El femicidio es la manifestación más extrema de la violencia de género. En 2022, una mujer fue asesinada en Argentina cada 39 horas. Sin embargo, ser migrante supone un riesgo aún mayor. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 36% de las víctimas de femicidio entre 2015 y 2022 fueron extranjeras, a pesar de que la población nacida en otro país que vive en la Ciudad es de 24,5%.
En muchos casos, atravesar una situación de violencia de género es uno de los factores que empuja a las mujeres a migrar o a huir para buscar protección. También es un fenómeno que padecen durante el tránsito y en el lugar de destino, lo que puede forzarlas a moverse nuevamente, generándose ciclos de revictimización.
La Comisión Nacional para los Refugiados (Co.Na.Re.), creada mediante la Ley 26.165, ha reconocido en su accionar el vínculo entre la violencia de género y el derecho a solicitar asilo, brindando protección internacional efectiva a muchas de las más de cinco mil mujeres y niñas refugiadas y solicitantes de tal condición que viven en el país, según datos oficiales.
Asimismo, el 24% de las denuncias por violencia doméstica de 2022 recibidas por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron realizadas por personas migrantes. Dado que las migrantes representan el 6,7% de las mujeres que habitan en Argentina, están claramente sobrerrepresentadas entre las víctimas de violencia de género.
La condición de migrante y refugiada sobreexpone y refuerza la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia de género por varios motivos. En primer lugar, en comparación con las nacionales, las víctimas migrantes de femicidio tendían a contar con menor nivel educativo y trabajaban en puestos de menor calificación. En segundo lugar, suelen tener menos redes familiares y sociales de solidaridad y contención ante una situación de violencia, en especial quienes poseen poca antigüedad en el país. En tercer lugar, se enfrentan a mayores dificultades para acceder a la justicia como consecuencia de la falta de documentación, la xenofobia, el desconocimiento del marco normativo, políticas públicas y servicios a los que pueden recurrir. Finalmente, el diseño de programas de prevención y atención a las violencias de género no incluye integralmente a las mujeres refugiadas y migrantes en su momento de mayor vulnerabilidad, al disponer de requisitos de residencia superiores a un año para asegurar la cobertura.
La situación requiere incrementar la inversión en las políticas de prevención y atención de la violencia de género contra las mujeres en general, y de las mujeres migrantes y refugiadas en particular.
En este sentido, la campaña Únete: 16 días de activismo contra la violencia de género insta al Estado, la sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicación a incrementar los fondos disponibles para erradicar la violencia de género contra las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. En ese marco, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ONU Mujeres defienden y promueven el derecho de las mujeres migrantes y refugiadas a vivir una vida libre de violencia.
La mayor inversión en la atención de este problema puede mejorar las capacidades del sistema de prevención y protección frente a la violencia de género con una perspectiva sensible a la movilidad humana. Esto implica avanzar en la transversalización del enfoque de movilidad humana en el abordaje de la violencia de género; fortalecer las capacidades operativas del sistema judicial y administrativo; diseñar e implementar campañas de difusión de derechos, información y recursos en espacios y medios frecuentados por población en movilidad; formar al funcionariado a fin de mejorar el acceso a la justicia; implementar capacitaciones para las personas que asisten a víctimas de violencia en materia de migraciones, protección internacional e interculturalidad; y garantizar la trazabilidad de denuncias hechas por personas que no poseen DNI argentino.
Erradicar la violencia de género es una prioridad para el goce efectivo de los derechos humanos de todas las mujeres, considerando interseccionalmente las necesidades específicas de migrantes y refugiadas. La inversión suficiente y de calidad es una condición imprescindible para lograrlo.
*Karmen Sakhr, representante regional de ACNUR para el Sur de América Latina; Gabriela Fernández, jefa de Oficina de la Organización Internacional Para Las Migraciones (OIM) Argentina, y Magdalena Furtado, oficial a cargo a.i. de ONU Mujeres Argentina.