La derogación de la Ley de Alquileres a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei es un nuevo capítulo en la saga de marchas y contramarchas que ha tenido esta norma y que generaron gran incertidumbre entre propietarios e inquilinos, especialmente. Vuelven a aparecer los interrogantes: ¿en qué moneda se pautarán los contratos?, ¿cuál será su duración y cada cuánto el período de ajuste?, ¿se aumentarán siguiendo qué propuesta?, ¿qué garantías se exigirán a las y los inquilinos?
“Desde siempre hemos sostenido que el Estado no debe inmiscuirse en un mercado que se maneja por acuerdos libres entre privados, por lo que apoyamos que se dé de baja esta Ley, que tanto daño ha hecho al sector. Verdaderamente las dos últimas leyes fueron nefastas. Nos llevaron a un escenario de oferta cero, generando un daño terrible a las familias que alquilan”, sostiene Marta Liotto, expresidente del Colegio Inmobiliario de Capital Federal en diálogo con PáginaI12. Sin embargo “aún no se conocen los detalles y alcances de la normativa, como la moneda en la cual se realizarán los contratos”, aclara. Para agregar: “es importante también tener en cuenta qué tipo de derivaciones legales podría tener, por ejemplo, si alguien decide judicializar las determinaciones del DNU”.
“La supuesta promesa de que una desregulación conllevará una mayor oferta y por ende una baja en el precio de los alquileres es un completo absurdo”, sostiene Leandro Vera Belli, coordinador área Derechos Económicos Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “La Ley de Alquileres fue achacada como la culpable de todos los males del mercado pero este año, por ejemplo, se modificó incluyendo aumentos semestrales en lugar de anuales y en beneficio del propietario: la solución no es derogar la ley sino ampliar las discusiones”, indica.
Al igual que Milei, los propietarios insisten en que el alquiler es un contrato entre partes que deberían negociar libremente. Pero “el hecho de que la acción sea un vínculo entre privados es independiente del marco legal que como sociedad hemos decidido que esa relación debe realizarse”, advierte Sergio Rosanovich, economista y docente universitario. “La Ley de Alquileres, similar a la ley que regula las relaciones laborales, existe porque así fue determinado por un consenso colectivo de la sociedad. La principal preocupación será qué legitimidad le otorgaremos en el futuro a la construcción de esos consensos y la sanción de leyes”, anota.
Para Gervasio Muñoz, representante de Inquilinos Agrupados, “derogar esta Ley a través de un DNU carece de toda legalidad y desde la Federación de Inquilinos Nacional vamos a plantear la inconstitucionalidad”, pero entonces recaerá en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia, y se pregunta, en ese sentido, si “¿ya hay un arreglo con la Corte?”. Por otro lado sostiene que “el gobierno puede declarar la Emergencia Habitacional para derogar la Ley por DNU, sin embargo ese decreto no debería ser regresivo en materia de derechos, según sostiene la Constitución Nacional: por ejemplo en pandemia la Emergencia permitió impedir desalojos ampliando el derecho a la vivienda”.
Asimismo advierte que los contratos vigentes deberían respetarse, pero es posible que ocurra lo contrario. “Todos los que tienen contrato bajo la Ley de Alquileres seguirán hasta su finalización. Pero eso es en términos teóricos. En términos de la vida real lo que va a suceder es muchísima presión por parte de propietarios e inmobiliarias para firmar contratos nuevos“, aclara Muñoz.
“Siendo el alquiler el principal gasto de los hogares inquilinos (que son cada vez más), no dar cuenta de que un contrato de alquiler ampara una relación que es desigual y no contemplar algún tipo de regulación de esa desigualdad puede resultar bastante dramático: esto tendrá consecuencias en el desplazamiento y en el hacinamiento de los hogares, que son cosas que ya estamos viendo pero que van a empeorar”, señala Florencia Labiano, socióloga y profesora universitaria. “Si desregulás los alquileres, hacés un ajuste y la inflación se triplica, entonces las consecuencias no son solo habitacionales, sino sociales”, agrega Muñoz.
“En un contexto de aceleración inflacionaria, hoy en día la Ley contiene elementos protectorios, como atar los aumentos a un índice. Sin esto último, el propietario podría exigir que los aumentos sigan al precio de la nafta, del pan o lo que se le ocurra”, observa Vera Belli del CELS. “Por otro lado, el aumento del costo de transporte encarecerá aún más la vida en los hogares alejados del centro”, agrega Labiano para tener en cuenta el combo inflacionario. En resumen, “la desregulación introduce problemas pero no está claro las soluciones que propone”, explica. Ante la incertidumbre, es importante tener presente que desde la Federación de Inquilinos Nacional comenzaron a activar la realización de asambleas en distintos puntos del país.