El liberalismo ha tratado de recluir a la economía en un cepo jurídico formado por las premisas de la teoría económica ortodoxa, situación que favorece a los sectores socioeconómicos más poderosos y más ricos de la sociedad.
Esto permite impugnar “en nombre de la ley” los cambios en la realidad social, política, internacional y moral producidos por los cambios tecnológicos, ambientales y sociales. Sin embargo, trabar la dinámica económica, que es el objetivo del conservadurismo, es un factor de estancamiento, lo cual no sólo viabiliza la emergencia de la pobreza sino que limita las ganancias de los capitalistas y enriquece a los rentistas.
En una conferencia que dio en la Universidad de Chile, en mayo de 2022, poco tiempo después de asumir Gabriel Boric como presidente, el juez de la Corte Suprema argentina Carlos Rosenkrantz explicó, quizás en un intento de manifestar su repudio anticipado a los inevitables progresos sociales que iba a introducir Boric, que era falso decir que “donde hay una necesidad nace un derecho”. En los últimos días, Javier Milei hizo otra triste referencia a aquella célebre frase.
Este principio ético enunciado por Evita y que es emblemático del peronismo, fue explicado como un “acto de fe del populismo, porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades”, lo cual es la perogrullada neoliberal habitual. En economía nada es absoluto y Rosenkrantz exhibió en una sola frase una profunda falta de cultura, rara en alguien que llega a ese nivel de responsabilidad institucional.
En la historia económica y social, el principio evocado por Evita es la regla y no la excepción. El razonamiento por el absurdo que intentó Rosenkrantz fue la demostración de su oscurantismo. Para completar, agregó que “en las proclamas populistas hay siempre un olvido sistemático de que detrás de cada derecho hay un costo. Se olvida que si hay un derecho, otros tienen obligaciones. Y honrar obligaciones es siempre costoso en términos de recursos, ya que no tenemos suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades”.
Contradicciones
Los casos de contradicciones entre el derecho circunstancial y los imperativos económicos de la realidad son numerosos y el caso del salario mínimo federal de los Estados Unidos es ilustrativo. Entre 1923 y 1936, la Corte Suprema norteamericana declaró en cuatro oportunidades que era inconstitucional aquella medida porque “ignoraba el derecho de contratar libremente” o dicho más claramente, los patrones debían poder desde una posición de fuerza retorcer los dedos a los trabajadores pagándoles menos de lo que era justo.
Pero en 1937, con el New Deal, cuando Franklin Roosevelt fue reelecto con 61 por ciento de los votos y frente a la posición unánime del Congreso, la Corte confrontada a la realidad “olvidó los principios del derecho” y lo aprobó. Desde 1938, el Fair Labor Standards Act establece que el salario mínimo es aplicable y obligatorio en todos los Estados de la Unión sin excepción. Hoy el salario mínimo es, no solo aplicado en los Estados Unidos, sino que existe en casi todos los países del mundo.
Rosenkrantz sostuvo que “es siempre costoso en términos de recursos” para los que más tienen, pero este caso y muchos otros muestran que lo expuesto por el miembro de la Corte es falso, ya que las medidas del New Deal tuvieron un éxito que pocos discuten y los capitalistas se hicieron más ricos de lo que eran antes. Señalemos al pasar que es muy improbable que el juez de marras se atreva a calificar a Roosevelt de populista.
Esto tiene una doble moraleja y enseñanza para el actual gobierno, que debiera comprender que las concesiones que le hace al neoliberalismo patronal o del FMI en estos días aciagos son innecesarias, contraproducentes y erróneas. En cambio, las medidas expansivas pueden aumentar el nivel de vida de los trabajadores, sin perjudicar a largo plazo a los capitalistas.
Otra ilustración del error de apreciación de Rosenkrantz es la reciente decisión de la Comisión Europea de rever los fundamentos del llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento contenido en el Tratado de Maastricht. El neoliberalismo acérrimamente conservador hizo que los representantes de los Países Bajos y Alemania impongan por dicho tratado internacional a los países que adherían al euro poseer una deuda pública inferior al 60 por ciento del PBI, un déficit presupuestario menor al 3 por ciento del PIB y una tasa de inflación de menos del 3 por ciento.
No sirvió de nada, ya que las políticas de austeridad destruyeron la economía griega, italiana y española, ya que la realidad derrotó al neoliberalismo y los “principios fundadores” del Euro. La crisis financiera del 2008 hizo que Alemania tuviera un déficit del 9 por ciento del PBI y que su deuda escalara a niveles incontrolables, muy a pesar de la Canciller Merkel. La pandemia agravó la situación.
Los principios votados por los parlamentos nacionales y refrendados por referendos no funcionaban. Como dijo Evita, “donde hay una necesidad nace un derecho”, lo cual hace que en los próximos meses, entre gallos y medianoche, el Parlamento europeo frente a la necesidad enunciará nuevos criterios que ignoren un Tratado Internacional sin que nadie o sólo algunos expertos vean de que se trata de un nuevo “derecho” frente a la “necesidad”.
Más cercano a la Argentina la Convertibilidad, el principio jurídico de 1 peso por 1 dólar, fue aprobado por la ley 23.928 sancionada el 27 de marzo de 1991. Luego de provocar los destrozos que no es necesario ni alegre recordar, fue anulada por la necesidad urgente de salir de la trampa feroz en la cual los neoliberales habían encerrado al país, el 6 de enero de 2002 por la ley 25.561. Hubo en este caso una necesidad de escapar al cepo en el cual el neoliberalismo había encerrado a la Argentina lo que hizo renacer el derecho del pueblo a vivir dignamente y abolir tamaña estafa.
La relegación formal o brutal de las necesidades de los pueblos se apoya en el entramado jurídico neoliberal. Pero en la situación inflacionaria actual existe la urgente necesidad de impedir que los oligopolios y el capital concentrado sigan obteniendo una renta inflacionaria. Debe nacer el derecho de aplicar las leyes antimonopólicas con la severidad necesaria para salvar la Nación.
* Doctor en Ciencias Económicas de l’Université de Paris. Autor de “La economía oligárquica de Macri”, Ediciones CICCUS Buenos Aires 2019. bruno.susani@wanadoo.fr