Mujeres jóvenes y diversidades sexuales son las principales víctimas de la violencia digital de género, según muestran los resultados de un estudio exploratorio realizado por la Defensoría del Pueblo de CABA. Puntualmente, mientras que –en general– alrededor de un 30 por ciento de las personas encuestadas expresó haberse visto afectada por alguna de las formas que adquiere la violencia digital durante el último año, ese porcentaje se duplica –casi 62 por ciento– entre las mujeres de entre 14 y 25 años y llega al 52,5 por ciento entre las personas LGBT+. La recepción de material con contenido sexual sin haberlo pedido y haber sufrido burlas o descalificaciones a través de medios digitales por su género, orientación sexual o cuerpo, son las situaciones más frecuentes reportadas. Cuando se logró identificar el género de la persona agresora, en la mayoría de los casos resultó ser un varón.
El relevamiento, llevado adelante en conjunto con la Iniciativa Spotlight, ONU Mujeres, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Área de Salud y Población del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, advierte que se trata de un tipo de violencia que “se tiende a naturalizar” por “el anonimato propio del funcionamiento de las redes sociales y la baja inclinación de las víctimas a realizar acciones en instancias formales o hacer público lo que les está pasando”.
“Los resultados de la encuesta confirman algunas intuiciones: la violencia de género digital afecta más a las mujeres jóvenes y las disidencias sexuales.”, señaló a Página 12 la titular de la Defensoría del Pueblo, María Rosa Muiños.
Esto se corroboró en el análisis de las situaciones registradas con mayor frecuencia donde:
- la
recepción de material con contenido sexual sin haberlo pedido le sucedió
al 25% de las personas encuestadas, y a 4 de cada 10 mujeres de entre 14 y
39 años;
- haber
sufrido burlas o descalificaciones a través de medios digitales por su
género, orientación sexual o cuerpo, le ocurrió al 10% de la población
(tanto mujeres como varones) y a una de cada 5 mujeres de entre 14 y 39
años. - haber
padecido insistencias o presiones para revelar las contraseñas propias,
tuvo lugar en alrededor del 8% de los varones y mujeres en general, y en
particular afectó a 1 de cada 10 mujeres menores de 39 años.
Los resultados del estudio dan cuenta de que ninguna de las redes sociales parece tener una característica o rasgo particular que las diferencie en cuanto a la incidencia de este tipo de situaciones. Más bien, –señala el informe– la exposición “pareciera estar dada por su simple utilización y las posibilidades que brinda el anonimato”. De hecho, una porción importante de las personas afectadas expresó desconocer a quien cometió la agresión.
No obstante, en los casos donde se pudo identificar el género de la persona responsable de la violencia, el 43 por ciento de las mujeres y el 31 por ciento de los varones, señalaron a un varón. Tanto entre las mujeres como entre las personas LGBT+, esta opción ocupó el primer lugar. El supuesto de las mujeres agresoras no superó el 13 por ciento en ninguno de los sectores analizados.
La Defensoría del Pueblo de CABA impulsó la realización del estudio como parte del compromiso asumido en el marco del 8 de marzo último para coordinar acciones para lograr un ambiente digital libre de violencia por razones de género y “frente a la insuficiencia de los datos oficiales y la escasez de las investigaciones disponibles, más allá de los valiosos aportes teóricos de distintas organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas”, indicó Muiños.
“Se necesita la implementación de políticas de sensibilización, la promoción de nuevas masculinidades, el fortalecimiento de los canales de denuncias, el diálogo con las plataformas para mejorar sus herramientas de seguridad, y la generación de dispositivos que prioricen la atención de mujeres jóvenes y personas LGBT+”, consideró la defensora del Pueblo porteña.
En cuanto a las reacciones de las personas vulneradas, la mayoría dijo que no lo hizo público ni lo compartió con alguien de confianza o lo trató en privado con quien cometió la agresión. “En general, ocurre que esas personas modifican sus hábitos de participación en las redes; especialmente eliminando o bloqueando contactos y adoptando mayores medidas de seguridad”, apunta el estudio. Solo un 36 por ciento de las personas afectadas reportó la situación ante la plataforma donde había ocurrido y menos de un 10 por ciento acudió a alguna instancia formal.
En la ciudad de Buenos Aires, algunas formas de violencia digital por razones de género constituyen una contravención. En el Código Penal, todavía no está tipificado como delito. Este año, el Senado aprobó la llamada Ley Olimpia, que incorporó la violencia contra mujeres en entornos digitales a la Ley 26.485 como otra forma de violencia machista. Y estableció una serie de medidas cautelares de protección que puede dictar la justicia, entre ellas, ordenar a las plataformas digitales la eliminación de los contenidos que generan la violencia y además establece la creación de un programa de alfabetización digital y buenas prácticas en el uso de las TICs para las mujeres
“La violencia de género digital constituye una manifestación de la posición de subordinación históricamente asignada a las mujeres y diversidades, asociada a prácticas en su contra cometidas, facilitadas, instigadas o agravadas por el uso de tecnologías.”, recordó Muiños. Y advirtió que “las consecuencias de la violencia de género digital se expresan en daños psicológicos y emocionales, el refuerzo de estereotipos discriminatorios, la afectación de la imagen pública y la autonomía personal”. También, indicó, “ocasiona perjuicios económicos y laborales, limita el debate democrático y puede traducirse en agresiones físicas y/o sexuales”
–¿Qué se puede hacer hoy frente a una agresión por razones de género a través de alguna red social? –le preguntó este diario a la abogada especializada en Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo, María Julia Giorgelli.
—Por un lado, en las propias plataformas suelen estar disponibles las opciones para “bloquear” y “reportar” tanto cuentas como contenido. También hay herramientas nuevas como las que pueden verse en el sitio https://stopncii.org/ que buscan evitar que imágenes o videos íntimos se propaguen sin consentimiento. Con la puesta en marcha de la Ley Olimpia es posible acudir a sede judicial para solicitar la prohibición de contacto del presunto agresor y también la baja de contenidos. Por otro lado, si los hechos ocurren en la Ciudad, es posible denunciar en sede contravencional la suplantación de identidad digital, el acoso virtual y la difusión no consentida de material íntimo. Finalmente, en la Defensoría del Pueblo evacuamos consultas vía Whatsapp +54 9 11 7128-8301.
¿Cómo se hizo el estudio?
—Se llevó adelante en base a los resultados de una encuesta autoadministrada. Dada su orientación específica al mundo digital, las redes sociales Facebook, Instagram, Twiter (X) y TikTok se establecieron como espacios para captar/invitar a responder la encuesta. Entre el 13 de septiembre y el 23 de octubre de 2023, se recibieron un total de 1.711 formularios. Pero finalmente se trabajó sobre los 1.119 que fueron completados en su totalidad. La mayoría de las personas que respondieron fueron mujeres. En cuanto al nivel socioeconómico con el que se auto-perciben las personas encuestadas, los niveles medio y medio bajo reunieron sumados alrededor del 80 por ciento. En sintonía, el 60 por ciento manifestó tener estudios terciarios o universitarios completos.