El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que enviará al Congreso un proyecto de reforma constitucional para que se designe a través del voto popular, directo y secreto a jueces y magistrados, incluyendo a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, un paso con el que busca “limpiar” al sector.
“Así como se elige a los diputados, a los senadores, al presidente de la República, así hay que elegir a los jueces, magistrados y ministros”, con el propósito de eliminar “complicidades y conflictos de intereses”, dijo López Obrador.
El anuncio fue parte de su quinto informe anual de gestión, que hizo este viernes desde la ciudad costera de Campeche. Lo escuchaban varios gobernadores y funcionarios y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
“Limpiar al Poder Judicial”
“Voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo”, subrayó el mandatario.
Esos cargos no deben ser electos por “la élite del poder económico y político de México,” señaló el presidente. “Así como se elige a los presidentes municipales, hombres o mujeres, gobernadoras, gobernadores, a los diputados locales, federales, a los senadores, al Presidente… así hay que elegir a jueces magistrados y ministros”, insistió.
López Obrador remarcó que la tarea de los “impartidores de justicia” es servir al pueblo y “no como ocurre ahora, operar bajo la consigna de beneficio de grupos o de facciones políticas, económicas y hasta bajo consigna de intereses delictivos“.
Conflicto de poderes
El anuncio retoma una iniciativa que el mismo presidente ya
había lanzado en mayo último, después de que la Corte anulara una reforma
impulsada por el oficialismo que flexibilizaba restricciones en los procesos
electorales, de cara a las presidenciales de 2024
En ese momento, 9 de los 11 miembros de la Corte invalidaron cambios a dos leyes que regulaban la participación de funcionarios en campañas y la propaganda oficial, aunque por cuestiones de forma y sin valorar la cuestión de fondo.
El Ejecutivo consideró en ese momento que la decisión judicial viola la separación de poderes, ya que que el máximo tribunal no tiene “legitimación popular” para restringir atribuciones constitucionales del Congreso.
Se adelanta el plan
El anuncio de López Obrador parece adelantar un plan que, inicialmente, tenía para más adelante: en mayo reveló que enviaría la propuesta de reforma en septiembre de 2024, para que se discuta en el breve período en el que coincidiría la nueva conformación de las dos Cámaras del Parlamento –surgida de las elecciones del 2 de junio de ese año- con lo que quede de su mandato, que vence el 1 de octubre.
México ya tuvo un mecanismo indirecto de elección de la Corte: en la Constitución de 1857, de ideología liberal, se estableció que los ciudadanos con derecho a voto elegían delegados que, a su vez, designaban a los integrantes del máximo tribunal.
Duraban entonces seis años en el cargo, en lugar de los 15 años actuales de los ministros que llegan al tribunal al ser ternados por el Presidente y refrendados luego por dos terceras partes del Senado.
La actual composición tiene una mayoría de siete ministros propuestos por los entonces mandatarios Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, incluyendo a la presidenta del tribunal, y cuatro nominados por López Obrador.