La Policía Federal de Brasil puso en marcha un operativo para averiguar si durante el mandato de Jair Bolsonaro (2019-2022) la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) espió a políticos, gobernadores y jueces del Tribunal Supremo, como Alexandre de Moraes y Gilmar Mendes.
El principal objetivo de la operación es el exdirector de la ABIN y ahora diputado federal por el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, Alexandre Ramagem, quien dirigió la agencia entre julio de 2019 y marzo de 2022.
Además, en el marco de esta investigación fueron detenidos dos hombres y se ha suspendido a siete agentes que habrían participado en estos hechos.
Bautizada como Vigilancia Aproximada, esta operación forma parte de una investigación que se puso en marcha en octubre de 2023 llamado Primera Milla, que investiga el supuesto uso ilegal de la aplicación de rastreo FirstMile, refirió la agencia de noticias Europa Press.
Además de Mendes y de De Moraes, la ABIN habría rastreado ilegalmente los dispositivos móviles del expresidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y del exgobernador de Ceará y actual ministro de Educación en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, Camilo Santana, revelaron medios brasileños.
Bautizada como Vigilancia Aproximada, esta operación forma parte de una investigación que se puso en marcha en octubre de 2023 llamado Primera Milla, que investiga el supuesto uso ilegal de la aplicación de rastreo FirstMile, desarrollada por la empresa israelí Cognyte.
Al dar a conocer el operativo iniciado est ejueves -cuyas características no fueron reveladas-, la Policía Federal informó que se propone investigar a la presunta organización criminal que se instaló en la ABIN, cuyas oficinas ya fueron allanadas, para “monitorear ilegalmente a autoridades públicas y otras personas, utilizando herramientas de geolocalización de dispositivos móviles sin la debida autorización judicial”.
Según la policía, las pruebas obtenidas hasta ahora indican que se creó una estructura paralela en la ABIN y que se utilizaron herramientas y servicios de esta agencia de Estado para acciones ilícitas, como producir información para uso político y mediático, obtener beneficios personales e incluso para interferir en investigaciones de la Policía Federal, recogió por su parte la agencia de noticias Sputnik.
Los investigados pueden responder por delitos de invasión de equipo informático ajeno, organización criminal e interceptación de comunicaciones telefónicas o de informática sin autorización judicial o con objetivos no autorizados en ley.
Según revelaron investigaciones de la prensa local, la cúpula de la ABIN bajo las órdenes de Bolsonaro usó de forma irregular un software llamado Frist Mile, desarrollado por la empresa israelí Cognyte (ex Verint).
En total la policía investiga a 21 personas, incluido Ramagem, que actualmente es diputado federal (los agentes registraron su despacho en la Cámara de Diputados y su apartamento en Brasilia).
Ramagem sonaba como favorito a ser candidato del bolsonarismo a la alcaldía de Río de Janeiro en las elecciones municipales que se celebrarán en octubre de este año.
El actual director jefe de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues, dijo el 5 de este mes que el Gobierno de Bolsonaro espió desde la ABIN a 30.000 opositores y guardó los datos recabados ilegalmente en una nube de almacenamiento ubicada en Israel, denunció hoy.
“Estos datos de las personas, ciudadanos brasileños que fueron monitoreados, estaban siendo almacenados en la nube en Israel, porque la empresa responsable de esta herramienta es israelí”, dijo el comisario Rodrigues al canal de noticias GloboNews.
En 2016, los colaboradores de Bolsonaro infiltraron una informante en el Supremo Tribunal
Sin embargo, mucho antes de que Bolsonaro llegara al poder, sus colaboradores habían infiltrado como informante a una pasante que trabajó en el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil que abrió causas contra ultraderechistas y el propio expresidente por atentar contra la democracia, según conversaciones incluidas en el expediente del caso reveladas semanas atrás.
El escándalo de la infiltración se produjo con una pasante estudiante de Derecho que trabajó por tres años, hasta 2019, en el despacho del juez Ricardo Lewandowski, de acuerdo con lo que se puede extraer de las conversaciones, que se dieron a conocer públicamente el 6 de este mes.
Tatiana García Bressan, de 45 años, fue pasante hasta enero de 2019, cuando Bolsonaro asumió el cargo, pero durante la campaña electoral fue informando de todos los movimientos que registraba de los jueces de la corte a Allan dos Santos, uno de los principales comunicadores de la ultraderecha brasileña.