Desde Lima
El estallido de la violencia delincuencial en Ecuador encendió las alarmas en el vecino Perú por el temor que ese escenario se replique en su territorio. Esto en un país como el Perú que tiene un rol clave en la producción y tráfico de cocaína, donde la delincuencia va en aumento y la incapacidad del Estado para responder es notoria, la debilidad institucional se agrava, la corrupción es extendida y las economías ilegales, encabezadas por el narcotráfico y la minería ilegal, crecen y tienen importante presencia en el Congreso, controlado por la derecha capitaneada por el fujimorismo, que es el que le marca la pauta al gobierno. Tres expertos consultados por PáginaI12 analizan esa posibilidad.
“Perú y Ecuador tienen muchas cosas en común, pero hay una gran diferencia en lo que es el narcotráfico, que es lo que ha producido la violencia en Ecuador, donde el narcotráfico está en el vértice del poder político, del gobierno, mientras en Perú está presente en los niveles más altos del poder político, del Congreso, tiene todo el poder en el Estado, nadie lo combate. En el Perú hay un narcoestado. En Ecuador no hay una narcoburguesía con mucho poder económico y político como en el Perú. Esas diferencias hacen que aquí las mafias no necesiten enfrentarse al Estado. Para que lo van a hacer si ya lo controlan. Y en Perú los cárteles de la cocaína operan y conviven entre ellos sin problema. Un desborde de violencia en Perú no creo que venga por el lado del narcotráfico, pero podría darse por el crecimiento del delito de extorsión”, dice Jaime Antezana, investigador en temas de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo.
Narcopartidos
Antezana apunta al fujimorismo como el mayor representante político del narcotráfico: “Fuerza Popular (el partido encabezado por Keiko Fujimori) es el primer narcopartido del país. Fuerza Popular le abrió las puertas al narcotráfico. Hay otros narcopartidos en el Congreso, como Renovación Popular (del ultraderechista alcalde de Lima Rafael López Aliaga), Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Avanza País. Una alianza de estos partidos y el fujimorismo controla el Congreso. Narcotráfico, minería ilegal y corrupción mandan en el Congreso y el Congreso es el que ahora gobierna el país. La mayor parte de nuestra burguesía empresarial ha surgido del narcotráfico, que es el poder fáctico más importante del Perú”.
Los cultivos de coca en Perú, según datos oficiales, han subido de 54 mil hectáreas en 2018 a 95 mil en 2022. La producción anual de cocaína en el país se estima en unas 800 toneladas, se decomisa una mínima parte. La mayoría de la cocaína sale para Europa, fundamentalmente vía Brasil y los puertos peruanos del Pacífico. A diferencia de lo que ocurre en Ecuador, en el Perú la producción de cocaína está en manos de muchas pequeñas y medianas organizaciones locales. Los cárteles mexicanos, brasileños, balcánicos, italianos, compran la droga para exportarla.
La respuesta de militarización y declaratoria de conflicto armado interno por parte del presidente ecuatoriano Daniel Noboa gatilló las especulaciones de que esto impulse a que las bandas del crimen organizado ecuatoriano se trasladen al Perú, escapando para buscar refugio y nuevos territorios para sus negocios ilegales.
Ricardo Soberón, quien fue jefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas (Devida), la agencia antidrogas del Perú, asegura que ese riesgo existe. “Las bandas ecuatorianas -afirma- podrían desplazar al norte del Perú, fundamentalmente a departamentos fronterizos como Piura y Tumbes, pero no a todo el país. No creo que llegarían a Lima. Si ingresan al país, es difícil que en el norte del Perú se repita el escenario de violencia que hay en Ecuador. Eso no les conviene a estas bandas criminales. El norte del Perú lo ven como un escenario de respaldo que van a usar cuando lo necesiten. En Ecuador la principal violencia es por un enfrentamiento entre las bandas criminales y el Estado, en el Perú no hay voluntad política para combatirlas. Para las organizaciones que operan en Ecuador el puerto peruano de Paita, en Piura, y caletas más pequeñas, son alternativas para sacar la droga cuando no lo pueden hacer por Guayaquil. El uso del puerto de Paita puede aumentar con la militarización en Ecuador. La mayoría de cocaína que sale por Ecuador viene de Colombia, no del Perú. Si transportar cocaína colombiana por territorio ecuatoriano que va a estar militarizado va a ser difícil, la respuesta de los narcos va a ser buscar cocaína peruana. Pero eso no creo que genere una guerra de mafias por la cocaína peruana, lo que va a generar es una guerra de precios. No les conviene entrar a una disputa bélica en el Perú, donde tienen ventajas para operar. En Ecuador las cosas se resuelven a plomo, en el Perú con plata”.
El exviceministro del Interior Ricardo Valdés, director ejecutivo de la ONG Capital Humano y Social y coautor del libro Las economías ilegales y su impacto en el Perú, explica las similitudes y diferencias en el crimen organizado de ambos países: “En Ecuador el negocio criminal se estructura desde las cárceles, donde hay mucha violencia. Perú no tiene una estructura criminal manejando el gran delito desde las cárceles. La pugna entre los carteles mexicanos se ha trasladado a Ecuador, en el Perú no se da esa pugna. Y las muchas pequeñas y medianas organizaciones locales conviven en un entendimiento, comparten financistas, a los que no les conviene que se enfrenten. Que sean pequeños grupos de criminalidad organizada favorece al Perú, porque es más fácil combatirlos. En Ecuador hay una decisión muy fuerte de declarar el conflicto armado contra la criminalidad, aquí no existe esa decisión política. Una similitud es que los dos países tienen grandes economías ilegales que generan una rentabilidad muy alta”.
Valdés advierte que las consecuencias para el Perú de lo que ocurre en Ecuador pueden ser “complicadas”, tanto si la guerra declarada por el gobierno ecuatoriano al crimen organizado tiene éxito o fracasa. “Si el proceso de represión en Ecuador funciona -indica- se puede dar una migración de esa delincuencia al Perú como un escape y si les va bien se pueden quedar. Si la represión fracasa en Ecuador, las organizaciones criminales se van a empoderar más en ese país y fortalecidas podrían buscar ampliar sus negocios ilegales al Perú. Si las bandas ecuatorianas migran al Perú, el narcotráfico, que aquí está manejado por otras mafias, no sería su principal fuente de actividad, sino otros negocios ilegales, como la minería ilegal. El narcotráfico está metido en la minería ilegal, el oro ilegal, donde lava sus ganancias. En Perú la minería ilegal produce más dinero que el narcotráfico, anualmente unos cuatro mil millones de dólares, el narcotráfico algo más de 1300 millones de dólares”.
El gobierno de Dina Boluarte ha respondido a los sucesos en Ecuador militarizando y declarando el estado de emergencia en las provincias fronterizas con ese país. El objetivo, se ha señalado, es impedir el ingreso de la delincuencia ecuatoriana al Perú. Es una frontera extensa, de más de 1500 kilómetros de un territorio difícil, que va desde la costa hasta la Amazonía pasando por los Andes. Lo que las autoridades peruanas han obviado decir es que parte de las armas y municiones utilizadas por las bandas ecuatorianas vienen de las fuerzas armadas y la policía peruanas. Un tráfico de armas que evidencia la extendida corrupción en el país.
Soberón cuestiona las medidas tomadas por el régimen de Boluarte: “Enviar policías y militares a la frontera puede ser simbólico, tranquilizador para la opinión pública, pero no es efectivo para evitar el ingreso de bandas al Perú, ni el tráfico de armas y municiones peruanas a Ecuador”. Valdés también es crítico de la respuesta del gobierno peruano. “No siento -dice el exviceministro- que se tenga una mirada seria de lo que está pasando. Sin trabajo de inteligencia y sin información es dar palos de ciego, y estamos dando palos de ciego”.
Los mismos políticos que dicen estar alarmados por lo que sucede en Ecuador y gritan pidiendo mano dura contra la delincuencia para que ese escenario de violencia no se replique en el Perú, son los que desde el Congreso promulgan normas que favorecen a las economías ilegales y debilitan las leyes para combatir la corrupción y el crimen organizado.