La propuesta de derogación de la Ley Nacional del Teatro, que implica el cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT) y está incluida en el paquete de reformas enviado por Milei al Congreso, fue un cimbronazo para el sector. El organismo dedicado al fomento de la actividad ya tenía un director designado -aunque no oficialmente- por el nuevo gobierno, Mariano Stolkiner, quien se enteró “de manera completamente inesperada” de la noticia. “No encuentro respuesta a la razón para la cual fui convocado”, expresó en un comunicado. Quienes actualmente ocupan cargos en el INT y sus trabajadores rechazaron el proyecto porque “aniquilaría la actividad teatral independiente argentina”. Piensan un plan de lucha con otras entidades. De momento, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, no da explicaciones.
El repudio de la comunidad artística al desfinanciamiento total del teatro fue enfático. Con la ley ómnibus, el Gobierno intenta llevarse puestos a una norma que es una conquista histórica de los teatristas y a un organismo federal con representantes en cada provincia que permite la llegada de recursos a todo el territorio nacional. Se expresaron los artistas en sus redes y organizaciones como la Asociación Argentina del Teatro Independiente, la Asociación Argentina de Actores y Actrices, la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica y la Red de Salas Teatrales de la Provincia de Buenos Aires.
Laura Vinaya es la secretaria general del Instituto. Su cargo sigue, en jerarquía, al de director ejecutivo. Contó a Página/12 que este jueves hubo una reunión de los integrantes del organismo con entidades de la comunidad teatral de todo el país. Acordaron encarar una “lucha amplia”, sumando a otros sectores, no sólo de la cultura. “Y ya estamos empezando a comunicarnos con legisladores“, informó. Asimismo, los consejeros regionales y representantes del Quehacer Teatral Nacional están esperando conversar con Cifelli. El encuentro podría concretarse el 5 de enero. De momento, “la vida funcional del organismo y los compromisos adquiridos con la actividad están paralizados”, señala el comunicado de los consejeros, los representantes provinciales, directores de áreas, integrantes del jurado y trabajadores del INT. Como el director no fue designado mediante el Boletín Oficial, el Consejo de Dirección no puede funcionar formalmente como tal. Todos los que lo integran firmaron el documento.
La ley ómnibus afecta al teatro en más de un sentido. La Ley Nacional del Teatro, N°24.800, de 1997, determina que la actividad teatral, “por su contribución al afianzamiento de la cultura”, debe contar con “promoción y apoyo del Estado Nacional”. Creó el INT, que otorga subsidios y becas a grupos, salas, artistas y eventos; organiza concursos, certámenes, muestras y festivales; y estimula la conservación y creación de espacios, entre otras cosas. También está dentro del paquete la derogación de la Ley N°14.800 (más antigua, de 1959), según la cual en el caso de demolición de una sala teatral el propietario de la finca tiene la obligación de construir una de características similares en el nuevo edificio. Para quienes se desempeñan en el INT, la eliminación de estas leyes “se plantea sin fundamentación, de manera arbitraria y sin el reclamo de ningún sector que demande esta derogación”.
Dentro del nuevo gobierno, el INT no sólo tiene un director elegido por el secretario de Cultura -quien había anticipado un “ajuste” y una “reducción” del área, pero ninguna medida de estas características- sino que además forma parte del organigrama del Ministerio de Capital Humano, como organismo descentralizado. Otra incoherencia.
En la arena política, esta letal tentativa de ajuste tuvo un preámbulo: las declaraciones que hizo el sábado el ideólogo del mega DNU Federico Sturzenegger, quien llegó a vincular al Instituto con La Cámpora y denunció, sin pruebas, una articulación espuria en el manejo de los fondos. Todo para justificar cambios en el modo de financiamiento de los organismos culturales. Fue entonces cuando las autoridades del organismo reaccionaron y le pidieron, de manera pública, una reunión de carácter urgente a Cifelli. Hace días que el funcionario no habla con la prensa. Ante las novedades, no respondió a la consulta de este diario.
El comunicado de Stolkiner -reconocido director y dramaturgo, además de gestor de la sala independiente El Extranjero- es extenso. Cuenta que por motivos personales no podía asumir el cargo hasta mediados de enero pero que, “en torno a un período de transición”, ya había comenzado a trabajar para interiorizarse en “el funcionamiento y el estado de la institución, conociendo a la gente que en ella trabaja”. “En todo momento la articulación con la Secretaría de Cultura fue en favor de sostener su normal funcionamiento”, detalla. Y hace pública su “enorme y urgente preocupación frente a esta medida”.
“A este Instituto, que fue creado (…) por impulso de importantísimos referentes de nuestro campo cultural, le debo una gran porción de lo que soy hoy como artista. Sin la existencia de este instituto, una enorme cantidad de hacedores no hubiera podido crecer dándole desarrollo a sus espacios de creación, posicionando al teatro argentino como uno de los más importantes a nivel mundial, lleno de valores que funcionan como difusores de nuestra cultura, no sólo hacia adentro de nuestro territorio, sino que aún cruzando las fronteras para instalar un sello de excelencia alrededor de nuestro quehacer teatral en el mundo”, expresó Stolkiner.
Es contundente, también, el mensaje de la Asociación Argentina de Actores y Actrices: el nuevo paquete de reformas es el “avance más violento en la historia reciente contra leyes fundamentales creadas para sostener” la “identidad” de artistas y trabajadores de la cultura.