Desde Lima
La presidenta Dina Boluarte, acusada por la muerte de medio centenar de personas en la represión a las protestas contra su gobierno, ha cumplido un año en el poder liberando al exdictador Alberto Fujimori, que estaba en prisión con una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad. Una decisión que refleja lo que ha sido este primer año de convulsionado gobierno: restauración conservadora y autoritaria, estrecha cercanía con el fujimorismo y otros sectores de extrema derecha, desprecio por los derechos humanos y desacato a las normas y organismos que los defienden.
Fujimori pasó el primer día fuera de prisión en la casa de su hija, la excandidata presidencial Keiko. No ha hecho declaraciones. El exdictador está libre, pero podría volver a prisión. El 18 de diciembre empieza un nuevo juicio en su contra por el secuestro y asesinato de seis campesinos en enero de 1992. Este crimen fue cometido por el destacamento clandestino del ejército llamado grupo Colina, el mismo que cometió las matanzas de Barrios Alto y La Cantuta por las que Fujimori fue sentenciado. Los abogados de las víctimas han pedido prisión preventiva mientras dura este proceso, que podría terminar en una nueva condena. La fiscalía ha solicitado arresto domiciliario.
Con la liberación de Fujimori, Boluarte se enfrenta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que le había señalado debía abstenerse de dejar libre al exdictador. Esta situación ha activado las voces de la derecha que piden que el Perú retire de esta Corte. Boluarte está acusada por las muertes por disparos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes opuestos a su gobierno, una acusación que podría llegar a la Corte IDH, cuyas resoluciones ha desacatado.
Un fujimorismo envalentonado después de la liberación de su líder ahora pretende ir más allá del indulto buscando la anulación de la condena a Fujimori por crímenes de lesa humanidad. Así lo anunció su abogado, Elio Riera. Tienen importantes aliados en el Tribunal Constitucional (TC). Esta pretensión de revisión de esa sentencia es parte del intento del fujimorismo y otros sectores de derecha de reescribir la historia para negar las violaciones a los derechos humanos y poner a los victimarios como víctimas.
La liberación de Fujimori ha provocado el rechazo e indignación de amplios sectores nacionales y organismos internacionales. Este jueves, cuando se cumple un año del gobierno de Boluarte, el rechazo a ese indulto se sumó en las calles a las voces que exigen la renuncia de la presidenta y el cierre de un Congreso controlado por una derecha que utiliza esa posición para copar las instituciones y sacar normas que limitan la democracia, restringen derechos y amplían las facultades represivas. Todo ello en complicidad con el Ejecutivo. A las demandas “que se vayan todos” contra quienes han tomado el poder y a las exigencias de “elecciones ya”, se sumó la proclama “el indulto es un insulto”. Las movilizaciones de protesta, contra Boluarte y la liberación de Fujimori, se dieron en las principales ciudades del país.
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que está procesado por corrupción, reapareció para defender el indulto que le dio a Fujimori en 2017 y que ahora ha servido para liberar al exdictador, después que una decisión dividida el TC lo resucitó luego que había sido anulado por ser considerado ilegal al no cumplir los requisitos para un perdón humanitario. Kuczynski apoyó que se incumplan las resoluciones de la Corte IDH, a la que calificó como “una cueva de rojos”.
Uno de los magistrados del TC, Manuel Monteagudo, que se opuso a la liberación de Fujimori, ha denunciado irregularidades en la resolución de este tribunal. Calificó como “muy preocupante” que el TC señale que no se debe cumplir lo resuelto por la Corte IDH. Advirtió que eso “pone en cuestión nuestro estado de derecho”.
Human Rights Watch (HRW) ha indicado que la liberación de Fujimori “viola las obligaciones internacionales del Perú” y ha señalado que la Corte IDH debe remitir este incumplimiento a la Asamblea General de la OEA para que tome acciones por este desacato. “La liberación de Fujimori es una bofetada a las víctimas de atrocidades. La OEA debería examinar esta liberación en el contexto de la gravísima erosión del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en el Perú”, afirmó Juanita Goebertus, directora de las Américas de HRW.
El arzobispo Pedro Barreto calificó el indulto a Fujimori como “una cachetada al país, que nos duele en el alma, nos indigna”. El abogado y politólogo Juan de la Puente indicó que “la ilegal liberación de Fujimori patentiza la alevosía del régimen, un país sin derechos humanos se pone en el último escalón de la democracia”.
El primer año de gobierno de Boluarte, conmemorado con una liberación de Fujimori que viola el derecho internacional, está marcado por una brutal represión que dejó 49 personas muertas por disparos contra manifestantes. Una crisis económica recesiva y un incremento de la inseguridad ciudadana por la creciente delincuencia, también son signo de este primer año de gobierno, que Boluarte cierra con una aprobación de apenas ocho por ciento.
El fujimorismo celebra la liberación de su fundador, pero en estos días también ha tenido una dura derrota con la separación de su cargo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, una aliada del fujimorismo, que ha sido suspendida por seis meses por la Junta Nacional de Justicia luego que se revelara que su principal asesor compraba votos en el Congreso a cambio de archivar investigaciones fiscales contra legisladores. En estos seis meses será investigada, luego de lo cual podría ser destituida definitivamente.