Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, presentó su acto en la Legislatura porteña como un homenaje a las “víctimas del terrorismo”, pero, en realidad, fue una aglomeración de reivindicadores de la última dictadura. Entre los entusiastas asistentes estuvieron abogados de represores y un militar destituido por haber matado de un tiro a un camarada y que está denunciado por haber torturado a conscriptos en Malvinas.
“Mientras los zurdos lloraban a los gritos se realizó este impecable acto”, tuiteó Marcelo LLambías y subió unas fotos de él posando junto a otros asistentes al evento que fue organizado por Villarruel y Lucía Montenegro en la Legislatura de CABA.
Llambías se forjó un prontuario. De ser condecorado por su actuación en Malvinas terminó destituido por Néstor Kirchner. Fue después de que lo condenaran a nueve años de prisión tras haber asesinado en la calle a un camarada, Jorge Osvaldo Velazco. Primero le dio un culatazo y después lo remató de un tiro. Se escapó, pero se terminó entregando a los tres días.
Llambías está, además, denunciado por torturas durante la guerra del Atlántico Sur. Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata explicaron a este diario que Llambías perteneció al Regimiento de Infantería 4 de Monte Caseros.
Ahora ejerce como abogado penalista e interviene como defensor en juicios de lesa humanidad. Es, además, uno de los integrantes de un grupo que se llama Defensores de los Derechos Humanos de Latinoamérica, un sello que inventó un grupo de abogados de represores en 2018 para hacer oír sus reclamos. En ese grupo estuvo como fundador el mayor retirado Pedro Rafael Mercado, el marido de Cecilia Pando, quien reveló parte de la trayectoria que Villarruel procuraba ocultar: las visitas que organizaba a Jorge Rafael Videla y su paso por Jóvenes por la Verdad, un grupúsculo que empatizaba con represores presos como el marino Ricardo Cavallo.
Llambías también fue parte de NOS, el partido que lidera el carapintada Juan José Gómez Centurión y en el que había recalado Pando. Desde su cuenta de Twitter, Llambías intercambió mensajes sentidos con la legisladora Lucía Montenegro, una de las espadas filosas de Milei en la Legislatura porteña.
En las fotos que publicó en su cuenta se ve al letrado Guillermo Fanego, que representa a un sinfín de acusados por crímenes de lesa humanidad. Uno de sus defendidos es uno de los represores que tienen relación con Villarruel: Alberto Eduardo González, condenado a prisión perpetua por los crímenes que cometió mientras estaba destinado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El “Gato” González también recibió una condena por haber abusado de una detenida-desaparecida. Historiador naval, González fue destinado por la Armada a la Comisión Permanente de Estudios de Situaciones Especiales (Copese), que se creó para borrar los rastros de la represión en 1982. Según Pando, Villarruel firmó los libros que escribió González mientras estaba preso. Fanego fue quien le confirmó a Página/12 que la relación entre la dama de hierro de La Libertad Avanza (LLA) y el represor existía, pero desestimó que haya sido su escritor fantasma.
Fanego, que suele hostigar a testigos en las audiencias, se dedicó durante algún tiempo a presentar un libro titulado Juicios de venganza, que firmaron González y Juan Daniel Amelong, otro represor condenado por crímenes de lesa humanidad. En 2017 fue una de las voces que salió en defensa de la Corte después de que firmara el fallo del 2×1.
Otro de los que no se perdió el evento fue Alberto Solanet, referente de Justicia y Concordia, la organización que, desde 2009, nuclea a quienes actúan como defensores de represores. El año pasado, Solanet pidió una audiencia en la Cámara Federal de Casación Penal para intentar hacer lobby a favor de sus defendidos. No tuvo suerte: lo recibieron Alejandro Slokar, Ana Figueroa y Mariano Borinsky, tres de los jueces que suelen darle prioridad a las causas de lesa. Antes había repartido un libelo titulado El Pacto, que denuncia un supuesto acuerdo entre Néstor Kirchner y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para reimpulsar los juicios a los genocidas. Desde su cuenta de Twitter, Justicia y Concordia no aludió al acto de LLA: únicamente lo hizo para hacerle un escrache a la dirigente Vilma Ripoll, diciendo que era una agente de izquierda entrenada en Cuba.
Justicia y Concordia es una de las organizaciones pro-impunidad que presentaron un proyecto en la Legislatura porteña para sacarle el nombre de Rodolfo Walsh a una estación de la Línea E de subtes y reemplazarlo por “Víctimas del Terrorismo”. No es de extrañar que sus integrantes se hayan entusiasmado con la convocatoria de Villarruel.
Además, trascendió que en el acto estuvo María Fernanda Araujo, presidenta de la Comisión de Caídos en Malvinas. Araujo acompañó en las listas a Villarruel y Milei en 2021. La describen como la mano derecha de Héctor Omar Cisneros, quien comandó la Comisión de Familiares durante 28 años. Debió dar un paso al costado después de que su nombre apareciera en las listas de agentes del Batallón de Inteligencia 601, que fueron desclasificadas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.