La directora nacional de Promoción y Fortalecimiento
para el Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia, Gabriela Carpineti, presentó un informe ante la Fiscalía de Nueva York en Estados Unidos, con el objeto de aportar información relevante sobre los negocios del magnate Joe Lewis en Argentina, en el marco de la investigación que enfrenta por prácticas empresarias corruptas, entre ellas fraude financiero y
tráfico de información privilegiada.
De acuerdo con la funcionaria, el largo historial de negocios de Lewis en el país presenta “serias objeciones legales y éticas”, y se suma a las referencias a contactos en Argentina que habrían sido beneficiarios de las filtraciones de información confidencial por las que está acusado.
El informe brinda detalles sobre las presentaciones judiciales contra el magnate en Argentina, como antesala de la causa que lleva adelante el fiscal Damian Williams y por la que Lewis deberá volver a declarar en enero de 2024, tras haber sido liberado con una fianza de 300 millones de dólares. Más aún, en el escrito se sugiere una continuidad entre las sospechas de corrupción en el país y la investigación estadounidense, por lo que “se estima seriamente probable la existencia de una vinculación entre los hechos”.
Entre otras, se enumera la adquisición irregular de las tierras en Lago Escondido y la obstaculización de su acceso; el viaje de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, empresarios de medios y jueces a su estancia, entre los que se encontraba uno de los magistrados que intervino en causas de su interés y la posterior adulteración de las facturas; todos hechos que permitirían inferir una trama de corrupción vinculada a la investigación en curso. En su informe, Carpineti recomienda indagar sobre la vinculación de Lewis con personas y empresas radicadas en Argentina, ya que en el expediente norteamericano se señala a un “amigo” del millonario con el que “a veces jugaba al póquer en Argentina”. El tráfico de influencias, las dádivas, las negociaciones incompatibles, el cohecho y el abuso de autoridad son, según expresa, delitos incorporados a tratados internacionales que suscriben ambos países.
“Mientras que en EE.UU.
la persecución a la criminalidad económica, al delito de fraude al Estado y a
los evasores, son política de Estado; acá vemos todo lo contrario. Jueces,
políticos y empresarios trafican información, fallos, dádivas para apoderarse de
un bien natural y económico que es de todos los argentinos”, sostuvo Carpineti.