La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), que conducen el estatal Hugo Godoy y el visitador médico Ricardo Peidro, rechazó este miércoles las sanciones y multas impuestas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la movilización del 27 de diciembre último a Tribunales, y reivindicó “su pleno derecho a la protesta”.
Un documento de la conducción de la central obrera informó este miércoles que los dirigentes enviaron una carta-documento a la ministra y que denunciaron “persecución política” y “el intento de intimidar a la clase trabajadora con la imposición de multas como consecuencia de las movilizaciones convocadas los días 22 y 27 de diciembre últimos”.
La carta, firmada por Godoy y dirigida a Seguridad, sostuvo que “las afirmaciones e intimaciones de esos funcionarios son ilegítimas, improcedentes y mendaces”, y reseñó que el 10 de enero último Bullrich intimó a la CTAA y a otras organizaciones sindicales y sociales al pago de multas por participar en las movilizaciones del 22 y 27 de diciembre por la aplicación del ‘Protocolo Antipiquetes’, que consideró “una reglamentación que crea y sanciona supuestos delitos que no están encuadrados como tales en el Código Penal”.
“Esas intimaciones contra sindicatos y movimientos sociales son un burdo intento de amedrentamiento de los actores sociales en el legítimo ejercicio del derecho a manifestarse. Frente a esos intentos de sanción ministeriales, la CTAA ratifica derechos reconocidos de forma constitucional, como la libertad sindical, de huelga, de expresión, de peticionar a las autoridades, de reunión y de resistencia”, puntualizó el documento.
También alertó sobre “la posibilidad de hallarse lesionados de manera seria los derechos políticos consagrados en el artículos 23 de la Comisión Americana de Derechos Humanos (CADH)”, y advirtió que esas acciones oficiales constituyen “un abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público” por parte de la ministra Bullrich.
“Son inoponibles por nulas las resoluciones 943 y 949/23 y carente de imputación, por medio de las cuales se determinaron supuestos gastos que la CTAA desconoce y rechaza de cualquier organismo al que pretenda representar”, puntualizó Godoy en la misiva.
Además, negó “por imperativo procesal y no por la seriedad de la intimación/planteo, que se adeude suma alguna por cualquier concepto, y menos aún por haber ejercido los derechos reconocidos constitucionalmente”, por lo que la central “la intima a abstenerse de continuar en la ilegítima conducta expresada, bajo apercibimiento de efectuar todas las denuncias y acciones nacionales e internacionales frente a este abuso de autoridad”.