Organizaciones sociales que forman parte de la Mesa Nacional de Barrios Populares reclamaron por la continuidad de la política pública de integración socio urbana, sostenida por los dos últimos gobiernos y reconocida internacionalmente en materia de derechos humanos y hábitat, ante la inclusión de artículos en el proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que “impactarían negativamente” en su desarrollo.
“Vemos con preocupación la inclusión de diferentes reformas en la propuesta de Ley ómnibus que se encuentra actualmente en tratamiento en el Congreso de la Nación que impactarían negativamente en la continuidad de esta relevante política de Estado”, expresaron las organizaciones a través de un comunicado difundido anoche en redes sociales.
Los artículos a los que refieren son el 211, que plantea “la eliminación de la asignación específica al financiamiento de la política de integración socio urbana” que actualmente es el 30% de lo recaudado por el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), y el 6, que “prevé la supresión de los fideicomisos públicos”, advirtieron.
En este sentido, el artículo 211 del proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos modifica el artículo 42 de la Ley 27.541, y elimina la disposición de que el 30% de lo producido por el impuesto sea distribuido para el “financiamiento de obras de vivienda social”.
“Las organizaciones sociales que formamos parte de la Mesa Nacional de Barrios Populares venimos trabajando desde hace años en la construcción de una política pública a largo plazo que permita el acceso a una vivienda digna a 1.200.000 familias de nuestro país“, advierte el texto difundido por las organizaciones.
Desde el 2016, la Secretaría de Integración Socio Urbana trabaja en el “diseño y ejecución de una política de Estado que ha generado mejoras impostergables con obras de infraestructura en la mayoría de los 6.467 barrios populares identificados”.
Además “se frenaron desalojos, se relevaron a las familias para que accedan a su Certificado de Vivienda Familiar y se llegó a más de 250.000 familias con conexiones a servicios básicos, mejorar miles de viviendas y escuelas, construir plazas, espacios deportivos y comunitarios a través del trabajo de las cooperativas conformadas por miles de vecinos y vecinas”, detallaron.
Esta política fue sostenida a lo largo de las presidencias de Mauricio Macri y de Alberto Fernández y fue reconocida internacionalmente a través del Concurso de Prácticas Inspiradoras 2023 de la Plataforma de Prácticas del Hábitat Urbano y Vivienda y Hábitat por la Humanidad (UHPH).
Frente a este panorama, las organizaciones propusieron a diputados, senadores y al presidente de la Nación, Javier Milei, “la eliminación del artículo 211 del proyecto de Ley ómnibus” y “el mantenimiento del fideicomiso como herramienta de gestión de la política pública”.
“No podemos dar marcha atrás ni retroceder con estas conquistas esenciales para los derechos de tantas familias, la única forma de revertir la exclusión estructural es con obras concretas en los barrios populares”, concluyeron.