Las encuestas para el plebiscito que aceptaría o rechazaría la nueva Constitución redactada en Asamblea Constituyente en Chile, indican que por segunda vez, el proceso de reforma sería rechazado por la población.
Con un tibio despliegue en las principales ciudades del país, concluyó este jueves el periodo de campaña electoral previo al nuevo plebiscito constitucional del domingo 17 de diciembre, jornada en la que más de 15 millones de personas están llamadas a las urnas para manifestarse “A Favor” o “En Contra” de la nueva propuesta de ley fundamental, redactada durante cinco meses por un órgano constituyente de mayoría conservadora.
A diferencia del proceso constitucional anterior, los comandos decidieron realizar cierres de campaña austeros, centrados en un despliegue territorial en las principales ciudades del país.
Todas las encuestas publicadas antes de la veda electoral a inicios de mes vaticinan que la ciudadanía rechazará la propuesta constitucional, aunque la población que la aprueba ha ido subiendo en las últimas semanas.
El dilema de la izquierda
La izquierda propone rechazar la propuesta de reforma y la incógnita es cuánto afectará su campaña un caso de corrupción al que estaría ligado uno de los partidos más grandes de la coalición oficialista (Revolución Democrática), la cual ha tomado impulso en los últimos días con la detención de dos personas por la Justicia chilena.
Así terminan los 37 días de campaña que, además de despliegue territorial en todo el país, incluyó franjas televisivas en horarios de mayor audiencia. Desde la posición “En Contra”, el vocero Gabriel Osorio (Partido Socialista) afirmó a medios locales que el texto propuesto “está configurado para establecer un solo tipo de visión de sociedad; conservadora e individualista. En caso de aprobarse un tan mal texto como el que se está proponiendo, va a requerir numerosas reformas“.
La vocera de la opción “A Favor”, Pauline Kantor, dijo que “es muy importante y es un avance tener en la Constitución una Fiscalía de las Víctimas, una Fiscalía Supraterritorial, un mejoramiento en el control de las fronteras. Creo que cuando algo está consagrado en la Constitución le da un peso mayor“.
El texto, compuesto por 17 capítulos y 216 artículos, incluye polémicos lineamientos sobre derechos reproductivos, migración y derechos de agua, además de incorporar la noción de un Estado social y democrático de derecho.
No habrá tercera propuesta
Se trata del segundo proceso constitucional que vive Chile, tras el que concluyó en septiembre de 2022 con un contundente rechazo del electorado a un proyecto escrito por una convención izquierdista. Si este nuevo texto se rechaza el 17 de este mes, seguirá vigente la actual Constitución y el Gobierno del presidente Gabriel Boric ya ha adelantado que no impulsará un tercer proceso.
El rumbo que tomó el segundo proceso constituyente atrapó al progresismo chileno en una gran paradoja: tener que defender la Constitución vigente que repudió durante décadas por su origen dictatorial, ante la posibilidad de aprobarse una propuesta de carta magna con sello conservador y considerada más regresiva que la heredada del régimen.
La extrema derecha y la derecha tradicional nunca apostó por cambiar la Constitución de Pinochet, pero dadas las circunstancias, defienden en el plebiscito de este domingo sustituirla por la nueva redacción. Por el lado de la izquierda, quienes siempre habían insistido en una nueva propuesta, ahora apuestan por mantener la anterior constitución porque la reforma propuesta ahora es peor.
“Tal y como quedó la Constitución del 1980 reformada es mucho mejor que esta propuesta de nuevo texto constitucional, que refuerza normas que antes fueron problemáticas”, dijo la politóloga de la Universidad de Chile Claudia Heiss.
La nueva mayoría de derecha
Los conservadores, que tuvieron mayoría en el consejo que escribió el nuevo proyecto, defienden que “recoge” preocupaciones actuales como la seguridad o la migración, y aseguran que su aprobación pondrá fin a los cuatro años de incertidumbre institucional que provocó el estallido social de 2019. La izquierda, en cambio, califica el texto de “dogmático” y denuncia que supone “retrocesos” en derechos sociales.
Si gana el “En contra”, “la actual Constitución habrá sido validada en dos ocasiones”, recordó el académico de la Universidad de Talca Mauricio Morales: en el plebiscito de septiembre de 2022, cuando se rechazó un texto redactado por un órgano de mayoría progresista, y ahora. “De ser así, caería por tierra la tesis vinculada al problema constitucional en Chile y se abrazaría como opción el regreso al reformismo”, añadió.
¿De vuelta al reformismo?
El presidente chileno, Gabriel Boric, y su coalición de gobierno ya avisaron que no apoyarán un tercer proceso: “Hay hastío ciudadano y un crecimiento del malestar político por la falta de respuestas”, dijo el académico de la Universidad Diego Portales Vicente Inostroza.
Sin margen para un nuevo intento, cualquier avance en materia constitucional tendrá que pasar por una reforma en el Congreso, que hace un año redujo los quórums para modificar la carta magna y acabó así, con uno de los “grandes cerrojos” –dice Heiss– que tenía el texto actual.
Este avance, opina la académica de la Universidad de Santiago, Carolina Segovia, “podría facilitar un episodio multirreforma, pero dependería de la composición del próximo Parlamento tras la elección del 2025, porque con el actual será difícil avanzar en reformas constitucionales, salvo en temas con amplio apoyo”.
A los bandazos
Los bandazos que ha tenido la reforma constitucional en Chile desde el estallido social de 2019 son asombrosos. Cuando en 2021 se eligieron nuevos constituyentes, la mayoría fueron de izquierda y centroizquierda, y solo el 20 por ciento fue de derecha. Pero al año siguiente, el texto –muy progresista en derechos sociales y ecologismo– fue rechazado en plebiscito.
En 2023 se eligió por votación un Consejo Constitucional donde los partidos de derecha y ultraderecha alcanzaron la mayoría. El resultado fue una constitución muy conservadora. El partido de los Republicanos propone un cambio ligado al derecho al aborto: se protege “la vida de quien está por nacer”, en lugar de lo que dice la constitución actual (protege “la vida del que está por nacer”). Esta sutileza entraría en colisión con la ley de aborto actual, ya que se pasaría a proteger la vida desde la concepción hasta la muerte. La ley actual permite el aborto si está en riesgo la vida de la madre, si hay inviabilidad del feto y en caso de violación. Esto podría llegar a eliminarse con una nueva ley.
La nueva constitución le daría rango constitucional a la expulsión inmediata de extranjeros que hayan entrado al país de forma clandestina, algo que choca con el principio de no devolución que está en los tratados internacionales suscritos por Chile. También se convertiría al agua en una mercancía, dando rango constitucional al negocio en torno suyo.
Otro artículo garantizaría la existencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) –jubilación privada– impidiendo crear un sistema de reparto, lo cual fue un reclamo de las movilizaciones de 2019. También se legislaría que la huelga solo se pueda ejercer en el marco de la negociación colectiva. En la educación también habría retroceso: se establece el financiamiento por estudiante (voucher) el cual iría a escuelas y universidades privadas. El estado se convierte en “sostenedor y no garantizador” del derecho a la educación. También en salud pública se cierra la posibilidad de crear algún sistema con lógicas solidarias.