El expresidente de Perú Alberto Fujimori, quien cumplía una sentencia a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, fue indultado este miércoles, 24 horas después de que fuera beneficiado con un fallo del Tribunal Constitucional. La información la publicó el diario local La República. Según la prensa local, el exdictador dejó el penal de Barbadillo.
El indulto a Alberto Fujimori no lo libera de pagar unos 57 millones de soles (unos 15 millones de dólares) de deuda por reparación civil por los casos de corrupción, dijo este miércoles la procuraduría anticorrupción en un comunicado. La procuraduría afirmó que el monto no puede ser cobrado mediante la incautación de su “pensión vitalicia” porque Fujimori desistió de cobrar su pensión en su condición de ex presidente y no cuenta con ningún bien o propiedad registrado a su nombre.
Una medida polémica
Por su parte, el Tribunal Constitucional de Perú había ordenado la liberación de Fujimori, quien cumple una condena por abusos a los derechos humanos, días después de que un juez local rechazó dar curso a un indulto humanitario concedido al político hace unos años.
El ex mandatario recibió el indulto del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski en víspera de la Navidad de 2017, pero tras unos meses en libertad fue devuelto a prisión por la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tras los reclamos de familiares de las víctimas de abusos. En el Tribunal Constitucional había emitido otro fallo a favor de Fujimori, pero quedó nuevamente suspendido.
Fujimori, de 85 años, fue condenado por ser autor mediato de la matanza de 25 personas en los casos Barrios Altos en 1991 y la Universidad La Cantuta en 1992, mientras su Gobierno enfrentaba a la guerrilla izquierdista de Sendero Luminoso.
Los simpatizantes del expresidente lo recuerdan como un líder de mano dura que salvó al país del terrorismo y una crisis económica a fines del siglo pasado, pero sus detractores afirman que fue un déspota que disolvió el Congreso en 1992 y violó los derechos humanos para mantenerse durante una década en el poder.
Su hija mayor y heredera política, Keiko Fujimori, está a punto de ser juzgada por lavado de activos al sospecharse que recibió aportes ilegales para sus campañas de la constructora brasileña Odebrecht y de un banco local. Keiko, en su tercer intento por ganar la presidencia de Perú, perdió en 2021 unas apretadas elecciones frente al ahora destituido ex mandatario Pedro Castillo.
El pedido de la CIDH
Más temprano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había pedido al gobierno peruano que se abstenga de liberar a Fujimori hasta revisar si la orden que publicó ayer el Tribunal Constitucional (TC) cumple con la jurisprudencia continental, en horas en que su excarcelación se anuncia como inminente.
El organismo pidió al país andino que “se abstenga de ejecutar la orden” del TC, con fecha del 4 de diciembre y dada a conocer ayer, donde se ordenó la “inmediata libertad” de Fujimori, hasta tanto la CIDH “cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones” de sus sentencias previas, según indicó en una resolución publicada en su sitio web.
El documento del tribunal interamericano, con sede en San José, Costa Rica, fue firmado el martes por su presidente, Ricardo Pérez Manrique, y difundido en momentos en que la prensa peruana anunciaba la liberación de Fujimori.