La actuación de la Corte Suprema de Justicia durante 2023 estuvo signada por el juicio político a sus cuatro integrantes en el Congreso y la intervención en las elecciones de Tucumán y San Juan.
A mediados de enero, por iniciativa del presidente Alberto Fernández y con la firma del diputado del Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés, ingresó el pedido de juicio político en el Congreso fundado en un informe de más de 400 páginas que pedía, además, la citación de varios testigos y de los mismos ministros de la Corte.
El máximo tribunal volvería a convulsionarse internamente en abril, cuando, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y la disidencia del Ricardo Lorenzetti, se desplazó al administrador general de ese tribunal, Héctor Marchi, quien estuvo a cargo de la intervención de la obra social del Poder Judicial ante irregularidades graves en su administración bajo la órbita de un colaborador de Maqueda.
Marchi, con el apoyo de Lorenzetti, resistió la medida y denunció reiteradamente que había sido desplazado en represalia por su investigación de los desmanejos en la obra social.
En el mes de mayo, a pocos días de celebrarse las elecciones en la provincia de Tucumán, la Corte inhabilitó al entonces gobernador Juan Manzur para que se presentara como candidato a vicegobernador, fundando su decisión en que la candidatura violaba los límites constitucionales a la reelección ya que había sido gobernador por dos períodos y vice también por dos mandatos.
El 1 de junio, el máximo tribunal convulsionó de nuevo a la política cuando inhabilitó por mayoría al gobernador de San Juan Sergio Uñac para que se presentara como candidato a un nuevo período como mandatario provincial, al considerar que otra postulación sería inconstitucional.
La decisión fue firmada por Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz, en tanto que Lorenzetti no votó por no haber intervenido en el dictado de la medida cautelar que había suspendido las elecciones a gobernador y vice, pedida por la oposición en la provincia.
Poco tiempo después, a mediados de junio, la Corte Suprema confirmó la sentencia contra Arte Gráfico Editorial Argentino (Agea-Grupo Clarín) por la publicación de imágenes del cuerpo sin vida de Ángeles Rawson, la adolescente asesinada en 2013 en la ciudad de Buenos Aires.
Ya en la segunda mitad del año, en septiembre, Rosatti advirtió en una entrevista con el diario español El País, en su edición latinoamericana, que no se podía eliminar el peso como moneda de curso legal en la Argentina.
“Todos los candidatos deberían leer la Constitución. Esto es la letra de la Constitución, no es mi interpretación rebuscada, retorcida”, dijo sobre el deseo del entonces candidato, ahora presidente, Javier Milei, de convertir al dólar estadounidense como moneda nacional, y remarcó: “Hay que tener una moneda que se emita en la Argentina. Yo no puedo regular el valor de la moneda de otro país. Esa fantasía hay que terminarla”.
Menos de dos meses después la Corte rechazó una demanda de 350 millones de pesos por la Masacre de Napalpí bajo el argumento de que la entidad que reclamaba el resarcimiento, la Asociación Comunitaria Colonia La Matanza, no tenía legitimidad para hacerlo.
Como cierre del año, la Corte se declaró incompetente para entender en los reclamos de inconstitucionalidad en la reforma constitucional de Jujuy, al tiempo que decidió otorgar la cuarta banca del Senado en el Consejo de la Magistratura al senador del PRO Luis Juez.
Sin embargo, en el último día antes de la feria, el tribunal aceptó intervenir ante una presentación del Gobierno de La Rioja contra el DNU de desregulación económica firmado por el presidente Milei, aunque tratará el caso después de la feria judicial de enero.