Por primera vez en muchos años, la Argentina podría tener a una vicepresidenta que niega abiertamente el terrorismo de Estado. Envalentonada desde un estrado del salón Dorado de la Legislatura porteña, Victoria Villarruel aprovechó para sentar las bases de una reivindicación de los crímenes cometidos por la dictadura bajo la excusa de un homenaje a las víctimas de las organizaciones armadas de los 70. El fantasma del negacionismo se cubrió así de una pátina institucional, impactando de lleno entre los organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, sociales y sindicales, y reabrió el debate en torno a la necesidad de sancionar leyes que penalicen el negacionismo. La discusión sobre qué hacer con aquellos que niegan o banalizan los secuestros, torturas, desapariciones y apropiaciones de bebés viene de larga data en el movimiento de derechos humanos y ya se han presentado varios proyectos de ley en este sentido, en sintonía con lo que ya hicieron más una veintena de países. Los organismos, incluso, están trabajando en un nuevo proyecto que pretenden presentar antes del cambio de gobierno.
“Nos enfrentamos a una nueva ola negacionista, que está legitimada por los millones de votos que tuvo La Libertad Avanza. Ahora, nosotros nos preguntamos: ¿las 7 millones de personas que votaron a Javier Milei saben quién es Victoria Villarruel, que defiende a quienes violaban mujeres en los centros clandestinos? Creemos que no, y lo de ayer fue un desenmascaramiento”, afirma Carlos Pisoni, de HIJOS, quien viene impulsando, como varios militantes de derechos humanos, la sanción de un proyecto de ley contra el negacionismo. “Después de todo el recorrido que tuvo la Argentina en materia de delitos de lesa humanidad, con 1100 genocidas condenados, con 20 espacios de memoria recuperados, con nietos restituidos. La ley viene a refrendar ese proceso de memoria verdad y justicia, y poner en discusión la tensión existente con los discursos negacionistas para que no puedan avanzar”, reflexiona.
Hace tiempo que organizaciones como HIJOS, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares vienen trabajando en un proyecto que no solo penaliza el negacionismo, sino que también propone capacitaciones. El borrador -que aún se está trabajando- se divide en tres partes. Primero, un plan de educación en materia de derechos humanos para prevenir el negacionismo. La propuesta contempla que el INADI abarque también la lucha contra el negacionismo y pase a llamarse INADIN: es decir, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia, el Racismo y el Negacionismo. Segundo, una serie de capacitaciones obligatorias en materia de derechos humanos para funcionarios de los tres poderes del Estado, en sintonía con lo que hoy son las leyes Micaela (sobre violencia de género), Yolanda (sobre medio ambiente) y Lucio (sobre derechos de las infancias). Y, finalmente, propone tipificar el negacionismo en el Código Penal.
A diferencia de otros proyectos, que proponen penas de prisión o pecuniarias a quien niegue, banalice o minimice a los crímenes de la dictadura, esta iniciativa afecta solo a funcionarios nacionales que tengan discursos en este sentido. La pena es la inhabilitación en el cargo por un máximo de cuatro años y la obligatoriedad de realizar una capacitación en materia de derechos humanos antes de volver a ejercer la función. Será para todo aquel fiscal, legislador, juez, ministro, intendente o secretario que niegue o relativice cualquier crimen de lesa humanidad que haya reconocido el Estado. Es decir, no solo, por ejemplo, la apropiación de bebes o la desaparición de personas durante la última dictadura cívico militar, sino también el genocidio armenio o el Holocausto.
Las otras propuestas
La Cámara de Diputados ha ido registrando numerosos proyectos que se proponen sancionar el negacionismo en los últimos años, muchos de ellos aún con estado parlamentario. Uno de los últimos fue presentado en junio por la jujeña Carolina Moises: la iniciativa propone penalizar de dos meses a dos años de prisión al que “públicamente minimice, justifique, reivindique o hiciera apología de delitos respecto a genocidios y crímenes de lesa humanidad”. Incluye, además, un agravante para el caso de funcionarios públicos, que comprende la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar cargos públicos por el doble del tiempo de la condena. A su vez, incluye también capacitaciones para las tres fuerzas del Estado.
“La reivindicación de los crímenes cometidos por la dictadura por parte de funcionarios del Estado deben tener un tratamiento diferenciado respecto a la apología de otros crímenes de lesa humanidad, porque son un atentado directo contra el orden democrático”, afirmó Moises.
También presentó un proyecto del estilo este año la diputada Gisela Marziotta (FdT): su iniciativa propone una multa de 15 a 100 salarios básicos de un juez de la Corte Suprema de Justicia a quienes justifiquen o minimicen los delitos cometidos por el terrorismo de Estado. En el caso de los funcionarios públicos esta multa ascendería a un monto de entre 100 y 500 salarios básicos de un cortesano supremo.
El año pasado, por otro lado, el cordobés Eduardo Fernández (FdT) presentó un proyecto que sanciona el negacionismo. Así como Patricia Mounier (FdT) en 2021 y Horacio Pietragalla en 2019, cuando aún era diputado y no había asumido en la Secretaría de Derechos Humanos.