En el plenario de comisiones en Diputados hubo otra tanda de referentes culturales que explicaron cómo afectaría la Ley Ómnibus en cada sector. Diego Boris expuso como coordinador de la Mesa de la Industria y la Actividad Musical y compartió parte de su experiencia al frente del INAMU durante dos períodos (2014-2022) que abarcaron tres presidencias. El músico llevó dos propuestas concretas: por un lado, la eliminación del capítulo 3 dedicado a cultura y, por otro, la supresión de los artículos 350 y 351 que aluden a derechos intelectuales.
En relación al proyecto, criticó fuertemente la desfederalización, el desfinanciamiento y la discrecionalidad que impulsa el gobierno. “Los derechos intelectuales son una propiedad más genuina que la propiedad sobre los bienes materiales. ¿Por qué ahora el Estado quiere regularla cuando la sociedad civil a través de SADAIC, AADI, SAGAI, ARGENTORES, CAPIF, DAC y CADRA lo hace muy bien?”, cuestionó. Artistas como Charly García, el Indio Solari, León Gieco y Teresa Parodi brindaron su apoyo; Boris señaló que eso se debe a que “es el organismo que hubieran querido cuando tenían 20 años y firmaban contratos que los perjudicaban”, y cerró su alocución con las voces de Atilio Stampone, Leopoldo Federico, Donvi, Mercedes Sosa, Cerati y Spinetta en defensa de la Ley Nacional de la Música.
Celsa Mel Gowland habló como socia honoraria de la Unión de Músicxs Independientes (UMI) y miembro de la mesa de trabajo Por Más Músicas Mujeres en Vivo. La artista destacó el rol de INAMU, retomó la exposición de Boris y señaló una contradicción en la doctrina liberal que se jacta de achicar el Estado: “Con la Ley Ómnibus se le cambia su naturaleza jurídica: lo que hoy no es del Estado pasaría a ingresarse al Estado, o sea, aumenta la planta estatal”. Por otra parte, explicó que el organismo se maneja con fondos propios que no pertenecen al presupuesto nacional, informó que tiene un personal asalariado de 30 trabajadores y aseguró que con el proyecto “están atacando el corazón del organismo que es su federalismo”. También cuestionó el “ataque” al sector cultural y preguntó a los legisladores por qué quieren modificar “una experiencia de construcción colectiva exitosa y eficiente”. La música cerró con varias citas a Spinetta y una férrea defensa al INAMU en tanto “organismo federal, transparente, inclusivo y bien administrado”.
En nombre de la Confederación Argentina de Bibliotecas Populares, Gisela Pérez expresó su solidaridad con los trabajadores de CONABIP y pidió a los diputados: “No sean cómplices de este aniquilamiento y destrozo a instituciones que con mucho sacrifico levantamos y potenciamos en nuestras comunidades: en mula, a pie, en lancha, en bici, por los distintos lugares de la Argentina, en las villas, en los barrios populares, en las montañas, en contextos de encierro, en los parajes, en los pueblos, en las ciudades, en las islas y en cada rincón de nuestra república en donde si no hay una biblioteca popular no se accede a un libro de calidad”. Pérez apuntó a las modificaciones que figuran en la sección V (del art. 591 al 599) y advirtió que con ese articulado corren peligro más de 1500 bibliotecas populares, la CONABIP creada por Sarmiento en 1870 y el fondo especial reconocido por la Ley 23.351, que “no le saca plata a ningún
vecino” sino que se sostiene con un 5% de gravado sobre los juegos de azar. “Hoy estamos discutiendo el intento de arrasar con una política cultural con más de un siglo de vigencia, reconocida en el mundo por su eficacia, gestión y transparencia”, concluyó.