La Cámara de Diputados fue en estos días el espacio en el que resonaron serias advertencias, como la que tuvimos la oportunidad de realizar un conjunto de fuerzas políticas, junto a organizaciones sociales, gremiales, de PyMEs, de la ciencia, la cultura, los derechos humanos, etc.: la llamada “Ley Ómnibus” pretende llevar a la Argentina a una situación previa al Estado de bienestar, casi sin resguardos ni derechos para la mayor parte de las argentinas y los argentinos.
Aclararemos primero que las autoridades de la Cámara enviaron semejante proyecto a sólo tres comisiones, cuando su amplitud requería ser girado a 25 comisiones como mínimo. Esas tres, además, funcionan en plenario, como si fueran una única comisión muy grande.
Hay que recordar también que las comisiones hacen a la especialización de los temas y que juntarlas es un mecanismo que se utiliza a veces, cuando hay cercanía entre las iniciativas a tratar, pero nunca con un proyecto de esta magnitud.
Además, no concurrieron a dar explicaciones ni el jefe de Gabinete, ni el ministro de Economía. En suma, no se respetan las prácticas legislativas habituales.
El tratamiento parlamentario de la “Ley Ómnibus” viene mal desde donde se lo mire. Más aún cuando desde los máximos niveles del Poder Ejecutivo cotidianamente amenazan al Congreso queriendo enfrentarlo con la gente, al decir que “si no aprueban esta ley el ajuste va a ser más grande”.
Si bien por ahora las dificultades del oficialismo para conseguir el número de legisladores y legisladoras necesarios para aprobar el proyecto reflejan su imposibilidad de atender los distintos reclamos, sectoriales y regionales, muchos de ellos valederos, no hay que perder de vista que se pretende, centralmente, eliminar al Estado o recortar drásticamente sus funciones.
Hacia atrás
Lo que el gobierno nacional postula como objetivo es volver atrás, a comienzos del siglo XX, antes de la ley Sáenz Peña, que estableció el derecho al voto universal (masculino) secreto y obligatorio. O cuando la democracia estaba seriamente restringida o falseada, luego del golpe que derrocó a Hipólito Yrigoyen en 1930, mientras la economía y las pautas sociales se encuadraban según los intereses de minorías oligárquicas.
Desde entonces, a través de distintos hitos jalonados por las luchas populares y aún con avances y retrocesos, se fue consolidando un Estado que le puso ciertos límites a la acumulación que planteaba el capitalismo preexistente. Lo cual se tradujo en un enorme desarrollo de lo público, como fue el caso de los servicios energéticos y de agua, la salud, la educación, los transportes, etc.
Desde luego, el cuadro resultante dista de ser el óptimo y queda aún un importante desafío para resolver las necesidades elementales de diversos sectores de la población. Pero el sendero que propone el gobierno nacional difícilmente solucione esas urgencias.
Al contrario, lo que está a la vista es que en apenas semanas se fueron tomando medidas (básicamente la devaluación y el intenso incremento de precios “liberados”) que ensancharon el mapa de la pobreza y la desigualdad social.
En Davos
La justificación ideológica de esta política la expuso con detalles el propio presidente Javier Milei esta semana, durante su exposición en la cumbre de Davos, Suiza, cuando alertó sobre el “peligro colectivista” que se cierne sobre Occidente y denostó el concepto de justicia social. Es, dijo, “una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva (…) y a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad”.
De modo simultáneo al controvertido discurso del libertario, la organización Oxfam presentó un informe según el cual “a base de exprimir a sus trabajadores y trabajadoras, evadir y eludir impuestos, privatizar los servicios públicos y alimentar el colapso climático, las empresas están impulsando la desigualdad y generando una riqueza cada vez mayor para sus ya ricos propietarios”. Así, continuó, “desde 2020 la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha duplicado”, mientras durante el mismo período “la riqueza acumulada de cerca de 5.000 millones de personas a nivel global se ha reducido”.
En la Argentina actual también se apunta a un modelo de país claramente excluyente, como lo fue aquel de economía primaria, sin industria y con pocos habitantes de fines del siglo XIX y comienzos del XX.
Los primeros pasos en esa dirección ya se están viendo con la política de “corregir” los supuestos “precios relativos atrasados”: por ejemplo, las tarifas y los combustibles. En realidad, se empuja al conjunto de los productos y servicios, mientras los salarios y las jubilaciones van quedando atrás.
El cambio que se promueve es que las remuneraciones y los haberes previsionales valgan menos en términos reales, con la intención de elevar la rentabilidad empresaria, eliminar el déficit fiscal y liberar saldos exportables por vía del menor consumo.
Lo esperable es que la caída de ingresos de la mayoría haga caer la producción. Y cuando cae la producción, viene el desempleo con todas sus consecuencias.
Debe destacarse, en este marco, el reciente documento firmado por más de 1.500 referentes de la cultura, la ciencia, la política, los organismos de derechos humanos y los sindicatos, en el que se rechaza tanto la Ley Ómnibus como el DNU previo. En el primer caso, porque “sería la culminación de un desguace del Estado social de derecho que, bajo la excusa de su mal funcionamiento actual, se pretende destruir en vez de reparar”. Y en el segundo, porque “es ilegal e ilegítimo, atenta contra los trabajadores del sector privado, los trabajadores del sector público, los consumidores y usuarios, los inquilinos, los deportistas, los industriales, los comerciantes, trabajadores y trabajadoras de la cultura, además de poner en grave riesgo la soberanía nacional y el cuidado del ambiente”.
El documento, del cual soy firmante y a cuyo cierre adhiero especialmente, señala que quienes “creemos en una Argentina justa, soberana, independiente, plural, democrática y humana nos oponemos tajantemente a este atropello contra el Pueblo, y con la Constitución en la mano lucharemos para evitarlo, comenzando con la participación activa en la jornada nacional de protesta del miércoles 24 de enero”.
* Diputado Nacional de Unión por la Patria y Presidente del Partido Solidario