Casi 40 millones de pesos y 18.300 dólares fueron secuestrados en los allanamientos que se realizaron en el marco de la detención de un dirigente sindical de la Uocra y del jefe de la barrabrava del Club Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, informaron fuentes judiciales.
Precisamente, el abogado de “Pillín” Bracamonte rechazó el supuesto origen ilícito del dinero y dijo que se trata de fondos provenientes de empresas porque su cliente “está dedicado a actividades absolutamente lícitas”.
Los domicilios de Bracamonte en un country de la localidad de Ibarlucea, cercana a Rosario, y el del secretario general de la Uocra local, Carlos Vergara, fueron allanados este miércoles junto a otras ocho direcciones de personas ligadas al gremio en el Gran Rosario.
La orden la dio el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Miguel Moreno, quien investiga una presunta asociación ilícita fundada en posibles extorsiones, relacionadas con la provisión de viandas a empleados de la construcción.
De acuerdo al detalle policial difundido, como resultado de las 10 requisas, se secuestraron 39.190.450 pesos y 18.300 dólares, como así también tres armas de fuego, vehículos y cartelería del sindicato de la construcción.
Por los allanamientos, además de Bracamonte y Vergara, se realizaron otras 8 detenciones, y los arrestados irán a audiencia imputativa la semana próxima, informaron fuentes judiciales.
Del dinero en efectivo, seis millones fueron secuestrados en la vivienda de Bracamonte, capo de la barrabrava de Rosario Central desde hace dos décadas.
El mismo fiscal, Moreno, imputó en 2020 a “Pillín” por presunto lavado de activos a través de sociedades y testaferros.
El abogado defensor del barra, Carlos Varela, recordó que “el fiscal tiene desde hace tres años una serie de manifestaciones juradas y pericias contables donde se determinó el origen de los fondos de las empresas de Andrés”.
Según el letrado, “esos análisis económicos, hechos por licenciados en economía y contadores, homologados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, han sido admitidos dentro de la investigación penal”, que inició Moreno en 2020.
“Andrés ya es un hombre grande, que tiene familia”, dijo Varela en declaraciones a la radio rosarina “La Ocho”, para agregar que “está dedicado a actividades absolutamente lícitas y no ha desplegado ninguna conducta delictual”.
En defensa de su cliente, sostuvo que “si algún problema tuvo tiempo atrás, donde se le pudo atribuir algún delito, el hombre ha corregido su pasado”.
Por último, señaló que “tenemos esperanza que en la audiencia imputativa los jueces le otorguen la libertad y echen luz sobre toda esta situación”.
El fiscal Moreno investiga una serie de presuntas extorsiones que tienen como eje el servicio de viandas que utilizan los obreros de la Uocra en las construcciones, cuyas sedes en San Lorenzo y Santa Fe fueron baleadas en los últimos meses, explicaron voceros judiciales.
La pesquisa también se basa en la denuncia de un dirigente del gremio de la construcción que denunció haber recibido amenazas para que dejara su cargo, ampliaron los informantes.
Uno de los procedimientos realizados en la causa original, en 2020, se desarrolló en la vivienda de Martín “Pitito” Martínez, el número dos de la barra brava “canalla”, quien quedó arrestado por el hallazgo de una pistola calibre .380, municiones, ropa del club, sacas para transporte de caudales vacías y un buzo y 40 pecheras de la Uocra, un hallazgo que llamó la atención de los investigadores.
Los nombres de Bracamonte y Vergara fueron anudados, además, en la declaración que Cristian Nicolás Avalle, alias “Pupito”, realizó en octubre pasado al ser imputado como jefe de una banda acusada de balaceras a entidades gremiales.
Avalle está detenido en la cárcel federal de la localidad bonaerense de Ezeiza e imputado por otros casos de balaceras, a la vez que enfrenta una causa por narcotráfico junto al jefe de “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero, para quien se supone que opera una célula en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez.
En aquella declaración, “Pupito” pidió que lo llamaran a prestar testimonio a Bracamonte y a Vergara, y de las escuchas del caso surgió que Avalle buscaba por métodos violentos quedarse con el negocio de la provisión de viandas a trabajadores de la Uocra.