El 2023 será el sexto año consecutivo de superávit primario para las provincias y el tercero de superávit financiero, según surge de las proyecciones del Presupuesto Nacional de 2023. Los números que manejaba en septiembre de 2022 (mes en que se presenta el Presupuesto al Congreso) el equipo de Sergio Massa eran 0,43 por ciento y 0,13 por ciento del PBI, respectivamente. Es decir que en términos agregados las provincias están en condiciones de pagar el refuerzo de 60.000 pesos a los trabajadores que se discutió esta semana, con la negativa de 14 de ellas a abonarlo. Los números de Nación, por el contrario, son deficitarios aunque especialistas advierten que las últimas medidas no afectarán al cumplimiento de la meta con el FMI.
En 2022 (última información oficial actualizada), el superavit primario de las provincias llegó a 4,2 por ciento del gasto primario, según destacó Nadin Argañaraz del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). El especialista aseguró a Página/12 que confía que dicho resultado se mantenga en 2023, pese a que la coparticipación está en baja.
En suma, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones acumularon una caída real del 1 por ciento interanual en los primeros ocho meses del año, pero puntualmente la coparticipación “pura” se ubica en un máximo de los últimos 8 años en términos reales, indicaron desde el Iaraf.
Los datos de Iaraf significan que, con su resultado superavitario, las provincias podían financiar un 4,2 por ciento adicional del gasto primario de 2022. Si se considera que el gasto consolidado equivalió a 16,3 por ciento del PBI en 2022, entonces pudo haberse financiado hasta 0,68 por ciento del PBI adicional. Lo cual da la pauta que el refuerzo de ingresos de 60.000 pesos puede costearse.
Todo el paquete de medidas anunciado el pasado fin de semana para compensar a trabajadores, jubilados y pequeñas empresas por el impacto de la devaluación conllevará un costo fiscal de 0,4 a 0,5 por ciento del PBI, según fuentes oficiales. Los números que parecen haber sido consensuados con el FMI no lucen desproporcionados, a la luz de la cantidad de beneficiarios y de la urgencia por llevar adelante esas decisiones. Sin embargo, 14 gobernaciones se negaron a acompañar la propuesta del refuerzo de ingresos a sus trabajadores y sostienen que el mismo quedará supeditado a sus paritarias: cerrar primero, para luego abonar o no el bono, en lugar de pagarlo a cuenta de futuras paritarias como supone la medida.
Cabe también recordar que en el decreto publicado en la madrugada del jueves se estipula que el refuerzo será obligatorio para empleados de la Nación y el sector privado, pero la adhesión es voluntaria en el caso de las provincias. También hay municipios de la provincia de Buenos Aires que se negaron al acatamiento. La reacción sorprendió al gobierno, porque la negativa no distinguió entre propios y ajenos al peronismo, en un momento donde todo el oficialismo debería fortalecer el rol del candidato-ministro. Los mandatarios reclamaron no haber sido consultados ni antes ni después de las medidas.
Cuántos son los beneficiarios
Quienes recibirán un bono de suma fija totalizan 15,1 millones de personas entre perceptores de jubilación y pensión mínimas, trabajadores con hasta 400.000 pesos de remuneración bruta y perceptores del Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar. El gobierno, además, amplió la devolución del IVA a jubilados y difirió el componente impositivo de monotributistas: ambas medidas suman 9,6 millones de beneficiarios.
Si bien las realidades de cada jurisdicción son bien diferentes, los datos muestran una situación de mejora en las cuentas provinciales y empeoramiento en los datos de Nación, pese al esfuerzo de la actual gestión por achicar el gasto en términos reales desde mediados de 2022.
Entre las 14 provincias que cuestionaron el paquete de Nación solo una fue deficitaria en 2022, La Pampa, con un saldo negativo de 0,7 por ciento del gasto primario. Entre las que lideran el ránking, solo Santiago del Estero y Mendoza acordaron pagar y las demás integran la lista de rechazo.
Siguiendo los datos del Iaraf, ordenadas según el resultado fiscal de 2022, entre las jurisdicciones que rechazaron el pago primero está la ciudad de Buenos Aires (16,9 por ciento del gasto primario), luego Córdoba (11 por ciento), Jujuy (9,6 por ciento), Tucumán (6), Entre Ríos (5), Salta (4,5), Santa Fe (4,3), San Juan (3,6), Santa Cruz (3,5), Misiones (2,4), Catamarca (2,3), Chaco (2,1), Neuquén (0,8) y La Pampa (menos 0,7).
Por el contrario, confirmaron su adhesión Santiago del Estero (con un superávit equivalente al 11,5 por ciento de su gasto primario), Mendoza (9,4 por ciento), Chubut (5,6) y La Rioja (1,7). Buenos Aires dejó su respuesta en suspenso pero seguramente aceptará y tuvo un déficit de 1,3 por ciento de su gasto primario. San Luis también fue deficitaria por 1,7 por ciento pero no anticipó respuesta.
Achicar el gasto
Un informe reciente del Iaraf analiza “los principales desafíos fiscales para el próximo presidente” y advierte que en moneda de junio de 2023, el gasto real de este año cerraría en niveles un 11,6 por ciento menores que en 2017 y 5,7 por ciento más bajo que en el 2020 pandémico. En su estimación, el gasto podría cerrar en 32 billones de pesos a moneda constante.
Identifica dos etapas de reducción en el período reciente: una desde 2017 a 2019 y otra desde 2020 a 2023. Y aclara: “si alguien propone reducir el gasto en 2024, estaría partiendo de un nivel de gasto que ya se viene reduciendo, no es lo mismo que se plantee reducir un gasto que terminaría el año 2023 en mayores niveles que años previos”.
Su hipótesis de estimación es que en el segundo semestre de 2023 el gasto se reduciría a un ritmo similar al observado durante la primera mitad del año, un 5,3 por ciento real promedio.
En términos del PBI, entre 2017 y 2019 el gasto se redujo desde un 22,6 por ciento del PIB hasta 18,5 por ciento, es decir 4,1 puntos. Con la pandemia, el gasto subió hasta 24 por ciento del PIB, pues se combinó una suba real del gasto con una caída real del PIB, y en 2023 el gasto podría terminar en 19,8 por ciento del PIB, es decir otra caída de 4,2 puntos porcentuales respecto de la pandemia. La hipótesis de Argarañaz es también que el impacto inflacionario incidirá en el cálculo del ratio sobre PBI, manteniendo inalterada la meta de déficit primario de 1,9 por ciento del PBI acordada con el FMI.