El Tribunal Oral Federal 2 de esta capital condenó este miércoles a 25 años de prisión e inhabilitación perpetua a un exsubcomisario y a tres exgendarmes por delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo que funcionó en los centros clandestinos de detención conocidos como “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” (ABO), durante la última dictadura cívico militar.
El tribunal integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Nicolás Toselli, dio a conocer el veredicto del quinto juicio de la causa ABO, donde determinó que los hechos juzgados son crímenes de lesa humanidad, ante una multitud que aguardó expectante la sentencia bajo la lluvia frente a las puertas de Comodoro Py.
De esta manera, el TOF 2 resolvió condenar a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, a cuatro de los cinco imputados: el exsubcomisario en la Superintendencia de Seguridad Federal Carlos Infantino, el excomandante segundo jefe del Destacamento 1 de Gendarmería Hugo Luis Medina, el exprimer alférez Sergio Raúl Nazario y el exgendarme Miguel Lugo.
Esta fue la primera vez que los cuatro condenados fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad y responsabilizados por secuestros, tormentos y delitos contra la integridad sexual cometidos durante el terrorismo de Estado en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo, en perjuicio de 385 víctimas.
En tanto, los magistrados determinaron la absolución del exsargento Miguel Pepe -a pesar del pedido de la fiscalía de prisión perpetua- y rechazaron el derecho a la verdad para las víctimas endilgadas al exsubcomisario Jorge Ahmed, quien falleció un mes antes de comenzar este proceso judicial.
Asimismo, el tribunal informó que los fundamentos de la sentencia se leerán el próximo 8 de marzo.
Previo a la lectura de la sentencia, Nazario y Medina ratificaron sus declaraciones de inocencia al pronunciar sus últimas palabras.
“Quiero poner en evidencia que he sido víctima de una fábula guionada con el propósito de perjudicarme. No tuve ninguna participación ni conocimiento de los hechos que se me imputan. No se pudo probar mi autoría en los delitos por las falsedades y mentiras esbozadas. Es peligroso estar tanto tiempo impulsando relatos de agravios, ataques y descalificaciones personales que van formando una cultura simbólica de desprecio social”, señaló Nazario ante los jueces.
El imputado evaluó que a lo largo de las audiencias de este juicio se consiguió “fascinar a un gran número de ajusticiadores que han perdido la capacidad de reflexión” y negó haber participado del Operativo Independencia que se desplegó en Tucumán contra el accionar guerrillero en esa provincia entre 1975 y 1976.
Por su parte, Medina sostuvo que “en todo el proceso no existe prueba concreta sobre las actuaciones que se me imputan” y remarcó que “no hay peor condena que la que puede recibir un inocente”.
“Esa es mi situación en esta causa. En este proceso, escuché sobre crímenes horrorosos en los que nunca tuve participación, conocimiento y mucho menos pude ordenar. Soy inocente y me siento agraviado. No está probado que estuviera en el Olimpo porque nunca fui convocado a ese lugar”, argumentó.
El juicio comenzó en junio del año pasado luego de que en juicios anteriores se comprobara que se operó en los mismos centros con el mismo personal y las mismas lógicas represivas.
El Atlético funcionó en la división Suministros de la Policía Federal Argentina. El Banco se ubicaba en la división Cuatrerismo de la policía de la provincia de Buenos Aires, en el partido de La Matanza. El Olimpo, de la división Mantenimiento de la Policía Federal Argentina. Se comprobó el funcionamiento de este circuito represivo desde principios de 1977 hasta los primeros meses de 1979.
En esos juicios fueron condenados integrantes del Ejército, del Batallón de Inteligencia 601, de la Policía Federal Argentina, del Servicio Penitenciario Federal y de Gendarmería Nacional.
En tanto, el imputado subcomisario José Ahmed Estrada se desempeñaba en la Dirección General de Inteligencia y en el Departamento de Situación Subversiva de la Policía Federal y tenía autoridad sobre los tres centros clandestinos del circuito ABO pero falleció un mes antes del inicio del juicio oral que comenzó en junio del año pasado.
La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó que en el debate se incluyan los hechos que se le imputaban en base al derecho a la verdad de las víctimas.