Doce estudiantes del colegio secundario San Juan Evangelista, en La Boca, fueron imputados por el delito de “amenazas agravadas” y la Justicia dispuso una medida perimetral para impedir que se acerquen a sus compañeras, por una serie de mensajes que enviaron en un chat con intimidación de secuestro y abuso sexual contra alumnas de la misma institución.
Los mensajes del grupo de Whatsapp se viralizaron rápidamente por las redes sociales debido a su carga de violencia extrema. Frente a esto, en la escuela comenzaron a realizar capacitaciones y se abrieron espacios de escucha para abordar la problemática de manera integral.
El titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires, Mauro Tereszko, se apersonó este martes en el colegio para recabar datos y notificar las medidas restrictivas. Se trata de una restricción perimetral para que los imputados no puedan acercarse a las estudiantes afectadas.
Además, la carátula con la que se investiga la causa se modificó de “amenazas” a “amenazas agravadas”, en referencia al artículo 149 bis del Código Penal, que establece que “será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.
El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires informó que la dirección del Colegio San Juan Evangelista tomó conocimiento hace dos semanas del chat donde los alumnos se intercambiaron mensajes “altamente ofensivos y con contenido de violencia de género”.
Las fotos del intercambio fueron reveladas por la usuaria @afterglowflor en la red social X, quien en un posteo que hasta este martes ya tenía 4,7 millones de visualizaciones, indicó: “Me escribieron para que cuente una situación que está pasando en el colegio San Juan Evangelista de La Boca, donde un grupo de varones de cuarto año estaban planeando secuestrar y violar a algunas de sus compañeras. Voy a dejar los chats abajo, pero dejo acá la advertencia de que son bastante fuertes”.
Ante los hechos, el colegio activó el Protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia de género y discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género o su expresión.
La escuela también comunicó la situación ante el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Ministerio de Educación, al tiempo que separaron preventivamente del establecimiento a los estudiantes implicados, “garantizando su continuidad escolar al ofrecer un dispositivo remoto para la definición de las instancias de acreditación y promoción de los aprendizajes”, como indicó la cartera educativa.
“Nuestra labor en este tema es brindarles soporte con todas las herramientas que tiene el Consejo a requerimiento del Ministerio para trabajar en tareas de concientización con capacitaciones, talleres a disposición de toda la comunidad educativa de esa escuela”, informaron desde el Consejo.
El colegio también pidió orientaciones a sus asesores institucionales y a la organización no gubernamental “Grooming Argentina” para realizar un abordaje integral de la problemática.
Desde la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP) del Ministerio de Educación porteño se brindó apoyo institucional al realizar una reunión con el equipo directivo y con los docentes “para brindar un espacio de escucha y se delinearon criterios y recursos para el manejo de la situación”.
Además, en conjunto con las autoridades del instituto convocaron a las familias de los jóvenes identificados hasta el momento como autores de los hechos a una reunión individual junto a sus hijos.