidente, es también el crimen de Patti, que también quiso esconder por años y años. Hasta que una hija hizo gran parte de la tarea de Justicia”, destacó Pablo Llonto al cierre de su alegato.
Tal como quedó demostrado en aquel juicio de lesa humanidad culminado en 2011, Muñiz Barreto y Fernández fueron detenidos sin orden alguna por Patti y su patota, el 16 de febrero de 1977, en una carnicería de Escobar. Ambos fueron mantenidos cautivos en la Comisaría de ese partido donde Patti era comisario, hasta el 18 de febrero, cuando fueron trasladados a la Regional 12 de Tigre y de allí, a El Campito, el principal centro clandestino de Campo de Mayo. El auto de Fernández, que también había secuestrado el excomisario, permaneció varios días en la puerta de la comisaría de Escobar. Patti incluso se negó a entregarlo a las personas que fueron a realizar averiguaciones por las víctimas.
En El Campito fueron torturados durante 16 días, hasta la madrugada del 6 de marzo, cuando fueron maniatados, encapuchados y trasladados en el baúl del Fiat 128 Rural que era de Fernández hasta la ciudad de Villaguay, Entre Ríos. En la noche de aquel día, fueron adormecidos, colocados en los asientos de conductor y acompañante, y arrojados al río Paraná. Con un piedrazo en el parabrisas intentaron sumar una prueba falsa más al accidente de tránsito fraguado. Muñiz Barreto murió de fractura de sus vértebras cervicales, pero Fernández sobrevivió, aunque luego fue inculpado en una causa fraguada por el homicidio culposo del exdiputado.
Prisión perpetua por su participación necesaria
“Muñiz Barreto y Fernández eran dos detenidos bajo custodia de Patti”, quien además “secuestró el auto de Fernández, lo mantuvo bajo custodia de la comisaría y cuando se lo pidieron lo entregó” a la patota de Campo de Mayo, expuso Polaco en su alegato fiscal. Al igual que Llonto, ambas partes solicitaron la misma pena para Patti el viernes pasado: prisión perpetua. Lo consideraron partícipe necesario del homicidio calificado de Muñiz Barreto y, en el caso de la Fiscalía, también de la tentativa de homicidio calificado de Fernández. Patti habría cometido el delito con alevosía y en concurso de dos o más personas, de manera premeditada. “El acusado conocía muy bien a la víctima, sabía donde vivía, lo venía persiguiendo hace tiempo”, sostuvo el auxiliar fiscal.
Para Llonto, no cabe “ninguna duda de que el imputado conocía que Muñiz Barreto iba a ser sometido a torturas, que la intensidad de las torturas podían conducir a la muerte, que sabía que el aporte ilícito de él implicaba la aceptación del resultado muerte: ya sea producto de vuelos de la muerte, con una simulación de enfrentamiento o de falso accidente, con una ejecución o matándolo y quemándolo después con una pila de neumáticos encima”, sostuvo el abogado y resaltó: “El aporte ilícito inicial de Patti incluye la aprobación, el consentimiento, de la muerte”.
En nombre de la familia, Llonto solicitó además que el crimen sea encuadrado dentro del genocidio que desplegó la última dictadura cívico militar, algo que “desde el Juicio a las Juntas y la publicación del informe Nunca Más se viene diciendo” y que luego “ha sido ratificado por alrededor de 20 sentencias a lo largo del país” de juicios de lesa humanidad. También pidió al tribunal que revoque la prisión domiciliaria de la que goza Patti, que ya acumula tres condenas por su intervención en el terrorismo de Estado, así como que se verifique con el Ministerio de Seguridad y otras dependencias del Estado que el represor sea exonerado de la Policía Bonaerense y se le quite toda condecoración recibida durante las tres décadas en las que permaneció impune así como beneficio jubilatorio.